El jurado del Tribunal Superior de Plymouth, formado por nueve mujeres y tres hombres, informó este martes al juez William Sullivan de que había sido incapaz de alcanzar la unanimidad durante los tres primeros días completos de deliberación y el comienzo del cuarto. Sullivan rechazó por ahora considerar agotada la discusión y ordenó a sus integrantes que regresaran a la sala de deliberaciones teniendo en cuenta la extensión excepcional del juicio, durante el cual han declarado más de ochenta testigos y se han incorporado unos trescientos elementos probatorios.
La comunicación constituye la primera manifestación formal de bloqueo, pero no permite saber cuál es la distribución de votos ni si la discrepancia se refiere a la existencia de responsabilidad penal, al grado de homicidio aplicable o a la posibilidad de dictar una condena por una infracción menor. A la hora de redactar esta información no existe, por tanto, ni veredicto ni declaración de nulidad del juicio, sino un jurado que ha advertido de su desacuerdo y un juez que considera prematuro aceptar que la deliberación ha llegado a un punto irreversible.
Clancy, de 36 años y enfermera especializada en partos, ha reconocido que el 24 de enero de 2023 causó la muerte de sus hijos Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en el domicilio familiar de Duxbury, al sur de Boston. Según la reconstrucción presentada durante el juicio, pidió a su marido, Patrick Clancy, que saliera a comprar medicamentos y recogiera comida preparada, aprovechó su ausencia para llevar a los niños al sótano y los estranguló con bandas de ejercicio, tras lo cual se produjo cortes en el cuello y las muñecas y se arrojó desde una ventana de la segunda planta.
Intento de suicidio
Las dos hijas mayores murieron aquel día y el bebé falleció tres días después. El intento de suicidio dejó a Clancy con una lesión medular que la obliga a utilizar una silla de ruedas. La acusación formuló tres cargos de asesinato y otros tres de estrangulamiento o asfixia, aunque el objeto decisivo del proceso no ha sido determinar quién ejecutó materialmente los actos, algo admitido por la defensa, sino establecer qué capacidad mental conservaba su autora durante los minutos en los que los llevó a cabo.
La defensa sostiene que Clancy sufría un trastorno bipolar que evolucionó hacia una psicosis posparto y que, en el momento de las muertes, obedeció una alucinación imperativa representada por una voz masculina que le ordenó matar a sus hijos y suicidarse. Sus peritos han descrito un deterioro progresivo iniciado después del nacimiento de Callan, marcado por insomnio, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas e ideas intrusivas relacionadas con el daño a los niños. El psiquiatra forense Phillip Resnick afirmó que aquella enfermedad redujo sustancialmente la capacidad de Clancy para controlar su conducta, conclusión compartida en lo esencial por otro especialista presentado por la defensa.
El Commonwealth de Massachusetts no niega que la acusada atravesara una enfermedad mental grave, pero rechaza que se encontrara en un episodio psicótico que satisficiera el estándar legal de irresponsabilidad. Sus peritos han destacado que Clancy no comunicó la existencia de aquella voz antes de las muertes, que su relato posterior presentaba inconsistencias y que la preparación de la salida de su marido, la elección del momento, el empleo sucesivo de las bandas y el posterior intento de suicidio revelaban una conducta orientada a una finalidad.
Una de las tesis de la acusación es que se produjo un supuesto de filicidio altruista, categoría psiquiátrica utilizada para describir los casos en los que un progenitor suicida mata a sus hijos porque cree que no podrán vivir sin él, pero sin que esa motivación implique necesariamente una pérdida jurídicamente relevante de la capacidad de comprender o gobernar los propios actos.
Dimensión cognitiva y volitiva
El derecho de Massachusetts sitúa el litigio en un terreno más preciso que el debate público sobre la existencia o inexistencia de psicosis posparto. Conforme a las instrucciones oficiales sobre responsabilidad penal, una persona no es criminalmente responsable cuando una enfermedad o defecto mental le ocasiona una falta sustancial de capacidad para apreciar la criminalidad o incorrección de sus actos, o para ajustar su conducta a las exigencias de la ley. Se trata de un estándar que incorpora una dimensión cognitiva y otra volitiva, por lo que no basta con demostrar que la acusada conocía materialmente lo que estaba haciendo si, a causa de la enfermedad, carecía de capacidad sustancial para comprender su carácter ilícito o para contenerse.
Tampoco resulta suficiente acreditar un diagnóstico médico, porque la noción de enfermedad mental cumple en este contexto una función jurídica y no se identifica automáticamente con las categorías clínicas. Una vez aportada prueba suficiente para suscitar la cuestión, corresponde al Commonwealth demostrar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable y la acusada no soporta la carga de probar su inimputabilidad. El jurado puede, por consiguiente, estar convencido de que Clancy padecía una patología grave y concluir al mismo tiempo que conservaba capacidad penal, del mismo modo que puede considerar planificados externamente los actos y apreciar que esa planificación era compatible con una mente dominada por un delirio.
Privación de libertad e internamiento psiquiátrico
Una declaración de falta de responsabilidad penal tampoco equivaldría a una puesta en libertad. El tribunal podría ordenar el internamiento de Clancy en una institución psiquiátrica si aprecia que su enfermedad y peligrosidad lo justifican, con revisiones judiciales posteriores y la posibilidad de que la privación de libertad se prolongue mientras subsistan los presupuestos de la medida. En el extremo opuesto, una condena por asesinato en primer grado puede llevar aparejada la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que las alternativas sometidas al jurado incluyen formas de asesinato de segundo grado y homicidio con consecuencias punitivas diferentes.
Entre ambos resultados existe una distancia jurídica y vital difícilmente reducible mediante una solución de compromiso. Esa estructura ayuda a explicar el bloqueo porque quien considere que la psicosis anuló la capacidad de Clancy difícilmente podrá aceptar una condena para aproximarse a la mayoría, mientras que quien entienda que preparó y ejecutó conscientemente la muerte de tres niños puede resistirse a una absolución fundada en la enfermedad mental, aunque admita la existencia de depresión, ideación suicida o tratamiento psiquiátrico defectuoso.
Guerra cultural
Alrededor de esa pregunta jurídica se ha construido en Estados Unidos una controversia mucho más amplia sobre la maternidad, la medicina, el sexo, la responsabilidad individual y la legitimidad del castigo. Centenares de mujeres, muchas vestidas de rosa, han acudido al tribunal o han participado en concentraciones de apoyo a Clancy, mientras otras han seguido durante horas la retransmisión del juicio y han relatado en internet sus propias experiencias de depresión posparto, pensamientos intrusivos, insomnio extremo o miedo a hacer daño a sus hijos.
Para este sector, la acusada representa a una madre que pidió ayuda reiteradamente y fue devuelta a su domicilio por un sistema fragmentado que no supo distinguir una depresión grave de una emergencia psicótica. Clancy acudió a numerosos profesionales, probó una larga sucesión de medicamentos, llamó a una línea de prevención del suicidio, fue examinada en urgencias y permaneció ingresada en un centro psiquiátrico del que había salido diecinueve días antes de las muertes. La movilización, descrita ampliamente por The Atlantic, no se limita a sostener una estrategia procesal, sino que presenta el caso como una acusación contra un sistema sanitario que habría escuchado los síntomas de la paciente sin comprender la magnitud del peligro.
En el campo contrario, comentaristas conservadores, colectivos críticos con el feminismo y numerosos participantes en comunidades dedicadas al seguimiento de procesos penales sostienen que ese relato desplaza a las víctimas y convierte la enfermedad en una explicación total que termina por negar la capacidad moral de las mujeres. Su argumento consiste en afirmar que la simpatía despertada por una madre blanca, profesional sanitaria y perteneciente a una familia acomodada está generando un estándar de responsabilidad distinto del que se aplicaría a un padre que hubiese matado a tres hijos después de conseguir que su esposa abandonara la vivienda.
Desde esta posición se invocan la meticulosidad de la conducta, las campañas de recaudación en favor de Clancy y la atención prestada a su sufrimiento como signos de una cultura dispuesta a encontrar justificaciones para la autora antes de haber agotado el duelo por Cora, Dawson y Callan. Algunas publicaciones han llevado esta tesis hasta presentar el juicio como un examen del propio feminismo, mientras determinados sectores contrarios al aborto discuten si su tradicional inclinación a tratar con indulgencia a las madres en situaciones de crisis puede mantenerse cuando las víctimas son niños ya nacidos.
No se trata, sin embargo, de una división convencional entre progresistas y conservadores. Dentro de la derecha han aparecido enfrentamientos entre quienes atribuyen la tragedia a la irresponsabilidad individual, quienes la utilizan como denuncia de la industria farmacéutica y quienes consideran que negar la gravedad de las enfermedades posparto constituye una forma de crueldad ideológica.
Controversia racial y de género
Algunas voces se preguntan si una acusada negra, pobre, drogodependiente, con antecedentes penales o incapaz de encarnar la imagen social de la madre abnegada habría recibido el mismo caudal de empatía, donaciones y cobertura centrada en los fallos del sistema sanitario. El género puede operar además en direcciones contradictorias. La maternidad idealizada facilita que parte del público interprete un crimen de estas características como prueba de que tuvo que existir una enfermedad devastadora, pero también puede agravar el juicio moral contra quien quebranta de la manera más extrema el deber cultural de protección asociado a la madre. La profesora Valerie Hans, especialista de la Universidad de Cornell en jurados y toma de decisiones, ha advertido de esta doble influencia de los estereotipos y de la dimensión emocional del proceso, en el que los miembros del jurado deben separar la compasión, el horror y sus propias concepciones sobre la maternidad de la pregunta más limitada que les plantea la ley. Su análisis puede consultarse en esta nota de Cornell.
También los especialistas en salud mental perinatal observan con inquietud la conversión del proceso en un plebiscito sobre la asistencia psiquiátrica. La psicosis posparto es una enfermedad infrecuente, estimada aproximadamente entre uno y dos casos por cada mil partos, y debe diferenciarse de la depresión, la ansiedad y los pensamientos intrusivos, que son mucho más comunes y no significan por sí solos que una madre vaya a lesionar a sus hijos. La equiparación pública entre pensamiento intrusivo y riesgo homicida puede hacer que algunas mujeres oculten síntomas por temor a perder la custodia, ser hospitalizadas contra su voluntad o quedar señaladas como peligrosas.
Al mismo tiempo, la demanda civil presentada por Patrick Clancy contra varios proveedores sanitarios y la tesis de que los médicos tuvieron múltiples oportunidades para prevenir las muertes podrían incentivar una medicina defensiva que condujera a ingresos innecesarios, comunicaciones automáticas a los servicios de protección de menores o incluso al rechazo de pacientes complejas. Dos psiquiatras especializadas en reproducción y evaluación forense han expuesto que Estados Unidos cuenta con apenas unos quinientos profesionales dedicados específicamente a la psiquiatría reproductiva y que una respuesta punitiva o excesivamente defensiva puede empeorar el acceso a una atención ya escasa. La paradoja consiste en que un caso utilizado para exigir mayor protección de las madres podría terminar reforzando las barreras que las disuaden de hablar con franqueza.
Retransmisión íntegra del juicio
La retransmisión íntegra del juicio ha añadido una última capa de confrontación. Las redes sociales han convertido cada gesto de Clancy, cada reacción de su marido y cada discrepancia entre peritos en materia prima para comunidades que mezclan análisis jurídico, identificación personal, entretenimiento criminal y teorías conspirativas. Aunque la acusada ha admitido la autoría material, han circulado hipótesis que responsabilizan al marido, a un intruso, a los médicos o a una combinación de medicamentos, junto con interpretaciones de su peinado, su ropa, su manera de mirar al jurado o su aparente ausencia de emoción.
El proceso ha pasado así de ser una causa penal sobre un episodio concreto de capacidad mental a convertirse en una narración colectiva en la que cada grupo encuentra confirmación de una tesis previa sobre las mujeres, la familia, la psiquiatría, los fármacos o el sistema judicial. Esa apropiación dificulta recordar que el jurado no está llamado a resolver si la asistencia médica estadounidense es adecuada, si el feminismo favorece una doble vara de medir o si Clancy merece compasión, sino si el Commonwealth ha probado más allá de toda duda razonable que era criminalmente responsable en el momento de los hechos.
El precedente de Andrea Yates
El precedente que sobrevuela el juicio es el de Andrea Yates, la madre de Texas que ahogó a sus cinco hijos en 2001 mientras sufría una enfermedad mental severa. Yates fue condenada inicialmente, pero un segundo jurado la declaró no culpable por razón de insanidad después de que se anulara el primer juicio, entre otros motivos por el testimonio falso de un perito de la acusación. Desde entonces permanece internada en una institución psiquiátrica. La comparación muestra tanto la capacidad de la defensa de inimputabilidad para evitar una condena penitenciaria como la enorme resistencia cultural que provoca en Estados Unidos, donde la mayoría de los estados carece de una figura específica de infanticidio vinculada a trastornos derivados del parto y obliga a encajar estos casos en las categorías generales de asesinato, homicidio o insanidad.
Quienes proponen una regulación diferenciada consideran que el modelo penal ignora una patología ligada al embarazo y al parto. Sus adversarios responden que una categoría especial puede reducir la protección de los niños y establecer una responsabilidad distinta en función del sexo o la condición parental del autor.
Si el jurado vuelve a declarar que el desacuerdo persiste, el juez podrá impartir la instrucción reforzada conocida en Massachusetts como Tuey-Rodriguez, destinada a que cada integrante reexamine de buena fe su posición, escuche los argumentos de los demás y valore si sus dudas son razonables, pero sin renunciar a una convicción sinceramente mantenida solo para producir un veredicto. Si después de una deliberación suficiente la unanimidad continúa siendo imposible, Sullivan podrá declarar la nulidad del juicio por jurado en desacuerdo.
Esa decisión no absolvería a Clancy ni extinguiría los cargos, que permanecerían pendientes mientras la Fiscalía decide si promueve un nuevo juicio, negocia otra resolución o reconsidera el alcance de la acusación. El atasco actual no demuestra que el jurado haya trasladado a la sala de deliberaciones todas las batallas culturales desarrolladas fuera del tribunal, pero sí confirma la dificultad de formular una respuesta binaria cuando la prueba admite que existió una enfermedad mental grave y exige decidir, con consecuencias irreversibles, si aquella enfermedad llegó a destruir la responsabilidad jurídica de quien mató a tres niños.
