La Proposición de Ley se encuentra actualmente en fase de tramitación en el Senado, tras haber sido remitida por el Congreso de los Diputados. La Ponencia de la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado aprobar como informe el texto procedente del Congreso, si bien ha dejado vivas las enmiendas presentadas para su debate en Comisión, a la espera de la decisión de la Mesa sobre la congruencia de varias de ellas y sobre el escrito del Gobierno invocando el veto presupuestario del artículo 134.6 de la Constitución.
En este escenario, el Senado debe pronunciarse sobre unas enmiendas que pueden modular aspectos relevantes de la pasarela voluntaria al RETA, por lo que el ICAM considera esencial que la Cámara respete la voluntad ya expresada por el Congreso y que el Gobierno no utilice el veto presupuestario, sin una justificación económica suficiente y concreta, para impedir el debate y la votación de una iniciativa de alto impacto social y profesional.
Valoración del ICAM
En este punto, el ICAM considera imprescindible que el debate parlamentario mantenga como eje la finalidad principal de la norma: ofrecer una solución equilibrada, jurídicamente segura y socialmente responsable a quienes durante años desarrollaron su actividad profesional en el marco de mutualidades alternativas, así como reforzar la transparencia, la supervisión y las garantías del sistema.
Por ello, el Colegio pide a todos los grupos parlamentarios que, en la votación de las enmiendas, respeten la voluntad ya expresada por el Congreso de los Diputados y preserven el consenso alcanzado en torno a la necesidad de articular una pasarela voluntaria al RETA. El ICAM entiende que cualquier mejora técnica debe contribuir a hacer viable, clara y efectiva la solución, evitando introducir elementos que puedan desnaturalizar el objetivo de la proposición o generar nuevas incertidumbres entre los mutualistas.
La institución subraya, asimismo, que esta cuestión no puede abordarse enfrentando a unos colectivos de mutualistas con otros. La respuesta legislativa debe atender la situación de los profesionales en activo y, al mismo tiempo, tratar con el máximo respeto y sensibilidad a los mutualistas pasivos, pensionistas y personas que ya han causado prestaciones o se encuentran en situaciones especialmente delicadas. La seguridad jurídica, la equidad intergeneracional y la protección de quienes han visto frustradas sus expectativas de previsión social deben ser principios compatibles, no excluyentes.
El ICAM solicita también al Gobierno que se abstenga de utilizar el veto presupuestario como instrumento para bloquear el debate parlamentario de esta iniciativa cuando no exista una justificación económica suficiente, concreta y verificable. Una cuestión de esta trascendencia social y profesional requiere transparencia, diálogo institucional y respeto a la función legislativa de las Cortes Generales.
A juicio del Colegio, el recurso al artículo 134.6 de la Constitución debe responder a una afectación presupuestaria real, directa y debidamente motivada, y no convertirse en una vía para impedir que las Cámaras debatan y voten soluciones que cuentan con amplio respaldo parlamentario y social. El ICAM recuerda que el problema de los mutualistas alternativos exige una respuesta normativa urgente, proporcionada y técnicamente solvente, no nuevos aplazamientos.
La proposición de ley incorpora avances relevantes, entre ellos la transferencia excepcional y voluntaria de derechos económicos acumulados en mutualidades alternativas al RETA, la mejora de la transparencia en la gestión de las mutualidades, el refuerzo de la supervisión y la previsión de desarrollo reglamentario. Sin embargo, el ICAM considera esencial que el texto final garantice que la pasarela sea realmente operativa, comprensible para los afectados y aplicable en plazos razonables.
Por ello, el Colegio insta a los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad en esta fase decisiva de la tramitación. La prioridad debe ser aprobar una solución que no defraude nuevamente las expectativas de los profesionales afectados, que respete el equilibrio del sistema público de Seguridad Social y que ofrezca certezas a todos los mutualistas.
El ICAM reitera su disposición a colaborar con los poderes públicos y con los grupos parlamentarios para alcanzar una regulación justa, viable y respetuosa con los derechos de los profesionales de la abogacía y del resto de colectivos afectados por el régimen de mutualidades alternativas.
