Desde el 16 de octubre de 2026, allí donde se aplica el baremo estatal, el abogado de oficio que acompañe a su cliente a intentar un acuerdo antes del juicio tiene fijada su compensación. Si el acuerdo no llega, cobra 30 euros por toda su intervención; si lo consigue, un 25 % más de lo que cobraría por el juicio que se evita. Es la primera vez que esa ayuda tiene precio, y esa novedad es tan importante porque en la mayoría de los asuntos civiles ese intento es obligatorio antes de poner una demanda. Si usted no puede pagar un abogado, la ley se lo proporciona gratis, también para ese paso. Esta guía le explica qué es la justicia gratuita, si tiene derecho a pedirla y cómo hacerlo. Y, de paso, le adelantamos que si la necesita, debe solicitarla antes de que venza su plazo para reclamar o para defenderse.
Qué es jurídicamente la justicia gratuita
La justicia gratuita no es una concesión, sino un derecho que la Constitución reconoce a quienes carecen de medios suficientes para litigar. Su régimen se desarrolla en la Ley de asistencia jurídica gratuita, de 1996, y en su reglamento, de 2021. El objetivo es garantizar que la falta de recursos no impida a nadie defender sus derechos ante un juez; por eso, el Estado asume los gastos que podrían cerrar esa vía.
En la práctica, el beneficiario no tiene que pagar al abogado ni al procurador que le sean designados cuando su intervención sea obligatoria. La cobertura alcanza también las tasas judiciales, los depósitos exigidos para recurrir y los peritos que intervengan en el proceso. Incluso antes de llegar a ese punto, incluye orientación gratuita sobre el caso y sobre la posibilidad de resolverlo mediante una mediación.
Ese abogado no lo escoge el beneficiario, sino que lo designa el colegio de abogados. De ahí la expresión «abogado de oficio». La asistencia se mantiene durante todo el procedimiento y se extiende tanto a la ejecución de la sentencia como a los recursos contra la resolución final. La cuestión, por tanto, es saber quién puede solicitarla.
¿Puede pedirla usted?
La respuesta depende, ante todo, de los recursos económicos de su unidad familiar. Si el pleito le enfrenta precisamente a un miembro de su familia, como ocurre en un divorcio, se valoran solo sus propios recursos. La Ley 1/1996 toma los ingresos brutos anuales, computados por todos los conceptos, y los compara con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice que sirve de referencia para acceder a numerosas ayudas y prestaciones públicas. Con un IPREM anual de 8.400 euros, los límites fijados en el artículo 3 son los siguientes:
• Si no forma parte de ninguna unidad familiar, dos veces el IPREM: 16.800 euros brutos al año.
• Si la unidad familiar está formada por dos o tres personas, dos veces y media el IPREM: 21.000 euros brutos anuales entre todos.
• Si está integrada por cuatro o más personas, o tiene reconocida la condición de familia numerosa, tres veces el IPREM: 25.200 euros brutos anuales.
Los ingresos no son el único criterio. La Comisión puede valorar también signos externos de capacidad económica, como la titularidad de inmuebles distintos de la vivienda habitual o los rendimientos del capital. Si esos signos revelan con evidencia que dispone de más medios, puede denegar el derecho aunque no se rebasen los límites (artículo 4). En sentido contrario, puede reconocerlo de forma excepcional a quien los supere, siempre que sus ingresos no excedan de cinco veces el IPREM: 42.000 euros anuales. Para ello deben concurrir las circunstancias previstas en el artículo 5, como las cargas familiares, los costes de iniciar el proceso, la salud o la discapacidad.
La ley reconoce el derecho sin exigir que acrediten insuficiencia de recursos a determinados colectivos. Entre ellos están:
- las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, cuando el proceso esté vinculado a esa condición;
- las personas que, por un accidente, sufran secuelas permanentes que les impidan totalmente ejercer su ocupación laboral o profesional habitual y necesiten ayuda de otras personas para las actividades más esenciales de la vida diaria. Se les reconoce cuando reclamen una indemnización por los daños personales y morales sufridos;
- y los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en el orden jurisdiccional social.
En el caso de las víctimas, el beneficio se pierde cuando se dicta una sentencia absolutoria firme o se archiva el procedimiento, de forma definitiva o provisional, por no quedar acreditados los hechos delictivos. Aun así, no tienen que devolver lo disfrutado hasta ese momento. Por eso les conviene aportar desde el principio la documentación económica. Si sus ingresos están dentro de los límites generales, podrán conservar el derecho por esa vía.
Pueden solicitarla los ciudadanos españoles, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, en los términos del artículo 2 de la Ley 1/1996. No se reconoce con carácter general a las empresas. Entre las personas jurídicas, la ley incluye a las asociaciones declaradas de utilidad pública y a las fundaciones inscritas en el registro correspondiente, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
¿Qué ocurre si el procedimiento no exige abogado? Cuando su intervención no es preceptiva, la justicia gratuita no comporta su designación. Es decir, tener reconocido el derecho a la justicia gratuita no significa que vaya a recibir un abogado de oficio en un asunto para el que la ley no exige abogado. Hay dos excepciones, previstas en el artículo 6.3. La primera, que el juzgado o tribunal requiera expresamente asistencia letrada, mediante auto motivado, para garantizar la igualdad entre las partes. La segunda, en los juicios por delitos leves: que el acusado haya ejercido su derecho a estar asistido de abogado y el tribunal lo acuerde, atendiendo a la entidad de la infracción y a sus circunstancias personales.
Qué cambia desde el 16 de octubre
Con carácter general, antes de presentar una demanda civil —también en los litigios mercantiles— es preciso intentar una solución negociada con la otra parte. La ley admite distintas vías, entre ellas la negociación directa, la mediación y la conciliación. Salvo en los casos expresamente exceptuados, acreditar ese intento es un requisito para que la demanda sea admitida.
Desde el 3 de abril de 2025, la asistencia jurídica gratuita comprende también la intervención de abogado en ese intento previo cuando su participación sería obligatoria en el eventual proceso judicial o cuando la otra parte actúa asistida por un letrado. Quedaba por determinar la retribución de ese trabajo. En los territorios en los que se aplica el baremo estatal —los gestionados por el Ministerio de Justicia—, el Real Decreto 824/2026, que entra en vigor el 16 de octubre, fija dos compensaciones. Si la actuación termina sin acuerdo, el abogado cobra 30 euros: es una cantidad fija por toda su intervención en esa fase. Si el acuerdo evita el pleito, cobra el 125 % del módulo que el mismo baremo asigna al tipo de juicio que se habría seguido. Por ejemplo, el módulo del juicio verbal es de 218,70 euros, de modo que un acuerdo que lo evite se compensa con 273,38 euros; el del juicio ordinario es de 346,53 euros, y el acuerdo que lo evite, con 433,16 euros. Por tanto, si la reclamación exige acudir antes a uno de estos medios, la justicia gratuita debe solicitarse ya para esa fase.
Para obtener el reconocimiento debe acreditar sus recursos e indicar los bienes de la unidad familiar; no se le exige demostrar de antemano que ganará el litigio. No obstante, el colegio de abogados puede rechazar provisionalmente la solicitud si considera que la pretensión es manifiestamente insostenible o carece de fundamento. La comprobación económica tampoco obliga siempre a reunir personalmente todos los certificados: si autoriza la consulta, la Comisión recabará por vía telemática la información tributaria y de la Seguridad Social necesaria. Si no presta esa autorización, deberá aportar la documentación acreditativa.
Cómo se pide, paso a paso
El derecho no se reconoce de oficio, hay que solicitarlo y es importante hacerlo cuanto antes. Si la petición se presenta antes de iniciar el proceso, interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de la acción hasta la designación provisional de abogado o, si esta no se produce, hasta la resolución definitiva; en todo caso, el cómputo se reanuda cuando transcurren dos meses desde la solicitud. Si el procedimiento ya está en marcha, la petición no suspende por sí sola su curso ni sus plazos. De ahí la importancia de seguir estos pasos.
Paso 1. Obtenga el impreso oficial. El procedimiento comienza con el modelo normalizado, disponible en las oficinas judiciales, los servicios de orientación jurídica de los colegios de la abogacía y las comisiones de asistencia jurídica gratuita. Los colegios pueden publicarlo también en su web para que se descargue.
Paso 2. Aporte la información económica necesaria. La solicitud debe recoger los ingresos, bienes y circunstancias de la unidad familiar e ir acompañada de los documentos que correspondan. El propio modelo indica cuáles son. Si necesita ayuda para cumplimentarlo, el servicio de orientación jurídica del colegio se la presta gratuitamente.
Paso 3. Presente la solicitud antes de que venza el plazo para actuar. Debe dirigirla al colegio de la abogacía del lugar en el que se encuentre el juzgado o tribunal que conoce —o conocerá— del asunto. También puede presentarla ante el juzgado de su domicilio, que la remitirá al colegio competente. La tramitación puede hacerse por medios electrónicos cuando estén habilitados.
Paso 4. Si el proceso ya ha comenzado, comuníquelo al órgano judicial. La solicitud de justicia gratuita no paraliza el procedimiento automáticamente. Para evitar que el transcurso de un plazo le cause indefensión o le impida ejercer un derecho, pida al juzgado o tribunal que suspenda el curso del proceso hasta que se resuelva la solicitud o se produzca la designación provisional. El órgano judicial puede acordarlo, de oficio o a petición del interesado, siempre que la solicitud se haya formulado dentro del plazo procesal correspondiente.
Paso 5. Subsane la solicitud si se lo requieren. Si faltan datos o documentos, el colegio le concederá diez días hábiles para aportarlos y le advertirá de que, si no lo hace, archivará la petición.
Una vez reunida la documentación, el colegio examina la solicitud. Si aprecia que cumple los requisitos y la pretensión no es manifiestamente insostenible ni carece de fundamento, designa provisionalmente abogado y, cuando sea preceptivo, solicita también la designación de procurador. El expediente pasa después a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que comprueba los datos y reconoce o deniega el derecho. Si no resuelve en plazo, quedan ratificadas las decisiones provisionales adoptadas por los colegios. La resolución puede impugnarse por escrito, de forma motivada, ante el secretario de la Comisión; resolverá el juzgado o tribunal competente.
Estos son los plazos principales:
• Subsanar la solicitud: diez días hábiles desde el requerimiento.
• Designación provisional por el colegio: un máximo de quince días hábiles desde la recepción de la solicitud o desde su subsanación.
• Resolución de la Comisión: treinta días hábiles desde que recibe el expediente completo.
• Impugnación de la resolución: diez días desde su notificación.
La solicitud y su tramitación son gratuitas.
Lo que conviene saber antes de empezar
Antes de iniciar el trámite conviene tener presentes tres advertencias que pueden evitar consecuencias costosas.
No espere a recibir la demanda. Si el proceso ya ha comenzado, la solicitud de justicia gratuita no detiene por sí sola los plazos. Para suspenderlos es necesario que lo acuerde el juzgado o tribunal.
No oculte ingresos ni bienes. La declaración errónea, el falseamiento o la ocultación de datos determinantes puede llevar a la Comisión a revocar el derecho. En ese caso, tendrá que pagar los honorarios y derechos devengados por los profesionales desde que se le reconoció, además del coste de las demás prestaciones obtenidas.
No dé por hecho que una derrota nunca tendrá coste. Si la sentencia le condena en costas, tendrá que pagar las causadas en su propia defensa y las de la otra parte, pero solo cuando, dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso, venga a mejor fortuna. La ley presume esa mejoría, entre otros supuestos, si sus ingresos y recursos económicos superan el doble del límite que se tuvo en cuenta para reconocerle el derecho.
Para solicitar la justicia gratuita no necesita abogado. Precisamente, el procedimiento sirve para que se le designe uno cuando corresponda. Si la Comisión deniega el derecho y su caso presenta circunstancias que conviene explicar, puede acudir al servicio de orientación jurídica del colegio antes de impugnar la resolución. Recuerde que dispone de diez días desde la notificación.
El derecho incluye también determinadas actuaciones notariales vinculadas directamente al proceso. Las escrituras, copias, testimonios, notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones que deban solicitarse para fundamentar la pretensión o porque los ordene el órgano judicial disfrutan de una reducción del 80 % de los aranceles. Si los ingresos del beneficiario están por debajo del IPREM, esas actuaciones son gratuitas. También lo son las copias, testimonios, instrumentos y actas notariales en los términos previstos en el Reglamento Notarial.
Para terminar
Solicitar justicia gratuita no es pedir una concesión, sino ejercer un derecho destinado a que la falta de recursos no prive a nadie de defensa. Lo esencial es no demorarse. Presente la solicitud antes de que venza el plazo para reclamar o defenderse y, si el procedimiento ya ha comenzado, comuníquelo de inmediato al juzgado o tribunal. Ante cualquier duda, puede acudir gratuitamente al servicio de orientación jurídica del colegio de la abogacía. Y quizá esta información permita reclamar a quien había renunciado a hacerlo por creer que no podía asumir el coste.
En pocas palabras
• Desde el 16 de octubre, en los territorios gestionados por el Ministerio de Justicia, el baremo estatal retribuye la intervención del abogado de oficio en el intento de acuerdo previo cuando concurren los requisitos legales.
• Si no forma parte de ninguna unidad familiar y sus ingresos brutos anuales no superan el doble del IPREM —16.800 euros con la cuantía utilizada en esta guía—, puede cumplir el requisito económico; el límite aumenta según la composición de la unidad familiar.
• Solicítela ante el colegio de la abogacía competente antes de que venza el plazo para reclamar o defenderse.
Palabras que conviene conocer
• Abogado de oficio: profesional designado por el colegio de la abogacía para asistir a quien tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los supuestos en que procede su intervención.
• Medio adecuado de solución de controversias: cualquiera de las vías admitidas por la ley para intentar resolver un conflicto antes de acudir a los tribunales, como la negociación, la mediación o la conciliación.
Esta guía expone el régimen general. Si su asunto presenta alguna particularidad, solicite orientación profesional antes de actuar, especialmente cuando exista un plazo en curso.
(Guía actualizada a 15 de octubre de 2026.)
