UGT ha elevado la presión jurídica sobre el Estado español por la crisis de la vivienda. El sindicato ha trasladado al Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, que la parálisis parlamentaria en materia de vivienda está agravando la situación de los hogares en España y confirma, a su juicio, que el derecho constitucional a una vivienda digna sigue funcionando más como una declaración política que como una garantía efectiva para los ciudadanos. La organización ha incorporado este argumento a sus alegaciones dentro de la reclamación colectiva que presentó en octubre de 2024 contra España por vulneración del derecho a la vivienda.
La reclamación de UGT se apoya en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, que obliga a los Estados firmantes a favorecer el acceso a una vivienda de calidad suficiente, prevenir y reducir la carencia de hogar y hacer asequible el precio de la vivienda para quienes no dispongan de recursos suficientes. España ratificó la Carta Social Europea Revisada con efectos desde el 1 de julio de 2021, y UGT sostiene que desde entonces las políticas públicas, la regulación y la actuación de las administraciones no han garantizado de manera satisfactoria ese compromiso internacional.
El procedimiento no parte de cero. El Comité Europeo de Derechos Sociales admitió a trámite en diciembre de 2025 la queja colectiva de UGT, registrada como reclamación número 243/2024. En ella, el sindicato denuncia no solo la vulneración del artículo 31, sino también su conexión con otros preceptos de la Carta relativos a la protección de la familia, de las personas jóvenes, de las personas trabajadoras migrantes y frente a la pobreza y la exclusión social, además del principio de no discriminación.
El nuevo escrito de UGT pone el foco en el bloqueo político. Según la información difundida este miércoles, el sindicato reprocha que el Congreso “apenas legisla” sobre vivienda y recuerda incluso el rechazo de decretos leyes que pretendían introducir medidas como prórrogas obligatorias del alquiler o limitaciones a la actualización anual de rentas. Para UGT, esa falta de mayorías parlamentarias no es solo un problema político, sino un indicio de incumplimiento de las obligaciones positivas del Estado, porque impide adoptar medidas inmediatas y eficaces frente a una emergencia residencial que afecta de forma directa a trabajadores, jóvenes, familias con bajos ingresos y población migrante.
La posición del sindicato tiene una consecuencia jurídica de fondo: convertir el derecho a la vivienda en un derecho reclamable ante los tribunales cuando las administraciones públicas lo nieguen o no adopten medidas suficientes para garantizarlo. En el marco constitucional español, el artículo 47 reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero está situado entre los principios rectores de la política social y económica, lo que tradicionalmente ha limitado su exigibilidad directa ante los jueces. UGT pretende apoyarse en la Carta Social Europea Revisada para reforzar su eficacia jurídica y superar esa lectura puramente programática.
En su reclamación inicial, UGT ya sostenía que el marco español es insuficiente porque la escasez de vivienda social y el encarecimiento del mercado privado impiden el acceso asequible a una vivienda digna para una parte importante de la población trabajadora. El sindicato afirma que esta situación es especialmente grave para jóvenes, personas con menores salarios e inmigrantes, colectivos que sufren mayores dificultades para emanciparse, estabilizar su proyecto vital o acceder a un alojamiento adecuado sin destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler o a la compra.
El Gobierno pide la desestimación
El Gobierno, por su parte, ha pedido al Comité Europeo de Derechos Sociales que desestime la reclamación. Según la información publicada, el Ejecutivo sostiene que está desplegando una amplia batería de medidas para abordar el problema y garantizar el derecho a la vivienda. UGT replica que esa respuesta confirma precisamente la debilidad del sistema, porque las políticas anunciadas no habrían logrado transformar el derecho en una garantía real, inmediata y jurídicamente exigible. El procedimiento se encuentra ya en una fase avanzada: tras las alegaciones del sindicato, el Gobierno dispone de plazo hasta el 11 de junio para responder, y después el Comité deberá dictar una resolución sobre el fondo del asunto.
La controversia reabre el debate sobre la fuerza interna de la Carta Social Europea y de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. UGT invoca el artículo 96 de la Constitución y la Ley de Tratados para defender la prevalencia de los tratados internacionales válidamente ratificados y publicados sobre las normas internas, y sostiene que las obligaciones asumidas por España no pueden quedar subordinadas a decisiones políticas discrecionales o a plazos indefinidos.
El caso puede tener además un efecto expansivo sobre la litigiosidad en materia de vivienda. Una resolución favorable a UGT no convertiría automáticamente el artículo 47 de la Constitución en un derecho fundamental clásico, pero sí reforzaría los argumentos de quienes reclaman una tutela judicial más intensa frente a desahucios, falta de vivienda social, precios inaccesibles, exclusión residencial o inactividad administrativa. También podría aumentar la presión sobre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para justificar sus políticas de vivienda no solo en términos presupuestarios o políticos, sino también a la luz de obligaciones internacionales de resultado.
El sindicato intenta reproducir en vivienda una estrategia que ya le ha dado visibilidad en otros ámbitos de derechos sociales. UGT recuerda que el Comité Europeo de Derechos Sociales ya ha sido utilizado como vía de presión jurídica frente al ordenamiento español, especialmente en materia laboral. Ahora traslada ese mismo planteamiento al terreno residencial, en un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad, conflictividad social y tensión institucional en España.
La reclamación coloca al Estado ante una cuestión incómoda: si la vivienda es realmente un derecho o si sigue siendo, en la práctica, una aspiración condicionada por la disponibilidad presupuestaria, la voluntad política y el equilibrio parlamentario de cada momento. UGT sostiene que la Carta Social Europea no permite esa respuesta evasiva. A su juicio, España asumió compromisos internacionales concretos cuando ratificó la Carta Revisada, y esos compromisos obligan a adoptar políticas eficaces, suficientes y verificables para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
El pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales no resolverá por sí solo la crisis de oferta, la falta de vivienda pública, la tensión del alquiler o la inseguridad jurídica que rodea a buena parte de la política residencial. Pero sí puede alterar el marco del debate. Si el órgano europeo aprecia una vulneración de la Carta, la discusión dejará de estar situada únicamente en el terreno político para entrar de lleno en el ámbito de las obligaciones jurídicas internacionales del Estado.
