El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el Consejo General del Notariado han firmado un convenio marco de colaboración que pretende abrir una nueva etapa de cooperación institucional entre la Abogacía madrileña y el Notariado. El acuerdo fue suscrito en Madrid por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, con el objetivo declarado de reforzar la seguridad jurídica, mejorar la atención a ciudadanos y empresas, impulsar la digitalización de los servicios jurídicos y promover iniciativas conjuntas en ámbitos donde ambas profesiones resultan complementarias.
El convenio se presenta como un marco estable de entendimiento entre dos corporaciones de derecho público que ocupan posiciones distintas, pero conectadas, dentro del sistema jurídico. La Abogacía interviene como garantía del derecho de defensa, asesoramiento, representación de intereses y tutela de los particulares. El Notariado, por su parte, ejerce una función pública de seguridad jurídica preventiva mediante la autorización de documentos públicos, el control de legalidad, la identificación de la voluntad de los otorgantes y la generación de efectos probatorios y ejecutivos en numerosos actos civiles y mercantiles. La relevancia del acuerdo reside precisamente en que no pretende confundir esos papeles, sino articular espacios de colaboración en beneficio de los profesionales y de la ciudadanía.
El ICAM y el Consejo General del Notariado sitúan la firma en un contexto de profunda transformación del sector legal, marcado por la digitalización de servicios, la exigencia de mayor eficiencia en la relación con ciudadanos y empresas y la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones jurídicas. El convenio identifica como ámbitos preferentes la seguridad jurídica preventiva, la mejora del servicio al ciudadano, la calidad profesional, la difusión de derechos, la atención a colectivos vulnerables y el impulso de herramientas tecnológicas aplicadas al tráfico jurídico.
Instrumentos útiles para la práctica diaria
En la práctica, el acuerdo abre la puerta a actividades formativas, jornadas, seminarios, mesas de trabajo, estudios, informes, estadísticas y documentos de buenas prácticas. También prevé futuras adendas o convenios específicos para desarrollar proyectos concretos de carácter técnico, organizativo o tecnológico. Ese diseño permite que la alianza no quede limitada a una declaración institucional, sino que pueda traducirse en instrumentos útiles para la práctica diaria de abogados y notarios, especialmente en materias como herencias, poderes, sociedades, contratos, operaciones inmobiliarias, mediación, resolución extrajudicial de conflictos y relaciones jurídico-privadas de alta complejidad.
Uno de los ejes más relevantes es la digitalización. El convenio contempla explorar sinergias en el uso de plataformas y aplicaciones informáticas orientadas a facilitar el acceso a información relevante para ciudadanos, empresas y justiciables. Aunque el texto difundido por las instituciones no concreta todavía desarrollos tecnológicos específicos, sí apunta a un terreno de colaboración especialmente sensible: la necesidad de que la modernización digital del sistema jurídico no se limite a sustituir trámites en papel por procesos electrónicos, sino que preserve garantías, trazabilidad, identificación segura, integridad documental, protección de datos y claridad en la relación entre profesionales y usuarios.
El acuerdo tiene además una lectura práctica para la ciudadanía. La cooperación entre abogados y notarios puede reducir fricciones en operaciones que requieren asesoramiento previo, formalización documental y seguridad sobre sus efectos jurídicos. En una compraventa, una herencia, una constitución de sociedad, un poder, una capitulación matrimonial o una operación de financiación, la coordinación entre el consejo jurídico del abogado y la función fedataria y de control de legalidad del notario puede mejorar la comprensión del acto, prevenir litigios posteriores y reforzar la confianza de las partes. La seguridad jurídica preventiva opera precisamente ahí: antes del conflicto, no después.
"Palanca de mejora real"
Eugenio Ribón defendió que el convenio nace con la ambición de convertir la relación entre Abogacía y Notariado en una “palanca de mejora real” del servicio jurídico que reciben ciudadanos y empresas. El decano del ICAM vinculó el acuerdo con la formación, la modernización profesional, la detección de espacios de colaboración útil y una interlocución más fluida entre dos instituciones esenciales para el Estado de Derecho. “Cuando Abogacía y Notariado cooperan desde el respeto a sus respectivas funciones, gana la Justicia y gana la sociedad”, afirmó.
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, situó la alianza en el momento actual de transformación digital del sistema jurídico. A su juicio, la cooperación entre Notariado y Abogacía resulta especialmente valiosa cuando el sistema necesita combinar garantías, cercanía y capacidad de adaptación tecnológica. Barrio subrayó que el convenio permitirá desarrollar proyectos comunes en seguridad jurídica preventiva, calidad del servicio, atención a colectivos vulnerables e intercambio de conocimiento técnico, siempre desde el respeto a la función propia e independiente de cada profesión.
El componente social del convenio no es menor. Las instituciones incluyen entre sus objetivos la protección de colectivos vulnerables y la difusión de derechos, dos ámbitos en los que la Abogacía y el Notariado pueden actuar de forma complementaria. El asesoramiento jurídico, la información comprensible, la prevención de abusos, la adecuada formación de la voluntad y la formalización segura de actos jurídicos son especialmente importantes cuando intervienen personas mayores, personas con discapacidad, ciudadanos con menor acceso a información legal o usuarios en situaciones de especial dependencia económica o familiar.
El convenio incorpora también una referencia expresa al correcto ejercicio profesional y al respeto de los derechos de los particulares, con especial atención a la intervención libre e independiente del abogado como garantía del derecho de defensa. Esa mención da al acuerdo una dimensión que va más allá de la cooperación corporativa. Para el ICAM, la colaboración con el Notariado debe contribuir a mejorar el servicio jurídico sin diluir la posición del abogado como profesional independiente que asesora y defiende los intereses de su cliente. Para el Notariado, la cooperación se proyecta sobre su función de prevención, control de legalidad y generación de confianza en el tráfico jurídico.
Durante el encuentro se abordaron también herramientas notariales de especial relevancia institucional, como el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, apoyado en la Base de Datos de Titularidad Real, y el Portal Estadístico del Notariado, centrado en ofrecer información real, actualizada y auténtica sobre el mercado de la vivienda. La inclusión de estas referencias en la visita institucional muestra que la colaboración no se limita a la prestación ordinaria de servicios jurídicos, sino que alcanza áreas de alto impacto público, como la transparencia del tráfico económico, la prevención de operaciones de riesgo y el acceso a datos fiables sobre el sector inmobiliario.
El acuerdo llega en un momento en que los servicios jurídicos viven una doble presión. Por un lado, ciudadanos y empresas reclaman procedimientos más rápidos, accesibles y comprensibles. Por otro, la digitalización exige preservar garantías que no siempre son visibles para el usuario final: autenticidad, integridad, identidad, consentimiento informado, conservación documental, ciberseguridad, interoperabilidad y responsabilidad profesional. En ese equilibrio entre eficiencia y garantía se sitúa la alianza entre el ICAM y el Consejo General del Notariado.
