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El TSJM y la Audiencia Provincial estarán operativos en la Ciudad de la Justicia a finales de 2028

Las obras de Valdebebas han superado la excavación y la cimentación y entran en la fase de levantamiento de los edificios. El primer bloque reunirá al Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial; el segundo concentrará el Tribunal de Instancia, las fiscalías, el Decanato y los servicios de atención a las víctimas. La culminación de todo el traslado se prolongará previsiblemente hasta 2029.

La futura Ciudad de la Justicia de Madrid ha terminado las labores de excavación, vaciado y cimentación y comienza a crecer sobre la rasante de la parcela de Valdebebas. El nuevo calendario de la Comunidad de Madrid sitúa en el primer trimestre de 2027 la terminación de las estructuras destinadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Audiencia Provincial, aunque ambos edificios no estarán plenamente operativos hasta el último trimestre de 2028.

La conclusión de las estructuras no supone la apertura de las sedes judiciales. Después deberán ejecutarse las fachadas, las canalizaciones, las instalaciones eléctricas y de climatización, los sistemas de seguridad y comunicaciones y el acondicionamiento interior. Solo después de obtener las licencias de actividad y comprobar el funcionamiento de las instalaciones podrá comenzar el traslado de magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

La operación exigirá además trasladar archivos, equipos informáticos y expedientes sin interrumpir las vistas, los servicios de guardia ni la tramitación de asuntos. En una infraestructura judicial, la entrada en funcionamiento depende tanto de la obra como de la migración tecnológica y organizativa.

En la fase que acaba de concluir se han movido más de 1,5 millones de toneladas de tierra y se han instalado 1.087 pilotes, 28 micropilotes y 1.070 zapatas. También se han terminado los armazones de los aparcamientos. La nueva etapa contará con 19 grúas y, según la previsión regional, llegará a emplear a más de 2.000 trabajadores en los momentos de mayor actividad.

653 millones de euros y 470.000 metros cuadrados

El proyecto, presupuestado en aproximadamente 653 millones de euros, superará los 470.000 metros cuadrados construidos. Su finalidad es concentrar en una sola parcela los órganos y servicios judiciales que actualmente ocupan 26 sedes repartidas por Madrid. La Comunidad calcula que el complejo recibirá diariamente a unas 33.000 personas entre empleados públicos, abogados, procuradores, graduados sociales, peritos, fuerzas de seguridad, litigantes y ciudadanos.

La concentración no modificará por sí misma la planta judicial ni las competencias de los tribunales. La creación de nuevas plazas o secciones y la determinación de su jurisdicción continúan dependiendo de la legislación estatal y de las decisiones adoptadas por los órganos competentes. La Comunidad de Madrid aporta la infraestructura y los medios materiales, pero no altera mediante el proyecto las funciones jurisdiccionales.

El diseño inicial se dimensionó para reunir alrededor de 378 órganos y unidades judiciales. Sin embargo, la terminología debe adaptarse a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, que sustituyó los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia organizados en secciones. Por tanto, una parte sustancial de las dependencias proyectadas no será ocupada formalmente por juzgados separados, sino por las distintas secciones y plazas del Tribunal de Instancia de Madrid.

Sede del TSJM

El primer lote comprende los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial, además de la Plaza de la Justicia y un aparcamiento público. El TSJM albergará sus salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Como máximo órgano judicial de la Comunidad Autónoma, resuelve, entre otras materias, recursos contra decisiones de órganos inferiores y procesos atribuidos directamente a sus salas, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial reunirá sus secciones civiles y penales. Las primeras conocen fundamentalmente de los recursos contra resoluciones dictadas en primera instancia en materias civiles y mercantiles. Las secciones penales enjuician los delitos de mayor gravedad, conocen de los procedimientos del Tribunal del Jurado y resuelven los recursos contra las decisiones de las secciones penales, de instrucción, de menores, de violencia sobre la mujer y de vigilancia penitenciaria.

Las estructuras de estos dos edificios deberán estar concluidas durante el primer trimestre de 2027. Los trabajos interiores y de instalaciones se prolongarán aproximadamente un año, a lo que deberán añadirse las autorizaciones, las pruebas de funcionamiento y el traslado escalonado. La previsión actual es que el TSJM y la Audiencia Provincial estén completamente operativos durante el último trimestre de 2028.

Segunda fase, primera instancia y fiscalía

El segundo lote concentrará la mayor parte de la primera instancia judicial madrileña. Incluirá las secciones civiles, de familia, infancia y capacidad, de instrucción, mercantiles, penales, sociales y contencioso-administrativas del Tribunal de Instancia de Madrid, junto con las especializadas en violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria.

En estas dependencias se tramitará la mayor parte de los procedimientos con contacto directo con los ciudadanos: reclamaciones civiles, divorcios y medidas familiares, concursos y conflictos societarios, investigación de delitos, enjuiciamiento penal, despidos, prestaciones de Seguridad Social y recursos contra las administraciones. También se ejercerá el control judicial de la ejecución de las penas y de la actividad penitenciaria.

El lote incorporará asimismo la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía Provincial, incluidas sus distintas especialidades. La Fiscalía de Menores y su servicio de guardia deberán situarse junto a la sección judicial correspondiente, una proximidad especialmente importante en procedimientos que requieren una intervención coordinada e inmediata.

También se trasladarán los servicios del Decanato —adaptados ahora a la presidencia y organización del Tribunal de Instancia—, las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, dependencias de seguridad y detención, archivos, depósitos y espacios para los colegios profesionales. El Registro Civil, en cambio, no se instalará en Valdebebas: el plan regional prevé trasladarlo desde la calle Pradillo al inmueble de Poeta Joan Maragall que actualmente ocupan órganos de primera instancia.

Las estructuras del segundo lote, que alcanzarán hasta nueve plantas en algunas zonas, deberán estar concluidas en el segundo semestre de 2027. La referencia publicada anteriormente por la Comunidad atribuía a este lote un plazo de ejecución de 40 meses y situaba su terminación alrededor del verano de 2029. La última actualización confirma el calendario de la estructura, pero no concreta todavía la fecha exacta en la que todas sus secciones y servicios podrán recibir procedimientos y público.

331 salas de vistas

La Ciudad de la Justicia contará con 331 salas de vistas, de las cuales 45 quedarán como reserva para absorber futuras ampliaciones de la planta judicial. Cuatro estarán preparadas para macrocausas, con capacidad mínima para 150 asistentes, estrados ampliados y espacio para numerosos abogados y fiscales. Dos se situarán en la Audiencia Provincial y las otras dos en las áreas mercantil y penal del Tribunal de Instancia.

Las salas penales dispondrán de recorridos diferenciados para evitar el cruce de detenidos con víctimas, testigos y público. En la Audiencia Provincial se habilitarán además espacios próximos para la espera y deliberación de los jurados. El complejo contará con circuitos separados para magistrados, fuerzas de seguridad, personas privadas de libertad y usuarios, una condición funcional necesaria para garantizar tanto la seguridad como la protección de las víctimas.

También habrá cuatro salones de actos. El de mayor capacidad estará en el edificio del TSJM, tendrá casi 300 metros cuadrados y podrá acoger a 235 personas. El proyecto incorpora igualmente cámaras Gesell, espacios de declaración protegida, despachos, salas de reuniones y zonas específicas para profesionales.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses constituye la única pieza del complejo que ya se encuentra operativa. Inaugurado en diciembre de 2020, presta asistencia técnica a los órganos judiciales en patología, toxicología, antropología, odontología, bioquímica y otras especialidades forenses. Su integración permitirá conectar estos servicios con las jurisdicciones penal, civil y social sin mantener la actual dispersión.

La Ciudad de la Justicia no albergará el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ni el Tribunal Constitucional, que tienen ámbito estatal y sedes propias. Su función será concentrar los órganos de la jurisdicción ordinaria correspondientes a Madrid capital, junto con el TSJM, la Audiencia Provincial, las fiscalías y los servicios administrativos y asistenciales vinculados a su funcionamiento.

El proyecto reserva aproximadamente un 30% de capacidad adicional para atender el crecimiento de la planta judicial durante las próximas cuatro décadas. Contará además con unas 4.000 plazas de aparcamiento, zonas verdes y una gran plaza de acceso conectada con la avenida central del recinto.

La utilidad jurídica del complejo dependerá, sin embargo, de algo más que de su superficie. La concentración puede reducir desplazamientos entre sedes, facilitar el reparto de asuntos y permitir compartir salas, archivos y servicios comunes. Pero también obligará a coordinar miles de movimientos diarios y a ejecutar los traslados sin afectar a señalamientos, guardias, plazos procesales ni atención a las víctimas.

El primer examen llegará a finales de 2028 con la apertura efectiva del TSJM y la Audiencia Provincial. La prueba definitiva será la entrada en servicio del Tribunal de Instancia, las fiscalías y el resto de oficinas previsiblemente durante 2029. Hasta entonces, la evolución deberá medirse por edificios terminados, pero también por licencias obtenidas, sistemas tecnológicos probados y órganos judiciales trasladados sin interrupciones.

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