La pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos llega esta semana al Pleno del Congreso en una fase decisiva de su tramitación parlamentaria. Lo que se somete a debate y votación es el dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dio luz verde al texto el pasado 26 de mayo y lo elevó al Pleno. El Pleno votará el dictamen de la comisión y podrá incorporar aquellas enmiendas o votos particulares que sigan vivos para este trámite. Después, el Senado tendrá también margen para modificarlo. La Abogacía y otros colectivos intensifican sus reclamaciones porque consideran que el dictamen actual abre una puerta, pero demasiado estrecha, a un problema que afecta a miles de profesionales que durante décadas ejercieron bajo un sistema legalmente admitido y que ahora se enfrentan a pensiones manifiestamente insuficientes.
El origen del conflicto está en las mutualidades alternativas al RETA. Durante años, determinados profesionales colegiados, entre ellos abogados, procuradores, arquitectos y otros trabajadores por cuenta propia, pudieron optar por cotizar a una mutualidad profesional en lugar de darse de alta en el régimen público de autónomos. El problema ha estallado cuando muchos de ellos, al acercarse a la jubilación o al acceder a ella, han comprobado que las prestaciones derivadas de ese sistema son muy inferiores a las que habrían obtenido en la Seguridad Social. Las asociaciones de afectados y los colegios profesionales han denunciado casos de jubilaciones de apenas unos cientos de euros mensuales, después de carreras profesionales completas desarrolladas dentro de un marco legal que permitía esa opción.
El dictamen aprobado en comisión pretende regular una vía de integración en el RETA mediante el traslado de los derechos económicos acumulados en las mutualidades a la Tesorería General de la Seguridad Social. En términos generales, la fórmula busca que esos fondos puedan convertirse en periodos reconocidos de cotización en el régimen público. El informe de la Abogacía Española señala que, para los mutualistas que tuvieran 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, cada mes cotizado en la mutualidad alternativa contará como un mes en el RETA, siempre conforme a las condiciones previstas en la futura ley.
El problema es que ese esquema, aun siendo un avance respecto del bloqueo anterior, no responde a todas las situaciones creadas por el modelo de mutualidades alternativas. Los mutualistas reclaman una pasarela voluntaria, amplia y sin exclusiones injustificadas, que permita trasladar derechos al sistema público sin penalizar de forma desproporcionada a quienes han cotizado durante décadas bajo la fórmula legalmente disponible. También piden que se atienda a quienes ya están jubilados o perciben prestaciones insuficientes, porque son precisamente esos casos los que muestran con más crudeza el fracaso del sistema. Una regulación que solo mire a una parte de los profesionales activos corre el riesgo de dejar fuera a quienes más necesitan una solución.
Reclamaciones del ICAM
Los colegios profesionales han puesto el acento en esa misma insuficiencia. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha expresado su preocupación por el resultado del debate en comisión y ha pedido que la pasarela “no se diluya”. Su crítica se dirige, entre otros puntos, al veto del Gobierno a varias enmiendas que pretendían ampliar o reforzar el alcance del mecanismo. Según el ICAM, entre las propuestas bloqueadas figuraba una que habría permitido acogerse a la pasarela a mutualistas que ya tienen reconocido el periodo mínimo para acceder a una pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social.
La cuestión es especialmente sensible porque no se trata de una mejora corporativa menor, sino de la reparación parcial de una brecha de protección social. Miles de profesionales optaron por una mutualidad alternativa porque la ley se lo permitía. Muchos lo hicieron durante años o incluso décadas, confiando en que ese sistema funcionaría como una vía razonable de previsión. Ahora, al comprobar que las prestaciones pueden quedar muy lejos de una jubilación suficiente, el legislador tiene que decidir si ofrece una salida real o si se limita a construir una solución parcial, técnicamente compleja y presupuestariamente contenida.
El dictamen actual merece una valoración crítica precisamente por ese desequilibrio. Reconoce el problema, pero no lo afronta con toda su extensión. Abre una pasarela, pero no garantiza que sea transitable para todos los afectados. Introduce una vía de traslado de derechos, pero deja demasiadas incertidumbres sobre el resultado final para cada profesional. Y, sobre todo, no despeja con suficiente claridad qué ocurrirá con los mutualistas pasivos, con quienes ya cobran prestaciones bajas, con quienes se incorporaron tarde al RETA o con quienes no encajen en los umbrales fijados por la norma. En una materia que afecta a la jubilación, esa falta de claridad no es un defecto menor.
Ausencia de información individual previa
También resulta problemática la ausencia de una garantía robusta de información individual previa. Una pasarela de estas características no debería obligar a ningún profesional a tomar una decisión irreversible sin conocer antes, con una simulación oficial, cuánto capital se trasladaría, qué periodos quedarían reconocidos, qué pensión estimada resultaría y qué efectos fiscales tendría la operación. La voluntariedad solo es real si la decisión se adopta con información suficiente. De lo contrario, la norma puede generar una nueva fuente de inseguridad jurídica para personas que ya han sufrido las consecuencias de un sistema opaco y mal explicado.
El debate parlamentario se mueve además entre dos principios difíciles de conciliar. Por un lado, la Seguridad Social no puede asumir sin límites cualquier déficit generado por sistemas privados o mutualistas, porque la sostenibilidad financiera del régimen público exige reglas claras. Por otro, tampoco puede ignorarse que el propio ordenamiento permitió durante años que esos profesionales quedaran fuera del RETA porque contaban con una mutualidad alternativa. Si esa alternativa ha producido pensiones insuficientes, el Estado no puede desentenderse por completo de las consecuencias de una opción que él mismo autorizó.
La votación del Pleno será por tanto un momento clave, aunque no cierre el procedimiento legislativo. Si prosperan mejoras en esta fase, el texto puede salir hacia el Senado con una solución más amplia y más justa. Si el Congreso se limita a ratificar el dictamen de la comisión sin cambios sustanciales, la futura ley llegará a la Cámara Alta con una arquitectura claramente insuficiente para parte de los afectados. En ese caso, el Senado será la última oportunidad para corregir una norma que nace con el riesgo de dejar abierta la misma crisis que pretende resolver.
La pasarela al RETA debería servir para recomponer la confianza de miles de profesionales en el sistema de previsión social. Para ello no basta con aprobar una norma formalmente bienintencionada. Hace falta una regulación comprensible, equitativa y técnicamente solvente, que permita a los mutualistas saber a qué atenerse y que no abandone a quienes ya se encuentran en situaciones de jubilación precaria. El dictamen actual supone un avance, pero un avance corto. Y cuando se legisla sobre pensiones después de décadas de aportaciones, quedarse corto no es una simple imperfección técnica: puede convertirse en una nueva injusticia.
