El Boletín Oficial del Estado ha publicado la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales de la historia reciente, un proceso que el Gobierno presenta como uno de los hitos centrales de su reforma de la Justicia y que suma 700 plazas en total. La cifra se distribuye en 575 plazas por oposición, 375 para la Carrera Judicial y 200 para la Carrera Fiscal, y otras 125 plazas de magistrado por el denominado cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. La oposición comenzará previsiblemente en octubre y el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles desde la publicación de la convocatoria.
La convocatoria ordinaria mantiene el sistema clásico de acceso a las carreras judicial y fiscal mediante oposición libre. Los aspirantes deberán superar una primera prueba tipo test y después los ejercicios orales previstos en el modelo tradicional, antes de incorporarse a la Escuela Judicial o al Centro de Estudios Jurídicos según su opción y la puntuación obtenida. De las 575 plazas por oposición, 375 corresponden al ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez y 200 al ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de abogado fiscal. La convocatoria reserva además plazas para personas con discapacidad en los términos previstos por la normativa de empleo público.
La parte más discutida de la operación está en las 125 plazas de magistrado por cuarto turno. Esta vía, prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite el acceso a la Carrera Judicial de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Las plazas se reparten entre distintos órdenes jurisdiccionales: 20 para el contencioso administrativo, 15 para el civil, 15 para el penal, 55 para órganos con competencias civiles y penales y 20 para el social. En cada convocatoria se exige especialización en el ámbito correspondiente y una parte de las plazas queda inicialmente reservada a letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría, aunque puede acrecer al resto de juristas si no se cubre.
Ley de Eficiencia del Servicio Público
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defiende que el refuerzo es imprescindible para adaptar la plantilla judicial a la nueva organización derivada de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El argumento del departamento que dirige Félix Bolaños es que la sustitución progresiva de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia permite aumentar el número de jueces sin tener que crear un juzgado completo por cada nueva plaza. Según Justicia, una plaza judicial integrada en un tribunal de instancia tendría un coste aproximado de 100.000 euros, frente a los cerca de 500.000 euros que suponía crear un juzgado tradicional con toda su estructura propia. El Gobierno vincula así la convocatoria a una ampliación de plantilla del 8,5% en la Carrera Judicial y del 7,1% en la Carrera Fiscal.
La necesidad de más jueces y fiscales apenas admite discusión. España arrastra desde hace años una insuficiencia estructural de efectivos, una sobrecarga persistente en muchos órganos y tiempos de respuesta que afectan tanto a ciudadanos como a empresas y profesionales. El propio Consejo General del Poder Judicial había considerado clave ofertar 375 plazas por oposición libre. También asociaciones judiciales han defendido que un ritmo sostenido de convocatorias amplias sería necesario para acercar a España a las ratios europeas y aliviar la litigiosidad acumulada.
La controversia surge por el modo en que el Gobierno ha presentado la medida y por el peso político y jurídico del cuarto turno. Medios críticos con el Ejecutivo han recogido el reproche de que convocar plazas no equivale por sí solo a resolver el déficit de medios si no se crean formalmente los puestos, no se dota de funcionarios a los tribunales de instancia y no se garantiza una implantación ordenada de la nueva oficina judicial. El Partido Popular ha criticado al ministro Bolaños por anunciar las 700 plazas sin que, según los populares, estén todavía plenamente creadas y acompañadas del personal necesario. La formación sostiene que el orden lógico habría sido aprobar antes la creación de las plazas y dotarlas presupuestariamente, y solo después anunciar su provisión mediante procesos selectivos.
Desconfianza en el cuarto turno
Además el cuarto turno suscita desconfianza entre juristas, que temen que una vía de acceso distinta de la oposición tradicional pueda utilizarse para introducir perfiles afines al Gobierno. La crítica no cuestiona que la ley permita incorporar a profesionales con experiencia acreditada, sino que advierte del riesgo de que el sistema pierda legitimidad si no se extreman las garantías de transparencia, objetividad y control de méritos. La oposición ordinaria ha sido históricamente presentada como uno de los principales blindajes de independencia de la Carrera Judicial, precisamente por su dureza, anonimato relativo y distancia respecto del poder político.
La cuestión de fondo es si la ampliación de plantilla se ejecutará con rigor y si el refuerzo cuantitativo irá acompañado de medios reales, estabilidad presupuestaria y garantías suficientes en los sistemas de selección. La convocatoria es relevante porque puede aliviar la falta de jueces y fiscales, pero también porque llega en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y sectores de la judicatura, con una reforma organizativa todavía en despliegue y con dudas abiertas sobre los efectos prácticos de la Ley de Eficiencia.
La macro convocatoria puede ser una oportunidad para reforzar la Justicia, reducir vacantes y mejorar los tiempos de respuesta. Pero su éxito no dependerá solo del número anunciado, sino de que las plazas se creen efectivamente, se cubran con criterios de mérito y capacidad, se integren en órganos dotados de personal suficiente y no sirvan para alimentar la sospecha de politización. En un servicio público tan sensible como la Justicia, tan importante como aumentar la plantilla es preservar la confianza en el modo en que se elige a quienes van a ejercer la función jurisdiccional y la acción pública penal.
