El valor jurídico del dato ha dejado de ser una cuestión instrumental para convertirse en una de las grandes infraestructuras invisibles de la economía digital. Esa fue la idea central de las III Jornadas Tecnológicas del Notariado, celebradas ayer en la sede del Colegio Notarial de Valencia, bajo el título “El valor del dato en la sociedad del siglo XXI”. El encuentro fue organizado por el Consejo General del Notariado, el Centro Tecnológico del Notariado y el Colegio Notarial de Valencia, y reunió a más de 150 asistentes en formato presencial y por streaming, con la participación de expertos del ámbito institucional, tecnológico, económico y jurídico.
La jornada partió de una premisa con evidentes consecuencias para juristas, administraciones y operadores económicos: el problema contemporáneo ya no es generar datos, sino convertirlos en valor económico y social dentro de un entorno de confianza. En un contexto marcado por la inteligencia artificial, los espacios de datos, la identidad digital europea, la interoperabilidad administrativa y la digitalización de registros y mercados, el Notariado defendió que la calidad de la información es una condición previa para la validez de las decisiones jurídicas, la eficacia de las políticas públicas y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La ponencia inaugural corrió a cargo de Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, que situó el debate en una clave especialmente relevante para el Derecho: la circulación del dato no puede plantearse como una alternativa al cumplimiento normativo, sino como una actividad que solo será legítima si se sostiene sobre calidad, transparencia y garantías. Cotino defendió la necesidad de “apostar por la innovación” y por la explotación del dato, pero “obviamente con cumplimiento”, y subrayó que el principio de calidad es esencial porque la transparencia no opera solo como obligación formal, sino como elemento de legitimación social del uso de los datos. “La sociedad debe estar informada de qué datos se van a utilizar y para qué”, afirmó.
El planteamiento conecta directamente con uno de los grandes debates jurídicos de los próximos años. Los datos no son una materia neutra ni meramente técnica. Determinan decisiones administrativas, modelos de scoring, políticas de vivienda, investigaciones patrimoniales, prevención del fraude, trazabilidad societaria, sistemas de identidad digital, contratación electrónica, prueba documental y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Por eso, la calidad del dato no puede entenderse solo como una cuestión de eficiencia informática. Para un jurista, un dato defectuoso puede contaminar un registro, inducir una resolución administrativa errónea, afectar al ejercicio de derechos, alimentar un algoritmo discriminatorio o generar una apariencia de legalidad sobre una realidad no verificada.
El notario como “fuente auténtica primaria” del dato jurídico
El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis Benlloch, formuló la tesis más estrictamente notarial de la jornada al presentar al notario como “fuente auténtica primaria” del dato jurídico. Según explicó, el notario recibe datos jurídicos en origen, los verifica, los parametriza, los conserva de forma segura y ofrece trazabilidad. En esa lógica, el documento notarial ya no se proyecta únicamente como soporte formal de una declaración de voluntad, sino como fuente cualificada de datos estructurados, contrastados y reutilizables por administraciones, autoridades y operadores económicos.
Los datos aportados por Llopis dan la escala técnica del sistema. Los notarios autorizan ocho millones de documentos al año y los datos más relevantes de esos instrumentos se graban de forma parametrizada y estructurada en el Índice Único Informatizado Notarial. Este índice acumula más de 175 millones de documentos, 30.000 millones de “datapoints” y un volumen aproximado de nueve terabytes, lo que lo convierte en un instrumento especialmente valioso para las administraciones y autoridades públicas en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La relevancia jurídica de esa infraestructura es evidente. El Índice Único Informatizado no es una simple base de datos documental, sino una arquitectura de información construida sobre actos intervenidos por funcionarios públicos, con control de identidad, capacidad, legitimación, titularidad, consentimiento, fecha, objeto y adecuación formal. En un ecosistema digital saturado de información no contrastada, esa diferencia es crucial: no todos los datos tienen el mismo valor probatorio, ni la misma fiabilidad, ni el mismo coste de verificación. La aportación específica del Notariado consiste precisamente en generar datos de origen jurídico cualificado, con una cadena de confianza previa a su incorporación a sistemas administrativos, mercantiles o tecnológicos.
Anteproyecto de Ley de Integridad Pública
Ese fue también el punto utilizado por Llopis para entrar en una cuestión legislativa de actualidad: el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública y la posibilidad de admitir el documento privado como título inscribible de transmisiones de participaciones sociales en el Registro Mercantil. El decano advirtió de que alimentar un registro con datos no corroborados conduce inevitablemente a publicar datos no verificados, y sostuvo que esa reforma “parece no conocer esta premisa” al permitir que el registro se nutra de información que no ha sido controlada en origen por el notario. A su juicio, ello implicaría debilitar la fiabilidad del sistema y sustituirlo por otro menos eficiente y con más coste para las pymes españolas.
La crítica tiene una dimensión que va más allá de la disputa corporativa entre notarios, registros y legislador. En realidad, plantea una pregunta central para cualquier sistema de seguridad jurídica preventiva: dónde debe producirse la verificación del dato. Si el control se realiza en origen, antes de que la información acceda al tráfico jurídico, el sistema reduce litigiosidad, previene fraudes y mejora la calidad registral. Si el control se desplaza a fases posteriores, se abarata aparentemente el trámite inicial, pero se incrementa el riesgo de que circulen datos inexactos, incompletos o no comprobados. En una economía digital, esa diferencia se multiplica porque los datos inscritos o publicados no quedan confinados en un expediente, sino que pueden ser reutilizados por registros, plataformas, administraciones, entidades financieras, sistemas de compliance y herramientas automatizadas de análisis.
El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Manuel Seda Hermosín, reforzó esa idea en la clausura al recordar que resulta “fundamental garantizar la calidad del dato, su fiabilidad y adecuada usabilidad”. Seda subrayó que los datos no son neutrales, porque producen efectos y afectan a la vida de los ciudadanos y al ejercicio de sus derechos. También defendió que la función notarial dota de certeza y confiabilidad a la información que accede al tráfico jurídico, garantizando que esa información esté verificada y se ajuste a Derecho. En su formulación, el valor de la sociedad del dato no está en la cantidad de información que circula, sino en la confianza que puede depositarse en ella.
Datos con valor jurídico y trazabilidad
La primera mesa redonda, titulada “Europa ante el dato. Retos y competitividad”, fue moderada por Enric Hernández Jiménez, director de Inteligencia de Datos e Innovación del Centro Tecnológico del Notariado, y situó el debate en el marco europeo. La tesis compartida fue que Europa intenta construir un modelo de economía digital basado en confianza, certificación, reglas comunes, identidad digital, firma electrónica, espacios de datos y supervisión. Esa arquitectura no tiene el brillo inmediato de la inteligencia artificial generativa ni de los grandes centros de computación, pero es la capa que permite que los datos circulen con valor jurídico, trazabilidad y responsabilidad.
Paloma Llaneza González, CEO de Razona LegalTech y Digital Trust Scheme Manager en CerteIDAS, definió esa capa como una “infraestructura invisible” de la economía digital y sostuvo que Europa es la única jurisdicción que está construyendo una infraestructura de confianza pública y certificada. En su intervención vinculó identidad digital, firma electrónica y futuro monedero europeo de identidad digital como piezas operativas para que los datos circulen con garantías jurídicas. También advirtió de que el reto de los próximos cinco años no será solo disponer de capacidad de cómputo, sino mantener el ritmo de acreditación, certificación y supervisión necesario para que esa capacidad opere con garantías.
La intervención resulta especialmente significativa para juristas porque desplaza el foco desde la tecnología visible hacia los mecanismos de confianza que la hacen jurídicamente utilizable. La inteligencia artificial, los espacios de datos o la automatización administrativa necesitan datos, pero también necesitan identidad fiable, autorización, trazabilidad, prueba de origen, control de acceso, integridad, auditoría y responsabilidad. Sin esas garantías, la economía del dato puede producir valor económico, pero difícilmente producirá seguridad jurídica. El modelo europeo intenta precisamente convertir la confianza en ventaja competitiva, aunque su éxito dependerá de que la regulación no se quede en un diseño normativo sofisticado y logre implantarse en empresas, administraciones y operadores profesionales.
Daniel Sáez Domingo, presidente de Gaia-X España y director de Inteligencia Estratégica en ITI, puso el acento en los espacios de datos y en los “Data Labs” como entornos intermedios, neutrales y seguros en los que propietarios de datos y desarrolladores de inteligencia artificial puedan explotar información y generar valor de forma más rápida y confiable. Según explicó, la falta de confianza sigue siendo uno de los principales frenos a la compartición de datos, pese a los avances europeos en estándares y tecnologías. En su visión, estas infraestructuras reducen barreras de entrada, facilitan la monetización del dato y aceleran el desarrollo de modelos de IA.
“Sin confianza no hay economía del dato”
Merche Hernansáez Liarte, líder del grupo de trabajo de Economía del Dato en AMETIC y Project Director e-services en Tecnalia, completó ese enfoque al insistir en la necesidad de una visión estratégica integral. “Sin confianza no hay economía del dato”, defendió, vinculando gobernanza, reglas claras y espacios de datos como habilitadores esenciales. Hernansáez apuntó además que el gran reto no es estrictamente tecnológico, sino de adopción, especialmente por parte del tejido empresarial, que necesita traducir los modelos de economía del dato en soluciones concretas y accesibles.
El mensaje es particularmente importante para despachos, asesorías jurídicas, departamentos de cumplimiento y operadores mercantiles. La economía del dato no se consolidará solo con normas europeas, sino con procesos internos capaces de clasificar datos, documentar bases jurídicas de tratamiento, controlar accesos, verificar fuentes, conservar evidencias, auditar usos y anticipar riesgos. En ese escenario, el jurista no puede limitarse a revisar cláusulas de privacidad o contratos tecnológicos. Debe participar en el diseño de la gobernanza del dato, porque de ella dependerán la licitud del tratamiento, la responsabilidad por daños, la validez probatoria de la información, la trazabilidad de decisiones automatizadas y la posibilidad de explotar datos sin vulnerar derechos fundamentales.
La segunda mesa redonda trasladó el debate al terreno de la vivienda, uno de los ámbitos donde la calidad del dato tiene consecuencias políticas y jurídicas más visibles. Moderada por Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, la sesión abordó el uso de información fiable para diseñar políticas públicas en un mercado tensionado por el acceso de los jóvenes, la reducción de la oferta de alquiler, la dificultad de diagnóstico y la distancia entre relato político y evidencia empírica.
Trinidad Ortiz Gómez, directora general de Innovación y Transformación Urbana de la Generalitat Valenciana, defendió la importancia de utilizar datos reales, veraces y actualizados para mejorar la planificación urbana y adoptar decisiones eficaces en materia de vivienda. Jorge Galindo Alfonso, director adjunto de EsadeEcPol, subrayó por su parte la necesidad de contar con datos de calidad y comparables para comprender la problemática de acceso a la vivienda y la evolución del mercado. Su conclusión fue rotunda: sin datos de calidad no hay decisiones públicas de calidad, y legislar sin conocer la realidad en detalle equivale a legislar “a ciegas” o “a base de relato”.
Las leyes de vivienda, los índices de precios, las zonas tensionadas, los incentivos fiscales, las limitaciones contractuales, la planificación urbanística o las políticas de alquiler no pueden descansar sobre percepciones imprecisas o series estadísticas incompletas. Necesitan datos de transacciones reales, precios efectivos, financiación, cargas, tipologías, localización, régimen de tenencia y evolución temporal. En ese terreno, el Notariado dispone de una posición singular, porque interviene en operaciones inmobiliarias con información documental de alta calidad y puede ofrecer una fotografía más próxima al tráfico jurídico real que otras fuentes basadas en anuncios, estimaciones o muestras parciales.
La jornada fue clausurada por Manuel Seda Hermosín, María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, y José Carmelo Llopis Benlloch. Ferrer San Segundo destacó la utilidad de este tipo de encuentros para debatir los retos de futuro y defendió la colaboración público-privada como vía para impulsar la innovación y reforzar la economía digital. Los organizadores coincidieron en que la gestión del dato evoluciona a gran velocidad y plantea desafíos para el Derecho, las instituciones públicas y privadas y el conjunto de la sociedad.
