El dinero público no es patrimonio de una abstracción llamada Administración. ¿A quién pertenece, entonces? Parece elemental y, aun así, una ministra del gobierno afirmó, en el año 2008, que “nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”.
Sucede que cuando el término “público” hace referencia a “todos”, el resultado es que “nadie” se siente aludido de manera personal. Sin embargo, ese es el dinero con el que se sostiene el colegio de nuestros hijos y nietos, el hospital al que acudimos cuando falta la salud, el transporte en el que viajamos a diario, las tuberías que transportan el agua que bebemos, las carreteras sobre las que conducimos, las vías (¡ay, las vías!) de los trenes en los que viajamos y un largo etcétera de otros servicios, cuya existencia y estándares de calidad apreciamos de verdad cuando fallan. Por eso, cuando alguien malversa ese dinero público no sólo está siendo desleal en su administración, sino que nos está perjudicando manifiestamente a todos o, incluso, poniendo en peligro nuestra integridad física.
Malversar es un verbo que significa apropiarse o destinar indebidamente fondos, bienes o caudales públicos a un uso ajeno a su función original o para el beneficio personal de quien los administra. Pero para poder cebar su patrimonio personal, el corrupto ha tenido que blanquear el capital robado a la administración, o que ha obtenido de un modo ilícito. Para detectar esos blanqueos es que existen el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) y el OCP (Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo), los dos ejes principales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España.
De un delito de malversación de fondos basado en un caso real, va el relato que ofrecemos al lector a continuación. Se han modificado los nombres de personas, sociedades y lugares, pero no los hechos narrados.
PRIMER TIEMPO
ENERO, 2020
Inés Marín Lledó, ciudadana española que no desarrolla actividad profesional ni empresarial conocida, comparece ante notario para otorgar una escritura de donación a favor de sus tres hijos menores de edad: Claudia, Mateo y Bruno. La cantidad donada asciende a 130.000 euros en efectivo. Inés declara que el dinero procede de ahorros familiares reunidos durante años, pero no aporta extractos bancarios, justificantes de retiradas de efectivo, herencias, ventas de bienes, indemnizaciones, premios ni ingresos compatibles con esa capacidad de ahorro.
Pocos días después, el dinero empieza a ingresar de forma fraccionada en cuentas abiertas a nombre de los menores y en otras, vinculadas al entorno familiar.
Indicadores de riesgo
- Utilización de efectivo en elevada cuantía.
- Falta de capacidad económica aparente de la donante.
- Ausencia de documentación que acredite el origen de los fondos.
- Utilización de menores como destinatarios formales del patrimonio.
MARZO, 2020
Se constituye PATRIMONIO DEL MIRADOR, S.L. con un capital social que asciende a los 90.000 euros. Los socios son los menores Claudia, Mateo y Bruno, representados por su madre, Inés Marín Lledó quien, además, conserva un 10 % de las participaciones y es nombrada administradora única. El objeto social de la nueva mercantil es la adquisición, tenencia y arrendamiento de bienes inmuebles.
Sobre el papel, todo parece sencillo. Una madre que organiza el patrimonio de sus hijos y crea una sociedad destinada a gestionar futuras inversiones. Una familia que piensa en el mañana. Sin embargo, en la realidad se ve un panorama diferente. La sociedad carece de empleados, de oficina visible, de página web, de proveedores habituales o de experiencia previa en el sector inmobiliario. Tampoco existe una actividad patrimonial anterior que justifique esa estructura, ni se identifica una razón económica clara para que tres menores posean, a través de su madre, una sociedad con un capital tan elevado.
Indicadores de riesgo
- Constitución de una sociedad patrimonial con capital relevante aportado por menores.
- Administradora única sin actividad económica conocida.
- Falta de estructura empresarial y de medios materiales.
- Incoherencia entre la edad de los socios y el volumen patrimonial gestionado.
ABRIL, 2020
Álvaro Ledesma Roldán, marido de Inés Marín Lledó, trabaja como responsable de contratación en el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC) de una ciudad mediana.
Su puesto no llama la atención. No aparece en ruedas de prensa ni inaugura edificios. Su función consiste, entre otras cosas, en supervisar y tramitar contratos menores: trabajos de mantenimiento, reparaciones urgentes, limpieza extraordinaria, asistencia informática y digitalización de documentos. Es una tarea discreta. Precisamente por eso, durante mucho tiempo, nadie la observa demasiado de cerca.
Los contratos menores suelen ser rápidos. Se utilizan para resolver necesidades urgentes, importes limitados o servicios que no pueden demorarse. En condiciones normales, son una herramienta útil para que una administración no quede paralizada ante una avería, una incidencia o una necesidad sobrevenida. En manos de Álvaro, sin embargo, empiezan a convertirse en otra cosa.
MAYO, 2020
Rosa trabaja desde hace doce años en un centro municipal de atención vecinal. Conoce cada pasillo del edificio, cada humedad que aparece en las paredes con las primeras lluvias e, incluso, puede predecir esos casi imperceptibles parpadeos de una luz por algún viejo desperfecto del interruptor.
Una mañana, Rosa recibe la visita de dos operarios que dicen venir a revisar la instalación eléctrica del archivo. Apenas llevan herramientas, no abren ningún cuadro eléctrico, y no hacen preguntas sobre la instalación, sobre el viejo desperfecto del interruptor, o sobre el leve parpadeo de la luz que seguirá exactamente igual después de que los hombres se marchen de allí, unos cuarenta minutos después de haber llegado. Antes de marcharse, eso sí, uno de ellos le pidió a Rosa que le firmara el parte de visita, y ella firmó. Con cierto recelo, pero firmó. Lo hizo porque tenía una cola de personas esperando, porque el papel que le extendía el operario llevaba el membrete de una empresa, y porque era incapaz de anticipar que, unos meses más tarde, esa firma se utilizaría para justificar una factura por “revisión integral y mejora de instalaciones eléctricas”, con un importe muchas, pero muchas veces superior al supuesto trabajo que habrían podido hacer allí esos dos hombres. También es cierto que aunque lo hubiera anticipado, lo que no hubiera podido imaginar Rosa es que ese papel era sólo un pequeño eslabón en una larga cadena de blanqueo de capitales.
DURANTE 2020
Desde el área de contratación del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios se autorizan pagos a varias empresas por supuestos servicios de mantenimiento, limpieza extraordinaria y digitalización de expedientes. Las facturas expedidas por esos servicios son distintas, pero sorprendentemente similares en muchos detalles. Tienen idéntico formato, conceptos similares, fechas próximas y descripciones genéricas.
Pero esas coincidencias no son lo único que llama la atención acerca de esos servicios contratados por el IMSC. Resulta todavía más llamativo el hecho de que algunas de las mercantiles adjudicatarias de esos servicios carezcan de personal suficiente, maquinaria, experiencia o recursos para realizar los trabajos facturados. Y si esto no fuera ya bastante escandaloso, resulta que aunque en apariencia se trata de sociedades independientes, en realidad varias de ellas están conectadas por administradores, apoderados, domicilios, familiares o personas próximas a Álvaro Ledesma.
Una investigación arrojaría que parte de los fondos públicos que reciben esas empresas se retira en efectivo pocos días después de los pagos, y otra parte se transfiere a cuentas de personas vinculadas al funcionario. Pero, por el momento, Álvaro está tranquilo. Según cree, las piezas del puzzle están bien separadas, nadie ha tenido la intención o la necesidad de unirlas, y el dinero ya se mueve en una ruta que lo aleja siempre de su origen.
SEGUNDO TIEMPO
NOVIEMBRE, 2021
PATRIMONIO DEL MIRADOR, S.L. adquiere el 65 % de INMUEBLES ALBARES, S.L., sociedad titular de dos pequeños locales comerciales y una vivienda. La parte vendedora es GESTIÓN URBANA DELTA, S.L. Su administrador, Darío Sanz Moya, había emitido facturas al Instituto Municipal de Servicios Comunitarios por supuestos servicios de consultoría que nunca llegaron a acreditarse. El precio declarado de la compraventa asciende a 210.000 euros. De esa cantidad, 80.000 euros se pagan mediante transferencia bancaria. Los 130.000 euros restantes se justifican mediante las aportaciones procedentes de la donación otorgada, meses atrás, a favor de los menores. El dinero, que había aparecido como un supuesto ahorro familiar, donado en efectivo y fragmentado en varias cuentas, se convierte ahora en participación societaria y en inmuebles. El efectivo empieza a contar una historia documental.
Indicadores de riesgo
- Adquisición de participaciones a una sociedad vinculada con proveedores públicos.
- Uso de fondos procedentes de donaciones en efectivo sin justificación económica suficiente.
- Conexión entre la parte vendedora y empresas adjudicatarias de contratos menores.
- Transformación de fondos de origen opaco en activos inmobiliarios.
MARZO, 2022
Inés va a visitar uno de los locales comerciales adquiridos por INMUEBLES ALBARES, S.L. Sus tres hijos la acompañan y, como es de esperar, se aburren durante el insulso paseo. Claudia, la mayor, se adelanta a sus hermanos y le pide el móvil a la madre. Mateo pregunta cuándo van a comer. Bruno da vueltas por el local vacío, fingiendo que es un campo de fútbol. Inés, habituada a ese rumoroso bullicio de sus hijos, los observa con ternura, y con un poco de ansiedad.
—Callaros ya y mirar. ¿Veis este local? Algún día seréis los dueños de esto, y de mucho más —les dice.
Para un hipotético espectador, la escena sería la de una madre que intenta asegurar el futuro de sus hijos. Un local, una vivienda alquilada, una sociedad familiar y ella que gestiona y administra el futuro patrimonio de sus retoños. Pero no es ese el tipo de historia que cuenta la escena. Sino una más sórdida, menos legítima e inocente.
—¿Y para qué queremos un local? Responde Claudia sin quitar la vista del móvil de su madre, y se encoge de hombros.
Inés sonríe con desgano. No puede explicarles que el local no es realmente un local. Que es apenas un eslabón en la cadena de enriquecimiento ilícito que está engarzando su padre. Ese local es sólo un sitio donde el dinero puede descansar con otra apariencia. Una forma de convertir una cifra sin pasado en un activo con escrituras, valoraciones, alquileres y balances.
Esa tarde, al volver a casa, su marido le pregunta qué tal la visita.
—Bien —contesta Inés—. Los niños, intranquilos, como siempre. No entienden nada, claro.
—Mejor —responde Álvaro—. Decía mi abuela que los niños no dicen mentira ni callan verdad —Ambos se miran, y en la angustiosa inseguridad de esa mirada cómplice, todo quedó dicho—. Mejor.
JULIO, 2022
INMUEBLES ALBARES, S.L. formaliza un préstamo mercantil de 75.000 euros con SERVICIOS PENINSULARES CÍVICOS, S.L., otra empresa que había resultado adjudicataria de varios contratos menores con el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios.
El préstamo se pacta a corto plazo, sin garantías reales y con un interés meramente simbólico. No consta una explicación económica convincente sobre la necesidad del préstamo ni sobre la capacidad financiera de la sociedad prestamista para concederlo.
Días después, INMUEBLES ALBARES, S.L. transfiere 68.000 euros a una cuenta situada fuera de España bajo el concepto “consultoría para expansión internacional”.
No existe contrato de expansión. No se identifica ningún informe. No hay empleados en el extranjero, oficinas, clientes, actividad comercial ni proyecto empresarial que justifique aquella salida de fondos. El dinero, que había pasado de contratos públicos a sociedades proveedoras, de allí a donaciones familiares y después a activos inmobiliarios, vuelve a desplazarse, y ahora cruza una frontera.
Indicadores de riesgo
- Préstamo sin garantías y sin lógica financiera.
- Vinculación entre prestamista y sociedades adjudicatarias de contratos públicos.
- Transferencia internacional sin causa económica acreditada.
- Ausencia de actividad exterior real.
ENERO, 2023
Álvaro lleva varios días inquieto. Ha empezado a percibir que algunas preguntas que le hacen en su trabajo son más concretas e incisivas de lo habitual. Una interventora ha pedido documentación adicional sobre varios contratos de digitalización. Un técnico ha señalado que ciertas facturas describen trabajos idénticos en edificios diferentes. Alguien quiere saber por qué una empresa sin empleados suficientes cobró por limpiezas que requerían varias cuadrillas. Tanta indagación no pinta nada bien, y es eso lo que lo tiene inquieto. Inés lo nota, y le pregunta.
—Es lo habitual. Siempre revisan algo de vez en cuando —Álvaro responde a las dudas de su mujer intentando restarle importancia al asunto, mientras ambos colocan los platos en el lavavajillas,.
—Pero tú lo tienes todo bien atado ¿no? —Inés lo mira como si intentara leer la respuesta en sus ojos. Él esquiva la mirada y tarda en responder.
—Todo está documentado.
La frase queda suspendida entre los dos. Una cosa es que existan documentos, y otra, que esos documentos se correspondan con la realidad.
MARZO, 2023
Inés Marín Lledó transmite el 40 % de sus participaciones en PATRIMONIO DEL MIRADOR, S.L. a Darío Sanz Moya, administrador de GESTIÓN URBANA DELTA, S.L. El precio declarado es de 12.000 euros, una cifra muy inferior al valor proporcional de los inmuebles y participaciones que ya controla la sociedad. Además, el pago no se produce de inmediato. Se pacta un aplazamiento de diez años, sin intereses y sin garantías.
Ese mismo día, Darío es nombrado apoderado de PATRIMONIO DEL MIRADOR, S.L., con facultades para abrir cuentas, contratar financiación, vender activos y realizar operaciones bancarias.
Sobre el papel, Darío adquiere una participación minoritaria a un precio bajo y obtiene amplios poderes para actuar en nombre de la sociedad. En la práctica, la operación permite que una persona conectada con varias sociedades proveedoras del organismo público entre formalmente en la estructura patrimonial familiar.
Indicadores de riesgo
- Venta de participaciones por un precio desproporcionadamente bajo.
- Pago aplazado durante diez años, sin interés ni garantía.
- Incorporación de una persona vinculada a empresas adjudicatarias.
- Otorgamiento de facultades amplias de administración y disposición.
SEPTIEMBRE, 2023
Rosa recibe una llamada. Alguien del área de control interno del Ayuntamiento le pregunta si recuerda unas obras de mejora de la instalación eléctrica realizadas tres años atrás. Rosa busca en su memoria, y recuerda a aquellos dos hombres que estuvieron apenas un rato. También recuerda el parte que firmó. Pero lo que no recuerda es que hicieran ninguna obra. Tampoco recuerda cables, herramientas, cortes de luz, reparaciones, presupuestos, ruido, ni técnicos entrando y saliendo por el edificio.
—Venir, vinieron, sí —dice a la persona que está al otro lado de la línea—. Pero no hicieron gran cosa.
—¿Está segura? —insiste su interlocutor.
Rosa mira a través del cristal de la ventana de su despacho. Afuera, la lluvia golpea el patio interior y en la pared sigue apareciendo la misma mancha de humedad. Lo mismo sucede con el leve parpadeo de la luz. Sigue exactamente igual, aunque Rosa apenas lo note, a fuerza de costumbre. Ella supone que la causa es un desperfecto en el interruptor, pero nadie lo ha comprobado nunca.
—Sí. Estoy segura —responde con convicción, y su respuesta será una de las muchas que permitirán demostrar que los servicios facturados al Instituto Municipal de Servicios Comunitarios no fueron prestados realmente.
ABRIL, 2024
PATRIMONIO DEL MIRADOR, S.L. adquiere el 30 % restante de INMUEBLES ALBARES, S.L. La operación se financia mediante nuevas aportaciones atribuidas a los socios menores de edad y un préstamo concedido por un tercero residente en el extranjero.
Una vez más, la estructura societaria aumenta su peso en el patrimonio inmobiliario, los fondos aparecen como una inversión familiar, y el origen del dinero queda sepultado bajo nuevas capas de documentos, participaciones, préstamos y escrituras.
Cada nueva operación oculta un viaje irregular del dinero, pero también va dejando un rastro.
Indicadores de riesgo
- Nuevas aportaciones patrimoniales atribuidas a menores.
- Financiación procedente de una persona residente en el extranjero.
- Incremento de activos sin capacidad económica familiar acreditada.
- Reiteración de operaciones patrimoniales sin explicación empresarial suficiente.
TIEMPO MUERTO
2025
La investigación del organismo público avanza lentamente. La sospecha de que las facturas son falsas o de que algunos servicios no se realizaron, es sólo el inicio. Luego es necesario reconstruir el camino que ha hecho el dinero, desde la salida de los fondos públicos, hasta su transformación en patrimonio familiar, participaciones societarias, préstamos y activos inmobiliarios.
Por eso, en el marco de la investigación, se solicita información al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, el OCP, a través de los cauces legalmente establecidos. Los analistas del OCP no dan nada por sentado. Para ellos, ningún documento aislado prueba por sí solo la existencia de un delito. Una donación podría ser legítima, lo mismo que una sociedad familiar, la compra de participaciones, un préstamo mercantil, o incluso una transferencia al extranjero. El problema surge cuando todos esos documentos aparecen conectados entre sí.
La Unidad de Análisis revisa en sus bases de datos interna los documentos notariales, y contrasta la información con otras fuentes disponibles. Las escrituras firmadas por Inés, las operaciones societarias, los apoderamientos concedidos a Darío, los movimientos de capital, las aportaciones de los menores y las compraventas de participaciones permiten reconstruir una secuencia.
Primero aparece una donación en efectivo de 130.000 euros realizada por una persona sin actividad económica conocida. Después, la constitución de una sociedad patrimonial con menores como socios. Más tarde, la adquisición de activos inmobiliarios a una empresa vinculada con un proveedor de la entidad pública. Luego, un préstamo sin garantías concedido por otra sociedad adjudicataria de contratos menores. A continuación, la salida de dinero al extranjero sin una causa económica verificable. Por último, una venta de participaciones a un precio inferior al valor real, con pago aplazado durante diez años y poderes amplísimos para una persona relacionada con las sociedades que habían recibido fondos públicos.
La clave que desvelará el velo de opacidad que se han esforzado en tejer los delincuentes está en conectar ese entramado societario con las personas que aparecen una y otra vez detrás de él, con los menores utilizados como titulares formales de un patrimonio que no podían haber generado, con los préstamos sin lógica aparente, con las compraventas que no responden al valor de mercado, con el dinero que desaparece de una cuenta y reaparece convertido en un local, una vivienda, una participación social o una transferencia aparentemente comercial.
El Informe de Operación Sospechosa elaborado por el OCP concluye que la operativa no responde a una estrategia ordinaria de gestión patrimonial familiar. Su apariencia de normalidad encubre, en realidad, un proceso de integración de fondos procedentes de caudales públicos desviados mediante contratos menores simulados y pagos por servicios no prestados.
LA SENTENCIA
El caso llega a juicio. Álvaro Ledesma Roldán es condenado por un delito de malversación de caudales públicos a seis años de prisión y a la pena de inhabilitación absoluta. Darío Sanz Moya es condenado como cooperador necesario en el desvío de fondos públicos a cuatro años y nueve meses de prisión. Inés Marín Lledó es condenada por blanqueo de capitales al haber canalizado los fondos mediante donaciones en efectivo, cuentas vinculadas a sus hijos menores, sociedades patrimoniales y operaciones inmobiliarias.
Se concluye que los menores, sin responsabilidad en la operativa, habían sido utilizados por los adultos como titulares formales de un patrimonio cuya procedencia no podían conocer ni justificar.
Coda
Habitualmente, cada documento tiene una apariencia de normalidad cuando se observa de forma aislada. La efectividad del control preventivo reside, ante todo, en la posibilidad de verificar la identidad de los firmantes en cada operación realizada ante notario, y en la posibilidad de relacionar operaciones, personas, sociedades y fechas hasta revelar una secuencia que, de otro modo, permanecería oculta.
Sin el seguimiento de las operaciones societarias, patrimoniales y financieras reflejadas en los documentos notariales, habría sido mucho más difícil, por no decir imposible, reconstruir el entramado, acreditar el origen ilícito de los fondos y llevar ante la justicia a quienes transformaron dinero público en patrimonio privado.
