El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de especial trascendencia para el derecho concursal y societario al resolver que la persona física que representa a una sociedad administradora puede ser considerada persona afectada por la calificación culpable del concurso. La resolución aborda una cuestión que durante años había generado dudas prácticas en procedimientos de insolvencia, la de qué ocurre cuando quien figura formalmente como administrador de la concursada no es una persona natural, sino una sociedad, y las decisiones de gestión son ejecutadas por la persona física designada para ejercer permanentemente ese cargo. La Sala Primera concluye que esa persona física no queda al margen de la responsabilidad concursal por el mero hecho de actuar a través de una persona jurídica administradora.
El caso parte del concurso de una sociedad limitada unipersonal cuya administración correspondía a otra sociedad limitada. Esta, como exige la Ley de Sociedades de Capital, había designado a una persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. En la pieza de calificación, la administración concursal, con adhesión del Ministerio Fiscal, solicitó la declaración de culpabilidad del concurso y la determinación de las personas afectadas. Tanto en primera instancia como en apelación se consideró que debían quedar comprendidos en esa calificación la sociedad administradora y su representante físico. La condena incluía la inhabilitación del representante, la pérdida de los derechos que ambos pudieran tener como acreedores concursales o contra la masa y el abono del déficit concursal. El representante físico recurrió en casación alegando que el artículo 455.2.1º del Texto Refundido de la Ley Concursal no menciona expresamente a los representantes de personas jurídicas administradoras entre las personas que pueden ser afectadas por la calificación culpable.
La respuesta del Supremo descansa en una interpretación sistemática del Texto Refundido de la Ley Concursal y de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo 455.2.1º TRLC establece que, en caso de persona jurídica concursada, podrán ser consideradas personas afectadas por la calificación los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, los directores generales y quienes hubieran tenido cualquiera de esas condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. A su vez, el artículo 212 bis.1 LSC impone que, cuando el administrador sea una persona jurídica, esta designe una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Y el artículo 236.5 LSC somete a esa persona física a los mismos deberes que los administradores y la hace responder solidariamente con la persona jurídica administradora. Para la Sala, esos tres preceptos no pueden leerse de forma aislada, sino como un “bloque normativo” dirigido a proteger a terceros frente a las actuaciones antijurídicas de los administradores sociales.
Evitar una salida puramente formalista
La sentencia es relevante porque evita una salida puramente formalista. El Supremo afirma que la ficción de la personalidad jurídica no puede llevarse hasta el extremo de ignorar que la sociedad administradora actúa necesariamente por medio de una persona física. Esa persona no es un simple tercero ajeno a la gestión, sino quien ejerce de manera permanente las funciones propias del cargo de administrador. Por eso, aunque el artículo 455 TRLC no la mencione expresamente, su posición jurídica debe integrarse con el régimen societario que la somete a deberes y responsabilidad solidaria. En términos prácticos, el Alto Tribunal equipara el estatuto funcional del representante físico al de la persona jurídica administradora en materia de deberes y responsabilidades, también cuando la conducta haya causado o agravado la insolvencia.
El fallo también despeja otra cuestión técnica importante: el representante físico de una sociedad administradora no necesita ser reconducido artificialmente a la categoría de administrador de hecho. La propia Sala recuerda su sentencia 104/2018, de 1 de marzo, en la que ya había señalado que las personas físicas representantes de personas jurídicas administradoras no pueden ser calificadas como administradores de hecho, porque ejercen el cargo mediante una representación expresamente prevista por la ley. La novedad no está, por tanto, en transformar al representante en administrador de hecho, sino en reconocer que su estatuto legal propio, derivado de los artículos 212 bis y 236.5 LSC, permite extenderle la responsabilidad en sede concursal cuando se declara culpable el concurso.
La consecuencia doctrinal es clara, si la persona jurídica administradora y su representante físico responden solidariamente frente a la sociedad mediante la acción social, frente a terceros mediante la acción individual, por deudas sociales en los supuestos del artículo 367 LSC y por causar o agravar la insolvencia, ambos pueden ser considerados personas afectadas por la calificación culpable del concurso conforme al artículo 455.2.1º TRLC. Esa afirmación tiene un impacto directo en la estrategia procesal de administraciones concursales, acreedores y defensas de administradores, porque impide que la interposición de una sociedad administradora funcione como escudo absoluto frente a las consecuencias personales de una gestión antijurídica.
Ahora bien, el Supremo no extiende de forma indiscriminada todas las consecuencias de la calificación culpable. La resolución distingue entre las distintas medidas previstas en el régimen concursal. La inhabilitación para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona y ejercer el comercio solo puede imponerse al representante persona física, porque la medida tiene sentido respecto de quien actuó antijurídicamente y no respecto de la persona jurídica como tal. La condena a cubrir el déficit concursal sí puede imponerse solidariamente tanto a la sociedad administradora como a su representante, cuando esté vinculada a las conductas que determinaron la culpabilidad. En cambio, la pérdida de derechos como acreedor concursal o contra la masa no puede trasladarse al representante físico, porque no deriva del artículo 236.5 LSC, no guarda relación resarcitoria con la masa activa y tiene una naturaleza sancionadora propia de la persona jurídica administradora.
Recurso estimado parcialmente
Esta delimitación explica que el recurso de casación fuera estimado solo parcialmente. El Supremo mantiene la posibilidad de considerar al representante físico persona afectada por la calificación, así como la inhabilitación y la responsabilidad solidaria por el déficit concursal, pero deja sin efecto la condena relativa a la pérdida de los derechos que el recurrente pudiera ostentar como acreedor concursal o contra la masa. La sentencia no se limita, por tanto, a ampliar el perímetro subjetivo de la responsabilidad, sino que ordena sus efectos de acuerdo con la naturaleza de cada consecuencia jurídica.
Para los operadores jurídicos, la resolución tiene una importancia que va más allá del caso concreto. En concursos de cierta complejidad no es infrecuente que la administración de una sociedad se articule mediante otra persona jurídica, especialmente dentro de grupos empresariales o estructuras societarias con sociedades vehículo. Hasta ahora, la ausencia de una mención expresa al representante físico en el artículo 455 TRLC había alimentado la discusión sobre si podía ser declarado persona afectada por la calificación culpable. Firmas como Cuatrecasas, CMS o PwC han destacado precisamente esa dimensión práctica: el fallo ofrece una primera respuesta clara del Alto Tribunal a una cuestión que había provocado debate doctrinal y litigiosidad en las secciones de calificación.
La doctrina fijada también refuerza la función de la calificación concursal como instrumento de depuración de responsabilidades cuando la insolvencia no es meramente fortuita, sino consecuencia de conductas dolosas o gravemente culposas. El mensaje es particularmente relevante para quienes aceptan actuar como representantes físicos de sociedades administradoras: la designación no es una formalidad neutra ni una posición meramente nominal. Quien ejerce permanentemente las funciones de administración queda sometido a los deberes legales del administrador y puede responder personalmente si su actuación contribuye a generar o agravar la insolvencia de la sociedad concursada. (CMS Law)
El fallo introduce, además, una lectura restrictiva del uso de estructuras societarias como mecanismo de blindaje. La sociedad administradora conserva su personalidad jurídica y su propio régimen de responsabilidad, pero esa personalidad no puede convertirse en una pantalla que haga desaparecer al sujeto que, en la práctica y por mandato legal, actúa en su nombre. Desde la perspectiva de los acreedores, la sentencia amplía las posibilidades de recuperación cuando el concurso es declarado culpable y existe déficit concursal. Desde la perspectiva de los administradores y sus asesores, obliga a revisar con mayor cuidado las designaciones de representantes, la documentación de decisiones de gestión y la trazabilidad de las actuaciones realizadas en situaciones de deterioro patrimonial o preinsolvencia.
La resolución no elimina todas las zonas de incertidumbre. La propia discusión doctrinal que precede al fallo muestra que el legislador podría haber resuelto de forma más clara la cuestión incorporando expresamente al representante físico de la persona jurídica administradora dentro del catálogo de sujetos potencialmente afectados por la calificación. Pero, a falta de esa reforma, el Supremo ha optado por una integración normativa entre derecho societario y derecho concursal que busca preservar la eficacia del sistema de responsabilidad. La sentencia 114/2026 se perfila así como una referencia obligada en las futuras piezas de calificación en las que el órgano de administración de la concursada haya estado ocupado por una persona jurídica.
