El concepto de "España vaciada" suele centrarse en la demografía, pero existe una dimensión patrimonial igualmente desoladora que afecta a los llamados Montes de Socios. Estas tierras, que ocupan más de un millón y medio de hectáreas en el territorio nacional, son el legado de vecinos que, hace más de un siglo, unieron sus ahorros para comprar montes al Estado y evitar que cayeran en manos de grandes latifundistas. Hoy, ese acto de resistencia comunitaria se enfrenta a un laberinto administrativo que pone en riesgo su propia existencia.
La naturaleza jurídica de estos montes es, por definición, proindivisa: pertenece a una colectividad donde las cuotas no siempre están claramente delimitadas. Con el paso de las décadas, la cadena de sucesiones se ha fragmentado hasta el punto de que, en muchos casos, es casi imposible identificar a todos los copropietarios. Esta "anonimización" de la propiedad ha servido de excusa para que la administración pública intervenga con una intensidad que muchos juristas califican como una nueva desamortización, esta vez de carácter burocrático.
El núcleo del conflicto reside en la Ley de Montes y sus sucesivas reformas. Si bien se introdujo la figura de las "Juntas Gestoras" para permitir que los socios identificados pudieran administrar el terreno, el destino de las participaciones de los "socios desconocidos" sigue siendo un punto de fricción. Existe el temor fundado de que, ante la imposibilidad de localizar a los herederos, el Estado o las comunidades autónomas terminen asumiendo la titularidad o, al menos, el usufructo total de los beneficios forestales y energéticos de estas tierras.
Esta situación no es solo un debate técnico-jurídico; es una cuestión de justicia histórica. Los Montes de Socios han sido, tradicionalmente, un modelo de sostenibilidad. Los propietarios locales tienen un incentivo directo para cuidar el monte, prevenir incendios y gestionar los recursos de forma equilibrada. Cuando la propiedad se aleja del territorio y pasa a manos de una administración centralizada y a menudo infrafinanciada, el monte corre el riesgo de caer en el abandono o de ser gestionado bajo criterios exclusivamente extractivos.
Para evitar una nueva pérdida de patrimonio rural, es fundamental simplificar los procesos de acreditación de la propiedad. La normativa debe ser lo suficientemente flexible para reconocer los derechos hereditarios sin exigir trámites notariales que, a menudo, cuestan más que el valor de la propia cuota del monte. Solo mediante el fortalecimiento de las Juntas Gestoras y el respeto escrupuloso a la propiedad privada colectiva se podrá garantizar que estos montes sigan siendo un motor de vida para los pueblos, y no una partida más en el inventario de bienes del Estado. La protección de los Montes de Socios es, en definitiva, la protección de la memoria y el futuro de nuestra ruralidad.
