Un padre agarra con fuerza del brazo a su hija, con la intención de llevársela con él. Le hace daño. La madre interviene intentando socorrer a la niña. Se lleva un puñetazo de su exesposo en la cintura, arañazos y otros golpes. Este es el suceso que dio lugar al proceso judicial cuya sentencia acaba de crear un precedente jurídico.
El caso llegó al Tribunal Supremo por el recurso de un vecino de Castellón de 52 años, condenado por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón como autor de un delito de violencia de género sobre su expareja y de un delito de violencia doméstica sobre la hija de ambos, de ocho años. Los hechos, confirmados íntegramente por la Audiencia Provincial de Castellón el 22 de junio de 2023, ocurrieron el 20 de abril de 2022, cuando el acusado acudió al domicilio de su expareja para ejercer el régimen de visitas. Recibió una condena de nueve meses y un día de prisión por cada uno de los dos delitos.
Antes de que el Supremo resolviera, el condenado cambió de sexo. El Registro Civil de Castellón dictó el 1 de junio de 2023 el auto que le reconocía legalmente como mujer, al amparo de la Ley 4/2023, la conocida como Ley trans. Con ese auto bajo el brazo, su defensa recurrió en casación alegando que, siendo legalmente mujer, no cabía aplicarle la agravante de violencia de género, reservada por la ley al varón. El argumento, para expresarlo sin rodeos, iba de que “si hoy soy mujer, no puedo haber cometido ayer un delito que solo puede cometer un hombre”.
Efectos retroactivos
La Sala de lo Penal, en su sentencia 517/2026, de 22 de julio, con Julián Sánchez Melgar como ponente, desestimó el recurso sin conceder margen de duda. El razonamiento parte de un principio elemental del Derecho penal: lo que determina la calificación de un delito es la condición jurídica del autor en el momento de los hechos, no la que adquiera después. En abril de 2022, el recurrente era, a todos los efectos legales y registrales, un hombre. Así fue condenado, y así se mantiene. El cambio de sexo, sostiene el tribunal, no despliega efectos retroactivos sobre conductas ya ejecutadas, juzgadas y sentenciadas. Es la misma lógica que rige, salvando las distancias, cuando alguien comete un delito siendo menor de edad. Aunque el proceso se alargue y la persona cumpla la mayoría de edad antes de que llegue la sentencia, se la juzga con arreglo a la ley de menores, porque esa era su condición jurídica cuando actuó.
La decisión cierra una posible vía de revisión penal basada en la identidad de género sobrevenida, y con ello el Tribunal Supremo sienta doctrina en un asunto que combina dos ámbitos jurídicos sensibles: el derecho a la identidad de género reconocido por la legislación española y la eficacia de las condenas penales por violencia contra la mujer. La conclusión del alto tribunales es contundente. El cambio de sexo registral no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no puede utilizarse como argumento para dejar sin efecto una sentencia condenatoria dictada bajo el marco legal de la violencia de género.
Repercusión doctrina
Al fijar que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos en el ámbito penal, el Tribunal Supremo ofrece a jueces y tribunales un criterio claro para resolver posibles pretensiones similares en el futuro, que aporta seguridad jurídica en un terreno donde la legislación sobre identidad de género todavía genera interrogantes en su aplicación práctica. La irretroactividad establece que cuando los hechos delictivos se hayan cometido siendo el autor varón a todos los efectos registrales, ningún cambio de sexo posterior puede alterar la calificación penal ya fijada. Y para el supuesto de que el cambio de sexo sea anterior al delito, el Supremo no descarta que el tipo agravado de violencia de género deje de aplicarse, salvo que se acredite, con prueba plena y sin resquicio de duda, que el trámite registral se realizó en fraude de ley conforme al artículo 6.4 del Código Civil, es decir, con la intención de blindarse frente a una futura condena.
Qué implica la ley trans en el plano penal
La entrada en vigor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley trans) abrió en su momento debates sobre su eventual incidencia en el ámbito penal. Uno de ellos era precisamente si el cambio de sexo registral podía proyectarse sobre situaciones jurídicas anteriores, incluidas condenas firmes. La respuesta del Tribunal Supremo despeja esa incógnita rotundamente al establecer que la modificación del sexo en los documentos oficiales produce efectos desde que se inscribe, pero no altera ni reescribe el pasado jurídico de la persona. Los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas desfavorables, consagrados en la Constitución, avalan esta interpretación.
Protección a las víctimas como criterio orientador
Detrás de esta resolución subyace también una preocupación por la tutela efectiva de las víctimas de violencia de género. Permitir que una condena por maltrato desaparezca del historial penal de su autor mediante un cambio de sexo posterior supondría, en la práctica, vaciar de contenido la protección que el ordenamiento jurídico español dispensa a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. El Supremo evita así que la identidad de género sobrevenida pueda convertirse en un mecanismo indirecto para eludir las consecuencias jurídicas de conductas ya juzgadas y sancionadas.
Donde colisionan los derechos
La 517/2026 resuelve con nitidez el fraude retroactivo. Pero ¿qué ocurre cuando una persona nacida hombre completa su cambio de sexo —sin fraude ni doblez, con toda la buena fe del trámite— y, ya reconocida legalmente como mujer, agrede después a otra mujer, nacida mujer?
La Ley Orgánica 1/2004 protege específicamente a las mujeres agredidas por hombres con quienes mantienen o mantuvieron una relación de pareja. La condición de “varón” del agresor, según la doctrina asentada por la Fiscalía General del Estado desde 2005, se determina por el sexo que conste en el Registro Civil en el momento de los hechos. Si ese registro dice “mujer”, el tipo agravado de violencia de género —pensado y diseñado para proteger a las mujeres frente a la violencia de su pareja hombre— deja de aplicarse. El hecho no queda impune. Sigue siendo delito de lesiones, de violencia doméstica o el que corresponda. Pero cambia de estantería penal, con penas y con un circuito de protección distintos.
Aquí es donde, hipotéticamente, colisionarían dos derechos. El derecho de la persona trans a que su identidad de género sea reconocida sin matices ni letra pequeña, y el derecho de la mujer agredida a que la ley repare su situación de vulnerabilidad real, y no la que dicta un asiento del Registro Civil. La razón de ser de la ley de violencia de género no es proteger una etiqueta jurídica, sino a las mujeres frente a una desigualdad de fuerza —histórica, y también física— que la ley identificó en la agresión del hombre contra la mujer. Cuando quien agrede conserva, más allá del papel, esa misma capacidad física de imponerse, cabe preguntarse si la calificación penal sigue capturando la realidad que la norma quiso combatir.
Quienes defienden la autodeterminación de género sin condicionantes alegan que no se debe convertir a las mujeres trans, por el solo hecho de serlo, en sospechosas de una violencia que la inmensa mayoría nunca ejercerá, bajo el argumento de que “en el fondo siguen siendo hombres” (el mismo que la muy limitada y mejorable Ley trans quiso eliminar). Por otro lado, quienes reclaman que se atienda también a la capacidad física real de quien agrede, más allá de su sexo registral, no piden cuestionar la identidad de nadie, sino que la protección legal se calibre por lo ocurrido, y no solo por lo que certifica un documento.
Hasta hoy, por suerte, ninguna sentencia del Supremo se ha visto en la tesitura de enfrentar este escenario. Por el momento, la sentencia 517/2026, de 22 de julio, sorteando los agujeros que ha abierto la Ley trans, pone un nuevo adoquín en el sendero de la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.
