La decisión se adopta después de que la magistrada María Tardón, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, comunicara al juzgado de Ceuta la existencia de las diligencias previas 64/2026 y le pidiera que valorara si los hechos investigados formaban parte del mismo episodio. La Fiscalía de Ceuta había informado previamente a favor de la inhibición.
El auto considera que las actuaciones seguidas en Ceuta se insertan en “la misma secuencia fáctica y operativa” que investiga la Audiencia Nacional en relación con la organización, movilización y efectos de la entrada masiva de personas desde territorio marroquí. La magistrada aprecia, además de una conexión objetiva y subjetiva, una unidad de contexto, secuencia y fuentes de prueba que desaconseja mantener dos investigaciones paralelas.
Las diligencias ceutíes, registradas con el número 473/2026, se iniciaron a partir de las denuncias y querellas presentadas por Manos Limpias, Hazte Oír y Vox contra Pérez Triano. Los escritos cuestionan la respuesta de la Delegación del Gobierno ante las informaciones y avisos recibidos antes de los acontecimientos fronterizos. Entre las diligencias solicitadas figuran la declaración del delegado como investigado, la conservación de correos electrónicos y grabaciones, la incorporación de atestados policiales y la comparecencia como testigo de su antiguo jefe de gabinete.
Determinar si existen indicios suficientes
La remisión de la causa no implica que esas diligencias hayan sido admitidas ni contiene una valoración sobre su pertinencia. Corresponderá ahora a la instructora de la Audiencia Nacional decidir cuáles resultan útiles y proporcionadas, delimitar la posición procesal de las personas afectadas y determinar si existen indicios suficientes para dirigir formalmente la investigación contra alguna de ellas.
El fundamento de la inhibición es estrictamente competencial. La Audiencia Nacional había asumido previamente la investigación principal al apreciar que los hechos podían estar relacionados con una actuación concertada o dirigida desde el extranjero y presentar, de manera provisional, relevancia penal para la integridad territorial y la independencia del Estado. Esa calificación tiene carácter inicial y podrá modificarse conforme avance la instrucción.
La investigación central pretende determinar si la entrada masiva fue espontánea o respondió a algún grado de organización, coordinación o favorecimiento desde Marruecos. La magistrada Tardón ha reclamado documentación policial y copias autenticadas de los informes y comunicaciones desclasificados por el Gobierno. También ha admitido la personación del Estado como acusación particular al considerar que puede tener la condición de perjudicado por los hechos examinados.
Respuesta de las autoridades españolas
La incorporación de la causa ceutí permitirá analizar conjuntamente la eventual operación exterior y la respuesta de las autoridades españolas. Desde una perspectiva procesal, la acumulación persigue evitar resoluciones incompatibles, reducir la duplicidad de diligencias y preservar la unidad de la prueba, especialmente respecto de las comunicaciones previas, la cadena de transmisión de alertas y las decisiones adoptadas durante las horas anteriores a la entrada fronteriza.
No obstante, la concentración de las actuaciones en la Audiencia Nacional no convierte automáticamente en penalmente relevante una eventual deficiencia administrativa o de coordinación. Para apreciar responsabilidad será necesario identificar un deber jurídico concreto de actuación, acreditar su incumplimiento y establecer, en su caso, la relación causal y el elemento subjetivo exigidos por el tipo penal aplicable. La mera discrepancia sobre la gestión de una emergencia o sobre la suficiencia de las medidas adoptadas no basta para fundamentar una imputación penal.
La Audiencia Nacional deberá ahora incorporar formalmente las actuaciones remitidas y precisar el objeto de la investigación unificada. La inhibición resuelve, por el momento, qué órgano debe practicar las diligencias, pero deja abierta la cuestión sustantiva: si los hechos denunciados presentan relevancia penal y si pueden atribuirse individualmente al delegado del Gobierno o a otros responsables públicos.
