El Consejo de Ministros ha acordado este martes la tramitación urgente de dos proyectos de real decreto destinados a crear 500 nuevas plazas de jueces y magistrados y otras 200 de fiscales durante 2027. La ampliación supondría incrementar un 7,8% la planta judicial y un 6,6% la plantilla del Ministerio Fiscal, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
Lo acordado por el Consejo de Ministros es la tramitación urgente de los dos reales decretos. Los proyectos deberán recabar los informes preceptivos correspondientes, entre ellos, en el caso de la planta judicial, el del Consejo General del Poder Judicial, y regresar posteriormente al Ejecutivo para su aprobación definitiva. Solo entonces podrán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y producir los efectos previstos.
La declaración de urgencia permite acortar los plazos del procedimiento de elaboración reglamentaria, pero no elimina los dictámenes que resulten legalmente obligatorios. La intención del Ministerio es que el proceso pueda completarse a tiempo para convocar y cubrir las plazas durante 2027, a pesar de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
No necesitarán la convalidación del Congreso
Los textos proyectados tienen naturaleza reglamentaria y no son reales decretos-leyes. Por ello, su aprobación definitiva no necesitará la convalidación del Congreso. La ampliación de la planta judicial corresponde al Gobierno dentro de las habilitaciones previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, sin perjuicio de la intervención consultiva del CGPJ y de las comunidades autónomas con competencias transferidas.
De las 500 plazas judiciales, 172 se destinarán al orden civil, 109 al social y 69 al penal. Otras 87 corresponderán a órganos con competencias civiles y de instrucción; 42 serán plazas de jueces de adscripción territorial; 11 reforzarán las secciones de Violencia sobre la Mujer; seis se dedicarán a Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y cuatro se asignarán a la Audiencia Nacional. El proyecto contempla asimismo ocho nuevas presidencias de tribunales de instancia, integradas en la distribución general anunciada.
Los jueces de adscripción territorial no quedan vinculados permanentemente a una sección concreta. Dependen de la presidencia del tribunal superior de justicia correspondiente y pueden ser destinados temporalmente a los órganos que presenten vacantes, acumulaciones de asuntos o necesidades extraordinarias. Su aumento pretende proporcionar una capacidad de respuesta más flexible frente a cambios en las cargas de trabajo.
Reparto por comunidades
Por territorios, Andalucía y Cataluña recibirán 94 plazas judiciales cada una. Madrid contará con 74 y la Comunidad Valenciana con 53. En la Carrera Fiscal, Cataluña será la comunidad con mayor incremento absoluto, con 47 plazas, seguida por Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. Canarias recibirá 13 fiscales y registrará el mayor crecimiento porcentual, un 8,9%, según la distribución adelantada por Justicia.
La ampliación se apoya en el nuevo modelo de tribunales de instancia implantado por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta organización sustituye progresivamente los juzgados unipersonales por tribunales integrados por distintas secciones y apoyados por una oficina judicial común. La plaza se incorpora así a una estructura ya existente, sin necesidad de crear para cada juez un juzgado completo con su propia oficina y toda su dotación administrativa.
El Ministerio calcula que una plaza judicial integrada en un tribunal de instancia exige alrededor de 100.000 euros, frente a los aproximadamente 500.000 euros que suponía crear un juzgado conforme al modelo anterior. La inversión prevista para las 500 plazas asciende a unos 55 millones, mientras que, según las estimaciones de Justicia, su coste habría alcanzado 260 millones bajo la organización tradicional.
Estructuras de apoyo a los jueces
La comparación, sin embargo, se refiere al coste inicial de creación de las unidades. La eficacia real de la ampliación dependerá también de que las oficinas judiciales comunes cuenten con suficientes letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, medios tecnológicos, espacios y dotaciones presupuestarias. La incorporación de jueces sin un refuerzo proporcionado de las estructuras de apoyo puede trasladar el cuello de botella desde la función jurisdiccional hacia la tramitación y ejecución de las resoluciones.
Tampoco debe confundirse la creación reglamentaria de las plazas con su cobertura efectiva. El real decreto modifica la planta y habilita los destinos, pero la incorporación de titulares exige superar los procesos de acceso, formación y nombramiento correspondientes. El calendario dependerá, por tanto, de la aprobación definitiva de las normas, de la convocatoria de los procesos selectivos y de la disponibilidad de candidatos que hayan completado su formación.
La convocatoria actualmente en marcha, publicada en junio en el BOE, comprende 375 plazas de acceso a la Carrera Judicial y 200 a la Carrera Fiscal. A ellas se suman 125 plazas de magistrado por el denominado cuarto turno, reservado mediante concurso-oposición a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Las pruebas de acceso libre comienzan este mes de octubre. Esa convocatoria está vinculada esencialmente a la ampliación aprobada en julio para 2026, no a las nuevas plazas proyectadas para 2027.
Segunda ampliación consecutiva
La medida aprobada este martes constituye, por ello, una segunda ampliación consecutiva. En julio, el Gobierno creó otras 500 unidades judiciales mediante el Real Decreto 559/2026 y amplió en 200 efectivos la plantilla fiscal mediante el Real Decreto 560/2026. Aquellas plazas entrarán en funcionamiento de forma escalonada entre finales de 2026 y 2027, de acuerdo con el calendario pactado con el CGPJ.
Si los nuevos proyectos culminan su tramitación, las dos ampliaciones sumarían 1.000 plazas judiciales y 400 fiscales en dos ejercicios. El incremento tiene una dimensión cuantitativa excepcional, pero su impacto sobre la pendencia y los tiempos de respuesta dependerá de su distribución efectiva, de la especialización asignada y de la capacidad de las nuevas oficinas judiciales para absorber el aumento de resoluciones y actuaciones procesales.
La urgencia acordada por el Consejo de Ministros responde precisamente al riesgo de que el adelanto electoral retrase el procedimiento. La disolución de las Cortes no determina por sí sola la caducidad de estos expedientes reglamentarios, como sí sucede con los proyectos legislativos pendientes. No obstante, mientras no se produzca la aprobación definitiva y la publicación en el BOE, las 700 plazas para 2027 siguen siendo una ampliación en tramitación y no una modificación ya vigente de las plantas judicial y fiscal.
