Resulta paradójico que, mientras el Gobierno intenta imponer una reforma bajo el pretexto de que España está "atrasada" en la prevención del blanqueo, el resto de Europa nos mire con envidia. El notario José Manuel Beneit pone sobre la mesa un dato demoledor: delegaciones de notarios italianos —referentes en la lucha contra la mafia— han venido a nuestro país este mismo mes para copiar el sistema de Índice Único y Titularidad Real.
España es, a día de hoy, la primera potencia europea en esta materia gracias a la base de datos notarial, que permite rastrear delitos sin necesidad de trámites burocráticos lentos ni peajes registrales. Sin embargo, el anteproyecto parece empeñado en ignorar este éxito para forzar un modelo de "rentas de monopolio" que añade costes al ciudadano sin aportar un gramo de seguridad extra.
La Comisión de Codificación rompe su silencio
Si el anteproyecto fuera un paciente, el informe de la Comisión General de Codificación del pasado 10 de marzo sería su autopsia. Este órgano, el más alto asesor del Ministerio de Justicia, ha calificado la reforma de "ineficaz", "gravosa" y, lo que es peor, "contradictoria". Por unanimidad, los expertos han advertido que sustituir la escritura pública por documentos privados con firma electrónica es, básicamente, invitar al fraude.
La crítica no es solo técnica, es estructural. El informe señala que el texto incurre en errores de concepto tan básicos que impiden cualquier intento de salvarlo. Al eliminar el control de legalidad que realiza el notario (quien verifica cara a cara quién es quién y si sabe lo que firma), el Estado deja el tráfico mercantil a merced de contratos privados que pueden manipularse o "fabricarse" en la sombra, para luego ser validados por un registrador que solo ve un papel frío en una pantalla.
Un escándalo de "matute" en los pasillos de Justicia
Pero el verdadero terremoto es político. Beneit revela que el anteproyecto se ha tramitado de forma "excéntrica", saltándose a la propia Comisión de Codificación encargada de preparar las leyes mercantiles. En un giro que huele a podrido, el órgano asesor ha tenido que pedir que, si el Gobierno quiere legislar, lo haga a través de ellos y no colando textos redactados "a medida" en despachos ajenos a la legalidad técnica.
¿Cómo ha llegado un texto tan deficiente a las manos del Ministro de Justicia? La pregunta apunta a un dolo político o a una negligencia de tal calibre que debería acarrear responsabilidades inmediatas. Se sugiere que, en un clima de corrupción generalizada, ciertos sectores intentan aprovechar la bandera de la "digitalización" para desmantelar los controles que hoy incomodan a quienes operan con testaferros y tramas societarias.
Una muerte anunciada
Con los informes del Consejo Fiscal y de la Comisión de Codificación en la mano, el anteproyecto está jurídicamente muerto. Seguir adelante con él no sería un error técnico, sino una declaración de intenciones: la de preferir un sistema de opacidad documentada frente a la fe pública que protege al ciudadano.
El video cierra con una advertencia sombría: rectificar es de sabios, pero persistir en una ley que todos los expertos tildan de "desastre" solo puede responder a intereses que nada tienen que ver con la integridad pública. La seguridad jurídica de España está en juego, y los encargados de protegerla parecen ser los primeros en intentar socavarla.
