Pedir por internet una nota simple —el documento que certifica quién es el propietario de una vivienda y qué cargas tiene— debería ser, en teoría, la operación más barata y sencilla que ofrece el Registro de la Propiedad. Un formulario, un clic, y la respuesta llega al correo electrónico en cuestión de minutos u horas. Sin embargo, según denuncia la Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Registros Públicos (UdR) en un informe remitido esta semana al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ese trámite aparentemente único se factura como si fueran tres servicios distintos: la solicitud, la remisión y la expedición de la información. Tres cobros por un acto que el ciudadano percibe —y ejecuta— como uno solo.
El documento, firmado el 4 de agosto por el presidente de la entidad, Javier Martínez del Moral, llega en un momento clave. El Ministerio tiene abierto un proceso para reformar el reglamento que fija los honorarios de los registradores, congelado casi sin cambios desde 1989. Y lo que la asociación sostiene, con datos y con una sentencia judicial de por medio, es que esa reforma no corrige el problema, sino que lo blinda.
De la ventanilla al teclado, una digitalización cara
El arancel vigente, aprobado por el Real Decreto 1427/1989, fija con toda claridad el precio de una nota simple informativa: 3,005061 euros por finca, poco más de tres euros. Es la cifra que figura, letra por letra, en la norma que cualquier ciudadano puede consultar.
Pero esa no es la cifra que se paga en la práctica desde hace casi treinta años. A partir de una Instrucción de 29 de octubre de 1996 y de una cadena de resoluciones administrativas posteriores —entre ellas una del 13 de enero de 1998 que nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE)—, la doctrina fue consolidando un criterio distinto. La publicidad registral solicitada por vía telemática devengaría honorarios por la solicitud y por la remisión de la información, no solo por su expedición. El resultado es que la nota simple pedida por internet terminó costando 9,02 euros, el triple del arancel base.
El fenómeno se repite, agravado, en la llamada información continuada —el servicio por el que el Registro avisa al notario de cualquier cambio en una finca durante los días previos a la firma de una escritura—, que se tramitaba por fax hasta que la Ley 11/2023 prohibió ese canal y obligó a sustituirlo por la Sede Electrónica de los Registradores. Cabría esperar, por lógica, que automatizar el proceso abaratase el servicio. Pero no hubo lugar a la lógica, y sucedió lo contrario. Una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de diciembre de 2025, fijó su precio en 12 euros, cuatro veces el arancel original.
Un trámite, tres facturas
El informe de la UdR pone el foco en un mecanismo muy concreto: el desdoblamiento administrativo de un único trámite informático —resuelto por un sistema en cuestión de segundos— en tres actuaciones facturables por separado. Para la Asociación, no se trata de una interpretación forzada de la norma, sino de una construcción que, según denuncia, nunca pasó por el filtro que exige la ley para crear o modificar tributos, y que el Gobierno pretende ahora consolidar por la vía reglamentaria en lugar de corregirla.
Del sobreprecio, un tercio para el propio Colegio
La parte más delicada del informe es económica. Según sus cálculos, aproximadamente un tercio de lo que paga el usuario por cada nota telemática no llega al registrador —que es, según el artículo 294 de la Ley Hipotecaria, el único titular legal del arancel—, sino que se desvía al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (Corpme), la corporación profesional del sector.
Ese desvío se apoya en el artículo 74.9 de los Estatutos Generales del Colegio, una norma interna que ni siquiera establece una cuantía fija, sino que se limita a remitir la decisión a la Asamblea de Decanos, es decir, al propio beneficiario de la detracción. El informe lo resume así de simple: quien determina cuánto se cobra es, precisamente, quien se queda con el dinero. Y añade un relevante matiz jurídico al plantear que esa norma estatutaria regula una cuota interna entre colegiados, y no una participación en los ingresos arancelarios que paga un ciudadano ajeno por completo al Colegio.
Un tribunal ya puso límite: 3,01 euros, no 12
La Asociación (UdR) se apoya en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la primera en España que cuestionó abiertamente este tipo de sobreprecios.
En aquel caso, un registrador de Badajoz cobró 12,03 euros por una nota simple con información continuada cuando, según el tribunal, debió cobrar 3,01 euros. O sea, aplicó un sobreprecio del 300 % sin ninguna base normativa que lo sostuviera.
La sentencia rechazó expresamente que cupiera cobrar por separado la emisión y el envío de una nota simple, y concluyó que ese incremento no tenía ningún respaldo legal. Tal resolución, obviamente, solo obliga en el caso concreto juzgado, pero abre la puerta a que cualquier ciudadano afectado reclame lo cobrado de más, además de marcar criterio para otros tribunales del país.
Blindar, en lugar de corregir
Frente a ese pronunciamiento judicial, la propuesta de reforma que el Ministerio somete a consulta pública guarda silencio. No lo cita, no lo rebate y menos aún explica por qué el nuevo reglamento debería recoger precisamente el criterio que un tribunal acaba de declarar sin cobertura legal. Para la UdR, ese silencio no es casual, sino un déficit de motivación incompatible con los principios de buena regulación que exige la Ley 39/2015.
A la sustancia del problema se suma la forma. El trámite de consulta pública, amparado en la Ley 39/2015 y en la Ley 50/1997, permaneció abierto tan solo del 22 de julio al 5 de agosto de 2026 —quince días naturales, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de buena parte de los despachos, asesorías y organizaciones de consumidores llamados a opinar—.
Mientras los importes de 9,02 y 12 euros descansen en simple doctrina administrativa, el usuario disconforme conserva margen para impugnar sus minutas. En cuanto se incorporen al reglamento, esa vía prácticamente se cierra, y solo quedará abierta la opción –mucho más ardua, costosa e incierta– de recurrir el propio Real Decreto.
Lo que pide la Asociación
El informe, además de denunciar, plantea alternativas concretas. Pide, por ejemplo, excluir del cobro a los titulares registrales que consultan sus propios datos. A estos, señala, se les factura dos veces por el mismo servicio, pues el arancel de inscripción ya incluye el de publicidad. También solicita la excepción del cobro para los funcionarios públicos que acceden por razón de su cargo, pues la ley ya declara gratuito ese acceso.
Como cambio de fondo, la Asociación reclama sustituir el actual arancel por una tasa registral ligada al coste real del servicio, gestionada con las garantías de la Ley General Tributaria y sin margen para que ninguna corporación profesional participe en su recaudación. A fin de cuentas –y esto es lo sustantivo–, se trata de un debate que va más allá del ámbito jurídico, pues cotidianamente afecta a cualquier persona que compre una vivienda, solicite una hipoteca o que, simplemente, quiera comprobar quién figura como dueño de una finca.
