El Anexo IV del exhaustivo informe elaborado por el Consejo General del Notariado (CGN) destroza, dato a dato, el mito de la europeización del ALOIP. Lo que revela este documento no es una convergencia hacia las políticas de datos abiertos de la Unión Europea, sino todo lo contrario: la consolidación de un anacronismo territorial y la perpetuación de un lucrativo negocio basado en el cobro de aranceles privativos. El ALOIP no busca que España se parezca a Europa; busca forzar a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas a pasar por una "caja registradora" para pagar por una información que, en las verdaderas potencias europeas, el Estado regala.
La revolución del "Open Data" mercantil en Europa
Para comprender el despropósito económico que encierra el ALOIP, es imprescindible levantar la vista y analizar qué está ocurriendo realmente en los registros mercantiles de nuestros socios comunitarios. Europa ha comprendido que la información corporativa básica (quién es una empresa, dónde está, quién la administra y quiénes son sus socios) no es una mercancía con la que el Estado deba lucrarse, sino una infraestructura digital básica, un bien público esencial para el buen funcionamiento del mercado interior y la prevención del fraude.
Esta filosofía cristaliza en la Directiva (UE) 2017/1132, que sienta las bases para la gratuidad en el acceso a la información básica societaria. Las grandes economías del continente han abrazado este mandato con determinación. El caso más paradigmático es el de Alemania: desde agosto de 2022, el acceso al Handelsregister (Registro Mercantil) alemán es completamente gratuito para cualquier ciudadano, investigador o empresa.
Pero Alemania no es una excepción. Países como Bélgica, Dinamarca, Estonia, Irlanda y Lituania ofrecen acceso general, unificado y gratuito a los datos nucleares de sus sociedades mercantiles. En Francia o Italia, el coste de acceso es mínimo o está absorbido por plataformas centralizadas y cámaras de comercio orientadas al servicio público, no al enriquecimiento particular. En la Europa del siglo XXI, la transparencia se asume como un derecho del mercado financiado por el Estado, no como un peaje.
El peaje registral español: Un mercado cautivo
Frente a esta ola de modernización y apertura de datos, ¿cuál es el modelo que el ALOIP consagra y empodera para España? Un sistema territorializado, fragmentado y estrictamente arancelario. El Registro Mercantil español, lejos de ser una plataforma digital unificada al servicio del ciudadano, opera como una red de 142 registros provinciales autónomos, servidos por funcionarios públicos (los registradores) que, sin embargo, perciben sus ingresos a través de aranceles pagados directamente por los usuarios.
Cada vez que un ciudadano, un periodista de investigación o un empresario necesita conocer el estado de una sociedad, solicitar una certificación, o inscribir un acto, debe abonar un arancel. El sistema español cobra por expedir notas simples, por emitir certificaciones y por procesar inscripciones, ignorando el espíritu de la normativa europea de datos abiertos societarios.
Es aquí donde el ALOIP revela su vertiente más preocupante. Recordemos que el anteproyecto pretende arrebatar al Notariado el control de las transmisiones de participaciones sociales (un sistema donde la indexación en la Base de Datos de Titularidad Real es inmediata y gratuita para el Estado) para imponer que dichas transmisiones se inscriban obligatoriamente en el Registro Mercantil mediante documentos privados. Estamos hablando de derivar casi 300.000 actos jurídicos anuales (entre compraventas, donaciones y reestructuraciones accionariales de pymes) hacia las mesas de los registradores mercantiles.
El impacto económico de esta medida es formidable. El ALOIP no está legislando a favor de la transparencia; está creando, por ley, un mercado cautivo colosal. Obliga a las pequeñas y medianas empresas españolas a pagar millones de euros en aranceles registrales adicionales cada año por inscribir documentos privados que no han sido verificados presencialmente. Se privatiza el beneficio (los aranceles van al registrador) y se socializa el riesgo (el Estado asume un registro lleno de documentos privados no comprobados materialmente).
El anacronismo organizativo: 142 islas de información
El negocio de los aranceles se sostiene sobre otra anomalía incomprensible a ojos europeos: la fragmentación territorial. En la era de la inteligencia artificial, el Big Data y el crimen transnacional, las potencias de la Unión Europea operan con registros centralizados. Un investigador en Berlín, Copenhague o Bruselas entra en un único portal nacional para trazar el mapa de una red corporativa.
En España, la resistencia a unificar el sistema es feroz, precisamente porque la unificación amenaza la estructura de los 142 feudos registrales provinciales. El Registro Mercantil Central no es más que un índice de nombres; carece de competencias para expedir certificaciones con plenos efectos jurídicos sobre el contenido de las hojas abiertas en provincias.
Cuando el ALOIP delega el peso de la "integridad pública" en esta red fragmentada, está condenando al fracaso la lucha contra el blanqueo. Rastrear una trama que utilice sociedades domiciliadas en Madrid, Málaga, Valencia y Tenerife obliga a lidiar con distintos registros territoriales, distintos tiempos de calificación y, por supuesto, múltiples pagos arancelarios. Es una yincana burocrática insostenible en el siglo XXI.
El fin del engaño europeísta
El análisis comparado es implacable: el ALOIP no alinea a España con Europa; la aísla en un modelo obsoleto. En la Europa moderna, la información mercantil básica es gratuita, el registro es unificado y el acceso está garantizado como un derecho. En la España que dibuja el ALOIP, la información está troceada en 142 jurisdicciones, el acceso está condicionado al pago de aranceles privados y la modernización es solo una excusa para engordar las competencias y la facturación de un cuerpo registral.
Aprobar el ALOIP bajo estas premisas supondría una gigantesca transferencia de rentas desde el tejido productivo español (las pymes que verán encarecido y ralentizado su tráfico societario) hacia los despachos de los registradores mercantiles, sin aportar ni un solo ápice de exactitud al dato. El legislador debe ser honesto con la ciudadanía y con Europa: no se puede vender como un avance hacia la transparencia un proyecto de ley diseñado para hacernos pagar, a precio de oro, por lo que las democracias avanzadas de nuestro entorno regalan.
