El Gobierno ha optado por aplazar, en lugar de asumir presupuestariamente, una parte de la subida del gas natural correspondiente al próximo invierno. Así se desprende del Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, que prorroga y modifica las medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y que entró en vigor, con carácter general, este 1 de octubre.
La norma contiene rebajas fiscales, subvenciones al transporte, ayudas al sector agrario y pesquero y medidas de seguridad energética. Sin embargo, su intervención más singular desde el punto de vista jurídico es la aplicada a la Tarifa de Último Recurso de gas natural. Presentada como una protección para los consumidores, la medida no constituye propiamente una subvención pública: los usuarios pagarán más adelante, con intereses, la parte del coste del gas que no se incorpora ahora a sus recibos.
La TUR se revisa cada trimestre conforme a la Orden ITC/1660/2009. En su cálculo se suman el coste de la materia prima —el denominado término Cn—, los peajes de acceso, los costes de comercialización y las partidas relativas a la seguridad de suministro. La tensión en los mercados internacionales habría hecho pasar el término Cn desde los 2,65 céntimos por kilovatio hora aplicados en julio hasta 5,63 céntimos en octubre. El resultado habría sido una subida de la tarifa superior al 45% justo al comienzo de la temporada de calefacción.
Para evitar ese salto, el artículo 1 del decreto limita el aumento del término Cn en la revisión de octubre al 35% respecto del aplicado en julio. En la revisión de enero de 2027, el incremento no podrá superar el 15% del Cn vigente desde octubre. La combinación de ese límite con los restantes componentes de la tarifa deja la subida inmediata del recibo en torno al 15%, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
"Deuda media unitaria acumulada"
La resolución tarifaria publicada este 1 de octubre fija el coste de la materia prima reconocido en 3,574741 céntimos por kWh, frente a los 5,626153 céntimos que habría arrojado la metodología ordinaria. La diferencia, 2,051412 céntimos por kWh, pasa a constituir desde el primer día una “deuda media unitaria acumulada”.
Ahí se encuentra la letra pequeña de la protección. Las comercializadoras de último recurso seguirán soportando el coste real del gas, pero recuperarán la diferencia en las revisiones posteriores de la tarifa a partir de enero de 2027. La recuperación no está sometida a una fecha final: continuará “hasta su completa amortización” e incluirá una retribución financiera calculada conforme al coste de la deuda reconocido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para las actividades gasistas. Las estimaciones publicadas sitúan ese interés alrededor del 3,22% y calculan que el déficit podría aproximarse a 200 millones de euros, aunque la cuantía definitiva dependerá del consumo, del precio del gas y de la duración del mecanismo.
No se atribuye a cada cliente una ayuda individual procedente del presupuesto público, sino que se crea una deuda colectiva de la tarifa regulada frente a las comercializadoras. Los consumidores acogidos a la TUR la irán pagando mediante un término Cn artificialmente elevado en las revisiones futuras.
La norma es especialmente contundente sobre esta cuestión. Mientras quede cualquier cantidad pendiente, el procedimiento no podrá darse por concluido hasta que todas las comercializadoras de último recurso hayan recuperado el principal y el coste financiero. Además, el artículo 1.4 prohíbe reducir el término Cn reconocido en la TUR mientras subsista la deuda. Tampoco se aplicará el umbral ordinario que condicionaba la revisión a que el coste de la materia prima variase más de un 2%.
Si el gas baja no se trasladará al recibo
Esto significa que, si las cotizaciones internacionales bajan durante 2027, esa reducción no se trasladará íntegramente al componente energético del recibo. El término Cn permanecerá retenido en el nivel necesario para devolver el déficit acumulado. El consumidor evita ahora una subida abrupta, pero renuncia temporalmente a beneficiarse de futuras bajadas hasta que se haya restablecido el equilibrio económico de la tarifa.
El sistema produce también transferencias entre consumidores de distintos momentos. Quien se encuentre en la TUR durante la fase de recuperación contribuirá al pago del déficit aunque no hubiera permanecido durante todo el periodo en el que se generó. Por el contrario, un cliente podría intentar disfrutar del precio contenido durante el invierno y marcharse al mercado libre cuando las ofertas comerciales volvieran a ser más atractivas. Para cerrar esa posibilidad, el decreto introduce un peaje de salida.
El artículo 1.6 dispone que el consumidor que abandone la TUR antes de la completa recuperación deberá abonar a su comercializadora de último recurso “el último valor de deuda media correspondiente a su escalón de peaje”. La norma no denomina sanción a este pago y, técnicamente, no lo es: se configura como la liquidación anticipada de una deuda tarifaria. Sin embargo, para el cliente funciona materialmente como una penalización económica asociada al cambio al mercado libre.
Un primer cálculo
La resolución de octubre concreta el primer cálculo. Si el consumidor abandona la TUR antes del 1 de enero de 2027, deberá multiplicarse la deuda media de 2,051412 céntimos por kWh por toda la energía que se le haya facturado desde el 1 de octubre —o desde su incorporación posterior a la TUR— hasta la fecha del cambio. A esa cantidad se añadirá el coste financiero, calculado por días cuando la permanencia haya superado los 60 días, y los impuestos correspondientes.
Así, un hogar que consumiera 2.000 kWh durante ese periodo y decidiera pasar al mercado libre tendría que abonar aproximadamente 41 euros de principal, más los intereses y los impuestos aplicables. La cifra será mayor para hogares con calefacción de gas y consumos elevados, así como para comunidades de propietarios con calderas colectivas.
La deuda no impide jurídicamente cambiar de comercializador, pero encarece la salida. Además, el decreto remite el impago de esa cantidad al artículo 57 del Real Decreto 1434/2002, que regula el requerimiento de pago y la posible suspensión del suministro por impago. La remisión puede suscitar dificultades prácticas cuando el cambio de comercializadora ya se haya producido, pues el precepto de 2002 fue concebido para deudas ordinarias con el suministrador que todavía presta el servicio.
Derecho europeo
El mecanismo plantea también una cuestión de Derecho europeo. El artículo 12 de la Directiva (UE) 2024/1788 sobre los mercados interiores del gas, cuyo plazo de transposición terminó el pasado 5 de agosto, reconoce el derecho a cambiar de suministrador y establece que los hogares, microempresas y pequeñas empresas no deben pagar tasas relacionadas con el cambio. La excepción se refiere básicamente a penalizaciones proporcionadas por la resolución anticipada de contratos voluntarios de duración y precio fijos.
El Gobierno previsiblemente defenderá que el cobro previsto en el decreto no es una tasa de cambio ni una cláusula de permanencia, sino la devolución de una parte del gas ya consumido y todavía no pagado. No obstante, la configuración obligatoria del mecanismo, su cálculo mediante una deuda media y su vinculación directa con la salida de la TUR podrían abrir un debate sobre su proporcionalidad y compatibilidad con el derecho europeo. Jurídicamente, la controversia dependerá menos del nombre dado al cobro que de su verdadera naturaleza y efectos sobre la libertad de elección del consumidor.
La TUR está disponible para consumidores individuales conectados a menos de cuatro bares y con consumos anuales inferiores a 50.000 kWh, además de comunidades de propietarios, edificios residenciales públicos o pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro y determinadas empresas de servicios energéticos. Según el decreto, están acogidos unos 3,1 millones de consumidores, el 39,5% del mercado, mientras cerca de 4,8 millones permanecen en tarifas libres.
Bombona de butano
La norma incluye otras medidas energéticas. El precio máximo de la bombona de butano queda limitado a 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027. También se refuerzan temporalmente las obligaciones de almacenamiento de gas natural licuado entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 y se habilita al gestor técnico del sistema para declarar situaciones de operación excepcional si detecta riesgos de suministro.
En materia fiscal, se prolonga la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos. Respecto de los tipos anteriores a la crisis, la reducción será de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre. La retirada podrá ralentizarse si el IPC interanual de la gasolina o del gasóleo supera el 15%. Para el IVA de la electricidad, el gas natural y la biomasa y para el Impuesto Especial sobre la Electricidad se introduce una salvaguarda que permitiría recuperar en noviembre y diciembre los tipos reducidos si se produce un nuevo repunte inflacionista, pero la reducción no se aplica automáticamente desde octubre.
Los productores agrarios mantendrán hasta final de año una ayuda equivalente al 70% de la diferencia entre el precio semanal del gasóleo agrícola y el existente antes del conflicto, con un máximo de 20 céntimos por litro. Para financiarla se habilita un suplemento de crédito inicial de 52 millones de euros, ampliable. También se prorrogan las compensaciones a los armadores de buques pesqueros.
En el transporte profesional por carretera se mantiene una ayuda de cinco céntimos por litro de gasóleo en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre, importes que se ajustarán si se activan las salvaguardas fiscales. Los transportistas que no pueden beneficiarse de la devolución por gasóleo profesional recibirán ayudas directas por vehículo, desde 120 euros para determinados taxis o vehículos de alquiler con conductor hasta 1.800 euros para camiones pesados. Las empresas ferroviarias de mercancías podrán obtener 15.000 euros por locomotora diésel, con una dotación total de tres millones, y el transporte marítimo contará con 37 millones.
Fondo para la Internacionalización de la Empresa
El decreto flexibiliza además las garantías admisibles por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa y eleva de 350 a 500 millones el límite anual de operaciones del Fondo para Inversiones en el Exterior. Las empresas que reciban ayudas directas no podrán efectuar hasta el 31 de diciembre despidos por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas derivadas de la crisis. El incumplimiento obligará a reintegrar la ayuda y determinará, según el texto, la nulidad del despido. También deberán devolver las subvenciones las empresas obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible que incumplan esa exigencia.
El real decreto-ley deberá someterse a convalidación del Congreso dentro de los 30 días previstos en el artículo 86.2 de la Constitución. Mientras tanto, sus medidas están plenamente vigentes: el límite de la TUR produce efectos desde el 30 de septiembre y el resto de la norma desde el 1 de octubre.
El escudo energético contiene, por tanto, ayudas públicas reales para algunos sectores, pero el tope aplicado al gas doméstico responde a otra lógica. No abarata definitivamente la energía ni traslada su coste a los Presupuestos. Suaviza la subida durante el invierno, convierte la diferencia en deuda con intereses, impide que el término energético baje mientras esa deuda permanezca viva y exige saldarla a quien pretenda abandonar la tarifa regulada. Más que una ayuda, es un aplazamiento obligatorio de la factura.
