La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado el tono de su denuncia sobre la situación que atraviesa el mayor tribunal provincial de España. Su presidente, Juan Pablo González, advirtió este martes de que el órgano se encuentra en una situación "grave y dramática" y acusó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de haberlo conducido a un "colapso absoluto" mediante la práctica eliminación de los planes de refuerzo que habían permitido contener durante los últimos años el crecimiento de los asuntos pendientes.
González formuló esta advertencia durante la presentación de la memoria correspondiente a 2025, en la que se refleja un incremento generalizado de la litigiosidad y de los procedimientos pendientes, especialmente en las secciones civiles y en las especializadas en violencia sobre la mujer. Según los datos expuestos por el presidente, el número de magistrados de refuerzo se ha reducido un 90%: de los aproximadamente veinte que llegaron a prestar apoyo a las distintas secciones, solamente se han mantenido dos.
"Hace cinco años el Ministerio aprobaba sin problemas los planes de refuerzo y ahora, alegando motivos presupuestarios, prácticamente los ha eliminado", denunció González, quien calificó la decisión de "abandono y maltrato institucional". A su juicio, la reducción no responde a una disminución de las necesidades, sino que se produce precisamente cuando la Audiencia soporta el mayor volumen de recursos de su historia.
La situación más preocupante se registra en el orden civil y mercantil. La carga de trabajo de estas secciones multiplica por 4,5 el módulo de entrada establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Durante 2025 ingresaron cerca de 80.000 recursos, un 48,17% más que durante el ejercicio anterior, debido en gran parte al crecimiento de la litigación relacionada con el consumo, los contratos bancarios, las tarjetas de crédito, los microcréditos, las condiciones generales de la contratación y las reclamaciones frente a compañías aéreas. Los procedimientos monitorios han aumentado, además, alrededor de un 200%.
Más de siete años para una resolución
La consecuencia más visible es el alargamiento de los tiempos de respuesta. Recursos sobre herencias, arrendamientos, comunidades de propietarios, divorcios, créditos o defectos de construcción pueden tardar más de siete años en obtener una resolución de segunda instancia. La Presidencia de la Audiencia sostiene que algunos asuntos se aproximan incluso a los ocho años, cuando en 2021 el plazo medio de resolución de un recurso civil rondaba los cinco meses.
El atasco alcanza una dimensión singular en la Sección 25 bis, especializada en condiciones generales de la contratación. Esta sección terminó 2025 con 35.825 asuntos pendientes después de haber recibido 20.646 nuevos recursos y haber podido resolver solamente 1.419 durante el ejercicio. La Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles ya había advertido a comienzos de julio de que la supresión de las comisiones de servicio afectaría a trece secciones y añadiría varios años más a unos plazos que ya consideraba incompatibles con un funcionamiento normal de la jurisdicción.
Los magistrados también habían reclamado una unidad especializada para resolver recursos contra la inadmisión de procedimientos monitorios, con capacidad para tramitar de forma parcialmente automatizada más de 12.000 asuntos al año. El Ministerio rechazó igualmente esta medida, según el acuerdo difundido por las secciones civiles.
Recursos relacionados con la violencia sobre la mujer
Especial gravedad presenta la situación de los recursos relacionados con la violencia sobre la mujer. Las dos secciones especializadas de la Audiencia Provincial acumulan más de 9.000 procedimientos pendientes y registran tiempos medios de resolución cercanos a los dos años. La ampliación de competencias en esta materia no fue acompañada, según González, de un incremento equivalente del número de jueces y magistrados encargados de resolver las apelaciones.
La demora afecta a resoluciones especialmente sensibles, como las órdenes de alejamiento, las medidas de protección de las víctimas, las custodias de menores o las decisiones adoptadas durante la instrucción de procedimientos por violencia de género. El presidente considera contradictorio que se proclame esta materia como una prioridad pública mientras un recurso que puede incidir directamente en la seguridad de una víctima tarda hasta dos años en ser examinado.
El atasco también avanza en las secciones penales. Durante 2025 ingresaron 36.685 asuntos, un 6,19% más que el año anterior, y se resolvieron 33.976. Sin embargo, los procedimientos pendientes aumentaron un 29,7%, al pasar de 9.360 a 12.141. La Audiencia reclama doce nuevos magistrados para las secciones penales y nueve para las civiles, además de conservar los refuerzos y crear nuevas secciones especializadas para las competencias sobre violencia contra la mujer, la infancia y la adolescencia.
Artículo 24 de la Constitución
La denuncia trasciende la gestión interna del tribunal porque afecta al contenido material del artículo 24 de la Constitución. Este precepto no solo reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, sino también el derecho a un proceso público "sin dilaciones indebidas". Cuando la demora deja de responder a la complejidad de un asunto concreto y se convierte en una situación estructural, puede comprometer la efectividad de la protección judicial e incluso generar responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
La advertencia de la Audiencia madrileña se enmarca en un conflicto más amplio entre el CGPJ y el Ministerio. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces pidió a comienzos de julio que se reconsiderara la negativa a financiar refuerzos solicitados para 62 órganos judiciales de España. El Consejo advirtió de que la retirada de esos apoyos podía obligar a paralizar actuaciones consideradas necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar dilaciones indebidas.
El Ministerio defiende que la decisión responde a los límites presupuestarios. Según la explicación trasladada por el departamento, durante la primera mitad del año se habían autorizado 232 medidas de refuerzo por un importe cercano a 7,9 millones de euros, por encima de los 7,2 millones establecidos en el convenio vigente, mientras que el conjunto de solicitudes presentadas se aproximaba a los 12 millones. Justicia sostiene también que parte de la litigación masiva debe abordarse mediante instrumentos procesales como el pleito testigo, la extensión de efectos y los medios adecuados de solución de controversias.
El Gobierno ha aprobado, además, el Real Decreto 559/2026, que crea 500 nuevas unidades judiciales en toda España. Doce de ellas corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid: ocho plazas civiles y cuatro penales. La norma señala expresamente que la ampliación estructural de la planta permitirá suprimir determinadas medidas de refuerzo que, aunque inicialmente fueron concebidas como coyunturales, habían terminado consolidándose durante años.
Sin embargo, la Presidencia de la Audiencia considera que esas plazas, aun siendo necesarias, no resuelven el problema inmediato ni permiten absorber una bolsa de decenas de miles de recursos. La incorporación de nuevos magistrados requiere que las plazas entren efectivamente en funcionamiento, sean cubiertas y cuenten con letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial suficientes.
Reclamaciones del CSIF
Este es también el argumento de CSIF y de otras organizaciones representativas del personal judicial. El sindicato viene reclamando que las relaciones de puestos de trabajo se elaboren conforme a la pendencia real de cada jurisdicción y que se amplíen los efectivos de la Oficina Judicial de la Audiencia Provincial, particularmente en el área penal y en las unidades vinculadas a violencia sobre la mujer. CSIF ya había advertido de que la implantación de la nueva organización judicial en Madrid podía desembocar en una situación caótica si no iba acompañada de más personal, especialización y una distribución de efectivos basada en las cargas de trabajo.
La organización Justicia y Progreso ha realizado una advertencia semejante ante la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales sin un incremento paralelo de las plantillas de funcionarios, una fórmula que, según denuncia, trasladará el sobreesfuerzo a unas oficinas judiciales que ya se encuentran saturadas. CCOO también ha reclamado miles de nuevas plazas en los cuerpos generales y ha criticado que la retirada de los refuerzos avance en sentido contrario a las necesidades derivadas de los nuevos tribunales de instancia.
La controversia no se limita, por tanto, al número de nuevas plazas anunciado por el Gobierno, sino que afecta al calendario de incorporación, a la dotación de las oficinas judiciales y a la respuesta que debe darse mientras se reduce el atasco acumulado. Para Juan Pablo González, mantener únicamente dos magistrados de refuerzo cuando los asuntos civiles se han multiplicado y existen 9.000 recursos de violencia sobre la mujer pendientes supone aceptar como normal una demora que amenaza con vaciar de contenido el derecho de los ciudadanos a obtener justicia dentro de un plazo razonable.
