Noticias de Derecho y Seguridad Jurídica

La Audiencia Nacional trata de determinar si los hechos respondieron a una operación concertada y quién pudo organizarla. Las posibles responsabilidades abarcan desde el favorecimiento de la inmigración irregular hasta los delitos contra la independencia del Estado, pero la imputación de funcionarios o ministros exigiría probar su intervención, conocimiento y voluntad de incumplir sus obligaciones.

La Constitución no atribuye a un único órgano la facultad de confeccionar la agenda del jefe del Estado, sino que establece un sistema de concurrencia en el que la Casa del Rey prepara sus actividades bajo la dependencia del monarca y el Gobierno asume mediante el refrendo la responsabilidad de aquellas que poseen carácter institucional, de modo que Felipe VI podría desplazarse privadamente a Ceuta sin una autorización gubernamental en sentido estricto, pero no convertir por sí solo ese desplazamiento en una visita oficial, mientras que el Ejecutivo puede proponerle la asistencia a un acto, aunque carece de potestad jurídica para obligarlo físicamente a viajar.

El presidente del Tribunal Constitucional ha situado antes de que concluya 2026 la posible resolución del recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la Ley Orgánica 1/2024 por el delito de malversación. El calendario comenzará el 22 de septiembre con el recurso de Jordi Turull, cuya resolución permitirá al órgano de garantías fijar una primera doctrina sobre los límites constitucionales de la interpretación con la que la Sala Segunda ha entendido que los responsables del procés obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial y quedaron, por ello, fuera del ámbito de la amnistía.

El número de ciudadanos que recurren al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública aumentó un 40,2% durante 2025, sin que ese crecimiento viniera acompañado de un incremento de los medios personales o presupuestarios del organismo. Así lo recoge la memoria anual publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado, que muestra una presión creciente sobre la autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de transparencia.

Bruselas presentó en marzo el Reglamento de la EU Inc que permitirá constituir una empresa europea en 48 horas, por menos de 100 euros y sin capital mínimo, aunque también sin garantías de verificación de identidad genuina, comprobación de capacidad o asesoramiento legal sustantivo. Estas omisiones constituyen una brecha en el control preventivo y una vía expedita para el blanqueo de capitales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estableció, en sentencia de 29 de junio de 2026, que el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla solo se aplica a quien salta una barrera física. Quien llega nadando debe recibir un procedimiento de devolución, con abogado e intérprete.

El Real Decreto 416/2026 amplía las posibilidades de regresar al mercado laboral después de haberse jubilado, incorpora por primera vez determinadas actividades por cuenta propia y establece incentivos para quienes vuelvan a trabajar al menos seis meses después de causar la pensión. La reforma se aplica desde este viernes, aunque los expedientes iniciados anteriormente continuarán sometidos a la normativa anterior.

La Sala de lo Civil y Penal considera «absolutamente legítimo» que los letrados utilicen herramientas de inteligencia artificial para preparar sus escritos, pero recuerda que el abogado asume personalmente todo su contenido y alerta de recursos excesivamente largos en los que la corrección formal puede ocultar una argumentación jurídica deficiente.

El Consejo General del Poder Judicial publicó este 25 de agosto de 2026 una Guía de buenas prácticas para la organización de los Tribunales de Instancia. La Guía es el primer estándar de gestión común para unos tribunales que seguían organizándose de forma desigual según el territorio.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un hombre que agredió a su expareja y a su hija, después de que este alegara ante el alto tribunal que ya era, legalmente, mujer. La Sala de lo Penal zanja que el cambio de sexo no borra hechos juzgados cuando su autor era varón a todos los efectos legales.

La Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Registros Públicos (UdR) documenta ante el Ministerio de Justicia cómo se ha triplicado el precio del arancel para trámites en el Registro de la Propiedad, cuando un tribunal ya ha declarado ese sobreprecio sin respaldo legal.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama al Gobierno que deniegue el asilo a quienes entraron el 30 de julio y pide que sean devueltos de inmediato a Marruecos. ¿Qué margen tiene realmente el Estado para hacerlo?