La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una de las normas con las que el Gobierno pretende articular su nuevo sistema estatal de prevención, detección y sanción de la corrupción. El Ejecutivo regional ha presentado alegaciones al texto al considerar que, lejos de reforzar los controles, puede convertirse en un “salvoconducto” para prácticas opacas, fraudulentas y corruptas, especialmente por la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales y por la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública que, a juicio de Madrid, concentraría competencias excesivas bajo la órbita del Gobierno central.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el anteproyecto “consagraría con rango de ley orgánica” prácticas que, según la Comunidad, podrían dificultar la identificación de quién está realmente detrás de determinadas sociedades. La crítica madrileña se centra en uno de los puntos más sensibles de la reforma: la sustitución de la escritura pública notarial como cauce ordinario para documentar la transmisión de participaciones sociales por un sistema de documento privado electrónico, con firmas electrónicas cualificadas y posterior inscripción en el Registro Mercantil.
El texto sometido a información pública por el Ministerio de Hacienda sostiene en su exposición de motivos que el sistema actual de las sociedades limitadas presenta problemas de transparencia y pretende eliminar la obligación de escritura pública ante notario . La Comunidad de Madrid, sin embargo, interpreta esa reforma en sentido contrario. A su juicio, eliminar la intervención notarial previa en este tipo de operaciones supone desmantelar una barrera preventiva frente al blanqueo de capitales, el fraude y la corrupción, porque la escritura pública no solo documenta una transmisión, sino que incorpora identificación de las partes, control de capacidad, juicio de legalidad, trazabilidad y comunicación de información útil a las autoridades. García Martín sostuvo que el cambio afectaría a una “herramienta clave” para la UCO, la UDEF, jueces y fiscales en investigaciones sobre estructuras societarias y beneficiarios reales.
La posición madrileña no es aislada. Tanto el Consejo General del Notariado como el Colegio de la Abogacía de Madrid ya haban advertido de que el anteproyecto, presentado por el Gobierno como una norma contra la corrupción, puede reducir la eficacia de mecanismos relevantes para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y las tramas de corrupción política. Y subrayan que que, con el sistema vigente, las transmisiones de participaciones sociales se documentan mediante escritura pública, lo que permite una verificación jurídica inicial y la generación de información trazable. En cambio, consideran que el modelo propuesto puede abrir un lapso de incertidumbre entre la firma del documento privado electrónico y la inscripción registral, con dudas sobre quién controla realmente una sociedad en ese intervalo.
Según explicó en su intervención el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, este texto consagraría con rango de ley orgánica "las prácticas fraudulentas y corruptas" realizadas presuntamente en tramas como la de Servinabar. Según ha explicado, la norma sustituye la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico, "desmantelando un sistema de prevención como el español, reconocido internacionalmente y que actúa desde las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude".
A su juicio, los notarios cumplen una función "esencial" ya que no solo dan seguridad jurídica a las operaciones, sino que permiten "saber quién está realmente detrás de las empresas" a través del Registro de Titularidades Reales, "algo fundamental para perseguir el crimen organizado". "De esta forma, pretenden cargarse de un plumazo una herramienta clave para la UCO, la UDEF, los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude", ha lamentado.
Además, considera que "la norma propuesta añade más cargas burocráticas y más papeleo" a empresas y administraciones, lo que se traduce en "más costes y más complicaciones para el día a día de las empresas". El anteproyecto también concentra toda la lucha contra la corrupción en una sola Agencia que califica de "independiente" pero que funcionaría, a su juicio, "una vez colonizada por un comisario sanchista, como un apéndice más del Palacio de La Moncloa", como ya se ha visto con otros órganos e instituciones en los últimos años".
"Por todo ello, el rechazo al texto ha sido generalizado y rotundo. Notarios y abogados, e incluso la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal alertan sobre lo mismo: que esta Ley, en la práctica, supondría menos controles contra el fraude, el blanqueo y la corrupción, más inseguridad jurídica, más burocracia, e incluso advierten errores de técnica legislativa", ha incidido. Por último, García Martín ha subrayado que nada de lo que hace el presidente del Gobierno es "casual" sino que esta medida supone "un paso más en el desmantelamiento de la arquitectura institucional y de los controles y contrapesos que consagra la Constitución de 1978".
