Para desmontar la ficción de la opacidad, basta con asomarse a la infraestructura tecnológica que el Estado español ya posee y utiliza a diario. Desde el 1 de enero de 2004, el Consejo General del Notariado opera el Índice Único Informatizado (IUI). No se trata de un mero archivo de PDFs, sino de una gigantesca base de datos parametrizada donde se graba, con periodicidad quincenal y en formato estructurado, el contenido de cualquier documento público autorizado o intervenido en España.
¿Qué ignora deliberadamente el preámbulo del ALOIP? Que en el IUI ya consta, con valor documental público, el ciclo de vida íntegro de las participaciones sociales. En esta base de datos se refleja milimétricamente la constitución de la sociedad, cualquier transmisión a título oneroso o gratuito, la constitución de garantías reales y de dominio dividido (nuda propiedad y usufructo), las operaciones estructurales como fusiones o escisiones y las operaciones de extinción societaria. Es decir, el tracto sucesivo de la propiedad está perfectamente trazado y custodiado por funcionarios públicos.
3,3 millones de entidades bajo control
Las cifras del IUI destruyen cualquier relato de descontrol. A enero de 2026, esta base de datos acumula más de 173 millones de documentos notariales. En sus registros obran los datos de más de 47,4 millones de personas físicas únicas y, lo que es letal para el argumento del ALOIP: el mapa exacto de 3.300.279 personas jurídicas.
Esta volumetría colosal implica que el Estado ya dispone de información verificada sobre sociedades mercantiles, cooperativas, fundaciones, asociaciones e, incluso, partidos políticos. De todas ellas se conoce su domicilio, su representación orgánica, su titularidad real y, en un porcentaje elevadísimo, su mapa accionarial completo. Frente a este nivel de hiper-transparencia documental, pretender que las SRL envíen un documento privado estandarizado al Registro Mercantil para "arrojar luz" sobre su accionariado es, además de un insulto a la inteligencia, una redundancia burocrática inaudita.
El arsenal del Estado: Un acceso irrestricto para quienes investigan el fraude
Si la información existe y es precisa, la siguiente pregunta obligada es: ¿está oculta en los despachos notariales? La respuesta vuelve a dejar en evidencia la innecesaria injerencia del ALOIP. Esta base de datos no es un silo hermético. La información obrante en esta base de datos tiene valor documental público, de modo que ya desde hace años para conocer quién es el propietario de las participaciones y el titular real, acceden a esa base de datos Jueces, Fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, SEPBLAC, CNI y múltiples sujetos obligados.
Resulta paradójico —cuando no directamente contradictorio— que el legislador redacte una ley clamando por la falta de transparencia para perseguir el crimen organizado, mientras las unidades de inteligencia financiera (SEPBLAC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan años conectadas a este sistema para desarticular tramas de corrupción y blanqueo de capitales. El Estado ya controla a las sociedades; son los redactores del ALOIP quienes parecen ignorar las herramientas de su propia Administración.
Memoria histórica: La supresión de la inscripción registral en 1989
La imposición del registro constitutivo de participaciones que persigue el ALOIP no solo es innecesaria hoy, sino que representa un anacronismo jurídico que España ya superó hace más de tres décadas. La inscripción de la titularidad de las participaciones en el registro mercantil ya existió en el pasado, al amparo del artículo 20 de la LSRL de 1953. Sin embargo, la jurisprudencia de la época ya determinó que dicha inscripción carecía de efecto constitutivo.
El hito fundamental ocurrió con la Ley 19/1989, de 25 de julio, que adaptó la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea. Esta reforma eliminó la exigencia de inscripción registral de las participaciones. ¿El motivo? Su absoluta innecesariedad. El legislador de 1989 comprendió con lucidez que el documento público notarial ya aunaba el título y el modo que genera la transmisión inter vivos o mortis causa. En consecuencia, el Reglamento del Registro Mercantil de 1989, y posteriormente el de 1996, dejaron de contemplar la inscripción de la transmisión de participaciones. La inscripción se eliminó por inútil, dado que es el documento público notarial el vehículo a través del cual el funcionario público controla la legalidad del negocio jurídico.
Una ley en busca de un problema inexistente
El análisis histórico y empírico no deja lugar a dudas. El ALOIP es una solución draconiana en busca de un problema que el ordenamiento jurídico español resolvió hace veinte años con la creación del IUI y la posterior Base de Datos de Titularidad Real.
Legislar basándose en el falso dogma de la opacidad para justificar la intromisión en el tráfico mercantil de las pymes es una técnica inaceptable. Al intentar resucitar un trámite registral que fue abolido en 1989 por su ineficiencia, y al ignorar deliberadamente que 3,3 millones de personas jurídicas ya están radiografiadas a disposición de jueces y fiscales, el ALOIP se despoja de su manto de "integridad pública". Queda al descubierto como lo que verdaderamente es: una maquinaria de generar cargas administrativas que entorpecerá la economía productiva sin aportar ni un solo gramo adicional de seguridad a la prevención del fraude en España.
