La voz de un abogado conocido, el prestigio de un despacho internacional y una supuesta operación financiera sometida a la máxima confidencialidad fueron los principales instrumentos utilizados para ejecutar una de las mayores estafas mediante inteligencia artificial conocidas hasta ahora en la banca europea. Los delincuentes no vulneraron los sistemas informáticos de Intesa Sanpaolo: atacaron directamente el proceso de toma de decisiones de sus altos directivos.
El fraude se produjo en febrero de 2026 y tuvo como víctima a Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking, filial íntegramente controlada por Intesa Sanpaolo y principal entidad italiana de banca privada. La operación provocó la salida de aproximadamente 95 millones de euros mediante varias transferencias internacionales. La rápida reacción de la entidad y la cooperación judicial permitieron recuperar o bloquear más de 50 millones, aunque la cantidad que continúa desaparecida oscila, según las distintas actualizaciones de la investigación, entre 36 y 39,5 millones.
La maniobra comenzó cuando Paolo Molesini, entonces presidente de Fideuram, recibió un mensaje de WhatsApp procedente de un número que se presentaba como perteneciente a Carlo Messina, consejero delegado de Intesa Sanpaolo. El supuesto Messina pidió utilizar la tesorería de Fideuram para efectuar con urgencia una serie de transferencias vinculadas a una operación financiera internacional, presentada como estratégica y estrictamente confidencial.
Voz clonada con IA
El mensaje no actuó de forma aislada. Para dotar de credibilidad jurídica a la petición, los estafadores incorporaron a la trama la identidad de Paolo Nastasi, socio director de A&O Shearman en Italia y abogado al que Molesini conocía personalmente. El directivo recibió una llamada de quien parecía ser Nastasi y que se presentó como asesor e intermediario de la operación encargada por la matriz bancaria.
La voz había sido presuntamente reproducida mediante herramientas de inteligencia artificial. El verdadero Nastasi era completamente ajeno a los hechos y desconocía que su identidad profesional estaba siendo utilizada. Su voz, unida a la relación previa con Molesini y al peso reputacional de A&O Shearman, proporcionó a la falsa operación la apariencia de legalidad que necesitaban los delincuentes.
Después llegaron correos electrónicos aparentemente procedentes del despacho y documentación elaborada para sostener la ficción. Según las informaciones conocidas, el expediente incluía hasta once documentos, entre ellos compromisos de confidencialidad, una supuesta autorización firmada por Messina y las coordenadas de las sociedades y cuentas extranjeras destinatarias de los fondos. Los estafadores también habrían contactado con el responsable de tesorería y pagos de Fideuram, haciéndose pasar por otro alto ejecutivo para anticiparle que recibiría instrucciones urgentes y reservadas de Molesini.
Fondos enviados a China, Hong Kong y Portugal
La combinación de todos estos elementos activó las transferencias. Los fondos fueron enviados mediante varias operaciones a cuentas situadas principalmente en China, Hong Kong y Portugal. Fideuram consiguió detener alrededor de 42 millones de euros en entidades chinas. Otros 13 millones fueron congelados en Portugal mediante una medida cautelar acordada en la investigación italiana y ejecutada con cooperación internacional. Parte del dinero restante habría circulado por distintas jurisdicciones y terminado convertido en criptoactivos, lo que dificulta su seguimiento y recuperación.
La cifra definitiva del perjuicio todavía no está cerrada. Las primeras informaciones situaron el dinero desaparecido en 36 millones, resultado de restar a los 95 millones transferidos los aproximadamente 59 millones recuperados. Una actualización posterior de ANSA, basada en las actuaciones judiciales, elevó a 39,5 millones la cantidad pendiente. La diferencia podría responder al distinto momento en que se contabilizaron los fondos bloqueados, recuperados o todavía sujetos a medidas cautelares.
La Fiscalía de Milán, dirigida por Marcello Viola, investiga los hechos con los Carabinieri del Núcleo de Investigación. El procedimiento está asignado a fiscales integrados en el grupo especializado que coordina Eugenio Fusco y cuenta al menos con una persona investigada, identificada provisionalmente como un ciudadano extranjero de 48 años. Las autoridades tratan de determinar si esa identidad es real y de reconstruir la red internacional utilizada para recibir, fragmentar y transformar el dinero.
Otros fraudes semejantes
El caso de Fideuram no sería aislado. La Fiscalía milanesa mantiene abiertas otras investigaciones por fraudes semejantes contra entidades financieras italianas, entre ellas una operación de aproximadamente 24 millones que tuvo como objetivo a una directiva de Banca Ifis y otra cercana a los dos millones contra una entidad de menor tamaño. En todos los casos se habrían combinado mensajes, correos electrónicos, suplantación de altos ejecutivos y clonación de voz.
Desde el punto de vista penal, la conducta encaja inicialmente en el delito de estafa regulado por el artículo 640 del Código Penal italiano, sin perjuicio de las posibles responsabilidades por suplantación de identidad, falsedad documental, blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de valores. La elevada cuantía, la actuación organizada y el desplazamiento internacional de los fondos pueden determinar la aplicación de modalidades agravadas.
La utilización de la inteligencia artificial tiene, además, consecuencias penales específicas desde la aprobación de la Ley italiana 132/2025, de 23 de septiembre, sobre inteligencia artificial. La norma introdujo en el artículo 61 del Código Penal una circunstancia agravante común para los delitos cometidos mediante sistemas de IA cuando estos hayan constituido un medio especialmente insidioso, hayan dificultado la defensa pública o privada o hayan agravado las consecuencias del delito.
El uso de IA, circunstancia agravante
La misma ley incorporó el artículo 612-quater al Código Penal italiano, que castiga con penas de uno a cinco años de prisión a quien, sin consentimiento y causando un daño injusto, ceda, publique o difunda imágenes, vídeos o voces falsificadas o alteradas mediante inteligencia artificial que sean idóneas para inducir a error sobre su autenticidad. La reproducción de la voz de Nastasi podría adquirir relevancia autónoma conforme a este precepto, además de actuar como instrumento y circunstancia agravante de la estafa principal. La calificación definitiva dependerá, no obstante, de los hechos que logre acreditar la Fiscalía y de la participación atribuida a cada investigado.
El caso también se sitúa en la intersección con el Reglamento europeo de inteligencia artificial. Su artículo 50 obliga a los proveedores de sistemas generadores de contenido sintético a incorporar mecanismos que permitan detectar que el audio, la imagen o el vídeo han sido generados o manipulados artificialmente. Asimismo, quienes utilicen sistemas de IA para producir un deepfake deben revelar esa circunstancia.
Estas obligaciones de transparencia resultan plenamente aplicables desde el 2 de agosto de 2026, varios meses después del fraude de Fideuram, por lo que no pueden proyectarse retroactivamente sobre los hechos de febrero. En cualquier caso, el AI Act constituye principalmente un régimen de cumplimiento para proveedores y usuarios legítimos, no un instrumento capaz de impedir por sí mismo que una organización criminal elimine marcas, utilice herramientas no conformes o ignore deliberadamente las obligaciones de identificación.
Protección de datos
La clonación de una voz reconocible también plantea cuestiones de protección de datos. Una grabación vocal constituye información personal cuando permite identificar a su titular y puede adquirir la consideración de dato biométrico si se procesa específicamente para lograr una identificación unívoca. El uso de muestras de voz para entrenar o generar una réplica sin conocimiento del afectado puede vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos, al margen de las responsabilidades penales y civiles derivadas del perjuicio reputacional.
En el plano bancario, el asunto pone a prueba el Reglamento europeo 2022/2554 sobre resiliencia operativa digital del sector financiero, conocido como DORA y aplicable desde enero de 2025. La norma obliga a las entidades a gestionar los riesgos tecnológicos, detectar actividades anómalas y clasificar y comunicar determinados incidentes. Su definición de incidente operativo o de seguridad relacionado con pagos puede comprender acontecimientos que afecten a los servicios de pago aunque no exista una intrusión informática propiamente dicha.
Intesa Sanpaolo ha subrayado que sus sistemas no fueron hackeados. Esa circunstancia desplaza el foco desde la seguridad puramente tecnológica hacia los procedimientos internos de autorización, segregación de funciones y verificación de órdenes extraordinarias. Una voz reconocible, un correo con la apariencia correcta o una orden supuestamente confidencial ya no pueden funcionar como factores suficientes de autenticación para operaciones de gran cuantía.
Dimisión de Molesini
Molesini presentó su dimisión como presidente de Fideuram el 12 de marzo, pocas semanas después de los hechos. La comunicación oficial de la entidad atribuyó la decisión a motivos personales. El antiguo directivo no figura como investigado y, según las informaciones publicadas, tampoco es destinatario de acciones judiciales promovidas por el banco.
Para la abogacía de los negocios, el caso contiene una advertencia adicional. La identidad de los socios de los grandes despachos, sus intervenciones públicas, entrevistas, seminarios y grabaciones disponibles en internet pueden ser utilizadas para construir réplicas de voz convincentes. El prestigio profesional se convierte así en una credencial susceptible de apropiación delictiva.
La respuesta no puede limitarse a advertir sobre los deepfakes. Bancos, empresas y firmas jurídicas deberán implantar protocolos de confirmación por canales independientes, devolución de llamadas a números previamente registrados, doble autorización y comprobación presencial o mediante credenciales robustas para cualquier instrucción excepcional. El fraude a Fideuram demuestra que, en la era de la inteligencia artificial generativa, reconocer una voz ya no equivale a identificar jurídicamente a quien habla.
