La resolución estima el recurso presentado por la denunciante contra el auto por el que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza acordó inhibirse en favor de una sección ordinaria de instrucción. La inhibición se había fundamentado en que la persona denunciada figuraba como mujer en el Registro Civil antes de que se presentara la nueva denuncia, por lo que, en principio, no concurriría uno de los presupuestos personales que delimitan la competencia de los órganos especializados en violencia sobre la mujer.
La Audiencia considera, sin embargo, que el traslado de la causa se acordó de manera prematura. Antes de determinar definitivamente qué órgano debe investigar los hechos, entiende necesario incorporar al procedimiento la documentación relativa a la modificación registral y comunicar al Registro Civil los elementos que podrían revelar una utilización fraudulenta del procedimiento.
El tribunal toma en consideración que la persona denunciada cuenta con antecedentes penales por actos de violencia de género cometidos contra la misma mujer antes de la rectificación registral. También valora que la Policía haya situado a la denunciante en un nivel de riesgo extremo y que, según se recoge en las actuaciones, la persona investigada manifestó ante la Guardia Civil que había realizado el cambio para “blindarse” frente a este tipo de denuncias. Estos elementos no prueban por sí solos la existencia del fraude, pero justifican, a juicio de la Audiencia, una comprobación más profunda antes de modificar la competencia judicial.
El núcleo jurídico de la resolución se encuentra en el artículo 6.4 del Código Civil. Este precepto establece que los actos realizados formalmente al amparo de una norma, pero dirigidos a obtener un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley. La consecuencia no es necesariamente la nulidad automática del acto realizado, sino la aplicación de la norma que se trató de eludir.
Fraude de ley
Aplicado al caso, el razonamiento de la Audiencia consiste en diferenciar entre el ejercicio legítimo del derecho a rectificar la mención registral del sexo y una eventual utilización instrumental de ese procedimiento. Si la modificación respondió verdaderamente al libre desarrollo de la identidad sexual, desplegará los efectos jurídicos previstos en la Ley 4/2023. Si, por el contrario, se acreditara que su finalidad exclusiva o determinante fue sustraerse del régimen jurídico de violencia de género, podría entrar en juego la cláusula general contra el fraude de ley.
La Ley 4/2023 reconoce a las personas mayores de 16 años la posibilidad de solicitar directamente la rectificación registral y prohíbe condicionar ese derecho a la presentación de informes médicos o psicológicos o a la modificación previa de la apariencia corporal. La resolución favorable produce efectos constitutivos desde su inscripción en el Registro Civil y permite ejercer los derechos inherentes a la nueva condición registral.
La propia norma contiene, no obstante, una previsión específica sobre violencia de género. Su artículo 46.3 dispone que el cambio registral no altera el régimen jurídico que ya resultara aplicable antes de la inscripción a efectos de la Ley Orgánica 1/2004. Esto significa que una rectificación posterior no puede modificar las consecuencias jurídicas de hechos cometidos con anterioridad al cambio.
El supuesto examinado por la Audiencia presenta una dificultad distinta porque la modificación registral se habría producido antes de los nuevos hechos denunciados. Por ello, la regla temporal del artículo 46.3 no resolvería por sí sola la controversia. La cuestión pasa a ser si el cambio, aun siendo formalmente anterior, fue promovido para eludir en el futuro la legislación especial, lo que obliga a examinar la posible aplicación del artículo 6.4 del Código Civil.
Revisar la inscripción registral
La Audiencia ha pedido que la persona encargada del Registro Civil reciba la información relevante y compruebe las circunstancias en las que se tramitó la rectificación. Será en el correspondiente ámbito registral donde deberá determinarse si procede revisar la inscripción. El tribunal penal no ha dejado sin efecto el cambio ni ha declarado probado el fraude, sino que ha ordenado realizar las actuaciones necesarias para que esas cuestiones puedan ser esclarecidas.
Mientras se obtiene ese pronunciamiento, la causa continuará en la Sección de Violencia sobre la Mujer. La Audiencia justifica esta solución provisional en la necesidad de evitar que una decisión prematura sobre la competencia pueda reducir la protección de la denunciante, especialmente ante la valoración policial de riesgo extremo. El mantenimiento temporal de la causa en el órgano especializado no constituye una declaración anticipada sobre la culpabilidad de la persona denunciada ni sobre la validez definitiva de su identidad registral.
La resolución tiene, ante todo, una naturaleza procesal. Lo que se discute en esta fase no es todavía si se cometieron los delitos denunciados, sino qué órgano judicial debe investigarlos. La competencia de las secciones de violencia sobre la mujer depende tanto de la naturaleza de los hechos como de la relación entre la persona investigada y la víctima y de los presupuestos personales establecidos por la legislación especial.
Calificación penal definitiva
Tampoco debe confundirse la competencia del órgano instructor con la calificación penal definitiva. Que el procedimiento permanezca provisionalmente en una sección especializada no implica automáticamente que los hechos tengan que ser castigados mediante los tipos penales específicos vinculados a la violencia de género. Esa determinación deberá realizarse posteriormente a partir de los hechos acreditados, la condición jurídica de las partes en el momento relevante y la interpretación de las normas penales aplicables.
El auto tampoco crea jurisprudencia vinculante para todos los tribunales españoles. Se trata de una resolución de una Audiencia Provincial dictada en un procedimiento concreto, por lo que sus conclusiones no tienen el valor general de una sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, puede convertirse en una referencia para otros órganos judiciales que deban resolver conflictos semejantes sobre cambios registrales, competencia judicial y posible fraude de ley.
Su principal aportación jurídica consiste en afirmar que la inscripción registral no debe ser ignorada, pero tampoco puede impedir cualquier investigación sobre una eventual finalidad fraudulenta cuando existan indicios objetivos y relevantes. La rectificación del sexo produce plenos efectos desde su inscripción, pero, como cualquier derecho reconocido por el ordenamiento, su ejercicio está sujeto a la prohibición general de utilizar una norma para conseguir un resultado contrario a otra disposición imperativa.
La decisión definitiva dependerá ahora de la documentación registral, de las explicaciones que puedan recabarse y de la valoración de los indicios existentes. Solo después podrá resolverse si hubo fraude de ley, si debe revisarse la inscripción y si la investigación corresponde a la Sección de Violencia sobre la Mujer o a un órgano ordinario de instrucción.
