La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. La decisión, adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima la petición formulada por el Gobierno madrileño en el recurso interpuesto contra la resolución del Ejecutivo central que había incluido el edificio de la Puerta del Sol en el catálogo estatal de espacios vinculados a la memoria democrática. La suspensión tiene carácter provisional y se mantendrá mientras la Sala resuelve el fondo del asunto, pero introduce el elemento de la ponderación cautelar entre el interés público memorialista invocado por el Gobierno y la posible afectación a la imagen institucional alegada por la Administración autonómica en el conflicto.
La resolución recurrida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de octubre de 2025 y declaraba Lugar de Memoria Democrática “la extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid”. El acuerdo no declaraba formalmente como lugar de memoria a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ni alteraba el uso actual del inmueble, sino que vinculaba la protección memorial a una etapa histórica concreta del edificio, cuando albergó la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. La propia resolución administrativa justificaba la declaración por el papel del inmueble como referente de violaciones de derechos humanos, torturas, humillaciones y represión política durante la dictadura.
La Comunidad de Madrid impugnó la declaración ante la Audiencia Nacional el 28 de octubre de 2025 y solicitó su suspensión cautelar. Su tesis, ahora acogida provisionalmente por la Sala, es que la identificación del edificio como Lugar de Memoria Democrática podía proyectar un efecto negativo sobre la imagen institucional de la sede de la Presidencia autonómica, que ocupa la Real Casa de Correos desde hace aproximadamente cuatro décadas. El Gobierno regional sostiene que el inmueble, con unos 250 años de historia, ha quedado resignificado por su uso democrático como sede del Ejecutivo madrileño, y celebró el auto como un freno a lo que considera una actuación “sectaria” del Gobierno central.
Medida cautelar
La clave del auto no está en determinar si la Real Casa de Correos debe o no ser reconocida como lugar de memoria, sino en decidir si la eficacia inmediata de la declaración debía quedar paralizada hasta que exista sentencia. La medida cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa exige ponderar los intereses en conflicto y valorar si la ejecución del acto impugnado puede hacer perder la finalidad legítima del recurso. La Sala considera razonable apreciar una posible incidencia negativa sobre la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, aunque ese perjuicio no sea seguro ni irreversible. Esa valoración basta, a juicio de la mayoría, para suspender provisionalmente la declaración mientras se analiza la legalidad del acuerdo administrativo.
La decisión cuenta, sin embargo, con un voto particular discrepante. El magistrado disidente rechaza que la declaración memorial pueda perjudicar de forma jurídicamente relevante la imagen de la actual institución autonómica, precisamente porque los hechos que motivan la declaración se produjeron bajo un régimen político anterior a la Constitución y antes de la existencia de la Comunidad de Madrid como administración democrática. Según esa posición, recordar que el edificio fue sede de la Dirección General de Seguridad franquista y que allí se produjeron vulneraciones de derechos no equivale a imputar esos hechos a la institución que hoy lo ocupa. El voto particular añade que la suspensión puede frustrar los fines de la Ley de Memoria Democrática y generar un efecto de desazón en las víctimas.
El litigio se inscribe en una controversia competencial y simbólica que viene de meses atrás. En abril de 2025, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra una norma autonómica promovida por la Comunidad de Madrid que dificultaba la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria. Posteriormente, en julio de 2025, el Constitucional levantó la suspensión de esa norma autonómica, lo que dejó abierto el choque entre la normativa madrileña y la política estatal de memoria democrática. La declaración publicada por el Gobierno en octubre de 2025 fue el paso administrativo que ahora examina la Audiencia Nacional en vía contencioso-administrativa.
El Gobierno central ha anunciado que recurrirá la suspensión. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática defiende que la declaración no afecta al funcionamiento ordinario de la sede autonómica y que se limita a reconocer la relevancia histórica del inmueble, previsiblemente mediante elementos informativos o señalización. Esa distinción será relevante en la controversia. Si la declaración no comporta alteración del uso, limitación funcional ni atribución de responsabilidad a la actual Comunidad de Madrid, el debate jurídico se desplazará hacia la intensidad del eventual daño reputacional y hacia la proporcionalidad de paralizar una medida de reconocimiento memorial antes de resolver el fondo.
