Santa Bárbara Sistemas ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación de los grandes programas de artillería del Ejército de Tierra a la unión formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering, en una nueva fase de la batalla jurídica abierta por uno de los mayores contratos de defensa de los últimos años en España. La compañía, filial española del grupo estadounidense General Dynamics, acude ahora a la jurisdicción contencioso administrativa tras el cierre de la vía administrativa por parte del Ministerio de Defensa, que en abril desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la adjudicación. Los contratos recurridos ascienden a 7.240 millones de euros y afectan a los programas de artillería autopropulsada sobre ruedas y sobre cadenas.
El recurso sitúa ante la Audiencia Nacional una controversia que trasciende el mero conflicto empresarial entre competidores. Lo que deberá examinarse es si la Administración actuó dentro del margen reforzado que el ordenamiento reconoce en materia de defensa y seguridad nacional, o si, por el contrario, la adjudicación vulneró las garantías exigibles en la contratación pública, especialmente en lo relativo a la concurrencia, la motivación de la decisión y el acceso al expediente. Defensa sostiene que el procedimiento se desarrolló con pleno respeto a la legalidad y que en este tipo de contratos deben ponderarse la protección de los intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares.
Santa Bárbara, por su parte, defiende que contaba con capacidad técnica y experiencia suficiente para ser tomada en consideración en los programas de modernización del Ejército de Tierra. La empresa ha venido alegando que su exclusión limita su posición competitiva en el mercado español de plataformas terrestres y sistemas de artillería durante los próximos años. También ha cuestionado el acceso al expediente y la forma en que se configuró la adjudicación a favor de Indra y Escribano, en un procedimiento que considera determinante para el futuro industrial del sector terrestre de defensa en España.
Préstamos a Indra y Escribano
La batalla judicial se produce además en paralelo a otro frente abierto ante el Tribunal Supremo por los préstamos públicos concedidos a la UTE de Indra y Escribano para el desarrollo de los programas. Esa financiación, articulada mediante créditos sin intereses por importe de 3.002 millones de euros, ya fue objeto de una petición cautelar de Santa Bárbara, que solicitó su suspensión. El Supremo rechazó en abril esa medida cautelar al considerar que no se había acreditado un perjuicio irreparable o de difícil reparación que justificara paralizar la ejecución de la financiación pública.
Desde el punto de vista procesal, el nuevo recurso ante la Audiencia Nacional abre una fase más compleja que la puramente administrativa. Una vez agotada la vía de alzada, la empresa podrá someter a control jurisdiccional la legalidad de la adjudicación y discutir si la Administración motivó adecuadamente la selección del adjudicatario, si respetó los límites del régimen especial aplicable a los contratos vinculados a la defensa nacional y si la invocación de intereses estratégicos puede justificar restricciones en materia de publicidad, concurrencia o acceso a documentación. La clave estará en el equilibrio entre el amplio margen de apreciación que suele reconocerse al Estado en materia de seguridad y la exigencia de que incluso los contratos estratégicos queden sometidos a control judicial efectivo.
Los programas impugnados forman parte de la apuesta del Gobierno por reforzar las capacidades industriales y militares nacionales en un contexto de aumento del gasto en defensa. El paquete se divide entre el programa de artillería sobre ruedas, valorado en unos 2.686 millones de euros, y el programa de artillería sobre cadenas, de unos 4.554 millones. Indra ha avanzado acuerdos industriales con Rheinmetall para la parte de ruedas y con Hanwha para la artillería sobre cadenas, lo que confirma que el pleito llega en un momento en el que la ejecución industrial de los programas ya empieza a tomar forma.
La judicialización del expediente introduce, por tanto, un elemento de incertidumbre en unos programas de enorme peso presupuestario, industrial y estratégico. No implica por sí sola la suspensión de las adjudicaciones, salvo que la Audiencia Nacional acordara medidas cautelares, pero sí obliga a someter a revisión judicial una decisión administrativa que Defensa considera ajustada a Derecho y que Santa Bárbara entiende lesiva para sus intereses legítimos. El caso permitirá medir hasta dónde llega el control de los tribunales sobre las grandes decisiones de contratación en defensa y qué grado de motivación debe exigirse cuando la Administración invoca razones de seguridad nacional para ordenar el mapa industrial de un sector especialmente sensible.
