Grifols sigue pagando una factura millonaria por la batalla judicial abierta contra Gotham City Research, el fondo bajista que en enero de 2024 publicó un informe demoledor sobre sus cuentas y provocó una de las mayores crisis bursátiles y reputacionales de la historia reciente de la compañía. Dos años después de aquel ataque, el conflicto se mantiene vivo en los tribunales de Estados Unidos y España, y la farmacéutica ha reconocido ahora en documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un gasto extraordinario de 24 millones de euros entre enero de 2025 y marzo de 2026, una partida que incluye cargos "de carácter excepcional asociados con el ataque de un fondo bajista" y otra cantidad derivada de la compensación por la cancelación anticipada de un contrato con un proveedor. La compañía no ha aclarado qué parte exacta de esos 24 millones corresponde a honorarios legales, pero El Confidencial señala que la mayor parte de los cargos vinculados al ataque bajista serían minutas de despachos de abogados.
La cifra muestra hasta qué punto el caso Gotham ha dejado de ser solo una controversia bursátil para convertirse en un litigio corporativo de alto coste, con implicaciones en Derecho de sociedades, mercado de valores, difamación, abuso de mercado, libertad de expresión financiera y responsabilidad por informes de inversión. Grifols sostiene desde el primer momento que el informe de Gotham contenía afirmaciones falsas y que fue publicado en un contexto especulativo para obtener beneficio con posiciones cortas. Gotham, por su parte, ha defendido la integridad de su investigación y ha tratado de presentar su actividad como análisis financiero protegido por garantías próximas a las del periodismo económico.
El origen del conflicto está en el informe difundido por Gotham City Research el 9 de enero de 2024. En aquel documento, el fondo acusó a Grifols de sobrestimar resultados y de infravalorar su deuda, cuestionó el tratamiento de operaciones vinculadas con Scranton Enterprises y llegó a sostener que las acciones de la compañía podían no ser invertibles. El impacto fue inmediato: la cotización se desplomó y Grifols perdió al menos un tercio de su valor de mercado. La compañía negó las acusaciones, defendió que sus cuentas estaban auditadas y comunicadas al mercado, y activó una ofensiva legal en Estados Unidos y España.
Frente estadounidense
El frente estadounidense se abrió formalmente el 26 de enero de 2024, cuando Grifols presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Daniel Yu, Gotham City Research, General Industrial Partners, Cyrus de Weck y entidades vinculadas. La propia compañía anunció entonces que buscaba reparación por los daños financieros y reputacionales causados tanto a la sociedad como a sus accionistas y demás grupos de interés.
Ese procedimiento ha sufrido una depuración importante. Grifols formuló inicialmente 19 reclamaciones en Nueva York, de las que solo una fue admitida para continuar. Pero esa única reclamación tiene relevancia estratégica porque se refiere a una afirmación concreta del informe de Gotham, que Grifols habría ocultado un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises, sociedad vinculada a la familia Grifols, cuando esa información sí figuraba en sus memorias financieras.
En mayo de 2025, la compañía obtuvo una primera victoria procesal en Estados Unidos. El juez Lewis J. Liman rechazó la petición de Gotham de archivar la demanda y consideró que Grifols había alegado de forma suficiente la posible falsedad de esa afirmación. El auto también permitió que siguiera adelante la acción por difamación contra Daniel Yu y Gotham, así como la reclamación por cooperación necesaria contra Cyrus de Weck y General Industrial Partners. El juez rechazó además que los demandados pudieran neutralizar el caso invocando las leyes anti-SLAPP de Nueva York, concebidas para proteger frente a demandas abusivas que buscan silenciar críticas o investigaciones.
La defensa de Gotham ha intentado precisamente situar el conflicto en el terreno de la libertad de expresión financiera. En marzo de 2026, sus responsables se reivindicaron ante el tribunal de Nueva York como "periodistas profesionales" y defendieron que su actividad consiste en identificar, investigar, escribir y publicar noticias financieras de interés para el mercado. Con esa tesis, Daniel Yu y Cyrus de Weck buscan proteger fuentes y documentos internos y equiparar el informe sobre Grifols a investigaciones económicas amparadas por la legislación de protección de fuentes y derechos civiles de Nueva York.
Caso en España
La otra mitad del caso se tramita en España. La Audiencia Nacional investiga si Gotham, General Industrial Partners y sus responsables pudieron incurrir en delitos relacionados con el mercado al publicar el informe y cerrar posiciones cortas sobre Grifols. La causa se abrió a partir de actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir información de la CNMV, y Grifols está personada como perjudicada, no como denunciante principal.
En octubre de 2025 la Audiencia Nacional citó como investigados al fundador de Gotham, Daniel Yu, y al gestor de General Industrial Partners Cyrus de Weck, dentro de las diligencias sobre una posible difusión de información engañosa para influir en el precio de las acciones de Grifols. La investigación se centra en la relación entre el informe bajista, la posición corta previa y las ganancias obtenidas tras el desplome bursátil.
La estrategia legal de Grifols se apoya en despachos de primer nivel a ambos lados del Atlántico. En España, la compañía ha contratado a Uría Menéndez, CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Martell Abogados para el procedimiento de la Audiencia Nacional. En Estados Unidos cuenta con Proskauer Rose, firma especializada en litigios corporativos. La combinación de varios procedimientos, jurisdicciones distintas, reglas procesales exigentes y equipos jurídicos de alta especialización explica el volumen de gasto asumido por la compañía.
El caso tiene además una complejidad añadida: la CNMV no validó plenamente la tesis de ninguna de las partes. En marzo de 2024, el supervisor español concluyó que no había encontrado errores significativos en las cuentas de Grifols ni evidencias de que su endeudamiento financiero no se correspondiera con la realidad, pero sí apreció deficiencias relevantes en la presentación de determinadas magnitudes, como el ebitda, el ratio deuda-ebitda y algunos desgloses de operaciones. Esa posición permitió a Grifols defender que Gotham había exagerado o formulado acusaciones falsas, pero también dejó claro que la información financiera de la compañía presentaba carencias que podían haber afectado a la comprensión de los inversores.
La CNMV fue más allá en 2025, cuando publicó sanciones contra Grifols y varios consejeros por defectos en su información financiera y en informes de gestión. El BOE recogió multas a la sociedad y a miembros de su consejo, incluyendo una sanción de 200.000 euros a Grifols y multas individuales de distinta cuantía a consejeros por infracciones graves y muy graves. El supervisor no asumió la acusación central de Gotham sobre un falseamiento sustancial de la deuda, pero sí sancionó a la compañía por información inexacta, no veraz o engañosa en determinados extremos.
Para Grifols, la batalla judicial tiene una dimensión que excede el resarcimiento económico. La compañía necesita sostener ante los tribunales y ante el mercado que fue víctima de un ataque bajista basado en afirmaciones falsas, y que el desplome bursátil respondió a una maniobra dañina y no a un deterioro real de sus fundamentos contables. Para Gotham, en cambio, el núcleo del caso es defender el derecho de los analistas bajistas a publicar investigaciones críticas sobre sociedades cotizadas, incluso cuando esas investigaciones provocan fuertes caídas de cotización y los autores mantienen posiciones cortas.
El desenlace será importante para el mercado español. Si Grifols obtiene una condena o una indemnización relevante, el caso puede convertirse en un precedente contra informes bajistas que contengan errores fácticos relevantes o que se publiquen con conflictos de interés insuficientemente transparentes. Si Gotham logra imponerse, reforzará la protección de los short sellers activistas y de los analistas que sostienen que su función es revelar problemas ocultos en empresas cotizadas, aunque operen con incentivos económicos propios.
