Noticias de Derecho y Seguridad Jurídica

Los datos del Consejo General del Notariado dibujan un mercado residencial menos expansivo que el reflejado esta semana por el INE. Frente al aumento del 9% en las hipotecas sobre vivienda inscritas en los registros de la propiedad, la estadística notarial apunta a que los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda solo crecieron un 0,3% en marzo y que las compraventas descendieron un 4,7%. El Notariado mide operaciones formalizadas ante notario en el momento de la compraventa y la financiación, mientras que el INE trabaja con hipotecas inscritas posteriormente en los registros, un indicador sujeto a desfases temporales que puede amplificar o retrasar la percepción real del mercado.

El mercado hipotecario español cerró marzo con 46.661 hipotecas constituidas sobre viviendas, un 9% más que en el mismo mes de 2025, según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. El importe medio del préstamo alcanzó los 174.132 euros, un 10,1% más, mientras el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se situó en el 2,84%. La mejora de las condiciones financieras reactiva la compraventa financiada, pero también refuerza las tensiones jurídicas y patrimoniales de un mercado marcado por el encarecimiento de la vivienda, la escasez de oferta y la creciente importancia del asesoramiento previo en la contratación hipotecaria.

La integridad de un sistema financiero no se mide por la cantidad de datos que acumula, sino por la calidad y veracidad de estos. En la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la diferencia entre una información "verificada" y una "declarada" es la diferencia entre la justicia y la impunidad. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (ALOIP), bajo una pátina de modernización registral, propone desmantelar uno de los pilares de la seguridad jurídica preventiva en España para sustituirlo por un modelo de fe ciega en la autodeclaración del administrado.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha presentado un escrito ante el Colegio de Registradores de España y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para que se reintegren a los propietarios las cantidades abonadas por la expedición del número de registro único de arrendamientos. La reclamación llega después de que el Tribunal Supremo haya anulado parcialmente el Real Decreto 1312/2024 al considerar que el Estado carecía de competencia para imponer ese procedimiento registral, aunque mantiene la Ventanilla Única Digital y las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima el conflicto colectivo promovido por los sindicatos frente a la patronal CEX y rechaza que las empresas puedan absorber los festivos estatales, autonómicos o locales cuando caen en sábado y coinciden con la libranza semanal de la plantilla. La sentencia reconoce el derecho a un día adicional de descanso, a disfrutar en un plazo máximo de dos semanas, y refuerza la distinción entre descanso semanal y día festivo como derechos laborales con finalidad distinta.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoce legitimación a quienes mantengan una “vinculación particularmente estrecha” con el solicitante de la prestación de ayuda para morir, aunque no sean titulares del derecho afectado. La decisión, adoptada al rechazar el recurso de la Generalitat contra una sentencia del TSJ de Cataluña, no revisa el fondo clínico del caso, pero fija una doctrina de gran impacto sobre interés legítimo, autonomía personal y control judicial de las resoluciones de las comisiones de garantía.

Toda reforma legislativa de calado debe nacer de una necesidad real, de una fractura en el sistema que exija una sutura normativa urgente. Cuando el legislador redacta el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (ALOIP), cimenta toda su arquitectura de intervención sobre una premisa dramática: la supuesta "opacidad" estructural de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) en España. Según el texto gubernamental, existe un agujero negro en el conocimiento de la titularidad dominical que facilita el blanqueo de capitales y oculta a los verdaderos dueños del tejido empresarial. Sin embargo, un análisis riguroso de la realidad jurídica y tecnológica de nuestro país revela que la opacidad societaria en España es un mito. La información no solo existe, sino que es exhaustiva, parametrizada y está a plena disposición del Estado.

La Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reúne 22 países de América, ha aprobado por unanimidad un informe en el que señala su “profunda preocupación” ante "las previsiones contenidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, especialmente aquellas relativas al régimen regulatorio de las sociedades de responsabilidad limitada", a "la transmisión de participaciones sociales y a la atribución de efectos constitutivos a su inscripción registral”. La UINL “insta, respetuosamente, al Gobierno de España a reforzar los instrumentos de seguridad jurídica de los que actualmente dispone y que son de reconocimiento internacional”.

La causa abierta en la Audiencia Nacional sitúa el debate jurídico en torno a cuatro tipos del Código Penal: el tráfico de influencias de los artículos 428 a 430, la organización criminal del artículo 570 bis, el blanqueo de capitales del artículo 301 y la falsedad documental de los artículos 390 y 392. La clave probatoria no estará en la existencia de contactos, pagos o contratos, sino en determinar si esas relaciones tuvieron relevancia penal, es decir si hubo prevalimiento ante autoridades, estructura estable y coordinada, fondos de origen delictivo y documentos simulados con eficacia jurídica.

La Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, juzga este miércoles una de las piezas del caso Topillo por vertidos ilegales de salmuera y nitratos procedentes de desaladoras clandestinas. El procedimiento pone a prueba, por primera vez en un proceso penal de esta naturaleza, la personalidad jurídica reconocida al Mar Menor por la Ley 19/2022 y avalada por el Tribunal Constitucional.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid y paraliza la resolución del Gobierno que declaraba la antigua Dirección General de Seguridad franquista como espacio memorial. El auto aprecia una posible afectación a la imagen institucional de la actual sede de la Presidencia autonómica, aunque cuenta con voto particular discrepante y no prejuzga el fondo del litigio.

En la arquitectura de un Estado de Derecho, la legitimidad de una norma no emana únicamente de la autoridad que la promulga, sino de la estricta observancia de las reglas que rigen su propia creación. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (ALOIP) se presenta como una pretendida panacea contra la opacidad societaria, prometiendo reformar el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital para instaurar un nuevo régimen registral. Sin embargo, antes siquiera de analizar el desastre operativo que supondría su aplicación, el texto tropieza fatalmente en un obstáculo infranqueable: su legalidad de origen. Un análisis técnico exhaustivo revela que el ALOIP nace herido de muerte al vulnerar frontalmente los principios de buena regulación consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y blindados por la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.