La Asociación de Fiscales ha decidido llevar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el sistema de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado. La organización, mayoritaria en la carrera fiscal, ha presentado una demanda en Estrasburgo al considerar que la reciente doctrina del Tribunal Constitucional consagra un modelo de discrecionalidad excesiva en los nombramientos del Ministerio Fiscal y debilita las garantías de mérito, capacidad, transparencia y control judicial que deben regir el acceso a los cargos de mayor responsabilidad dentro de la institución.
La demanda se produce tras las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en enero de 2026 en relación con el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de Menores. El caso tiene un recorrido judicial especialmente significativo. El Consejo de Ministros lo nombró por primera vez en 2021, a propuesta de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El Tribunal Supremo anuló aquel nombramiento en abril de 2022 por falta de motivación suficiente y ordenó retrotraer las actuaciones para que la Fiscalía General formulara una nueva propuesta motivada. Delgado volvió a proponer a Esteban en mayo de 2022 y el Gobierno aprobó un segundo nombramiento mediante el Real Decreto 417/2022. La Asociación de Fiscales recurrió de nuevo y el Supremo volvió a anular la designación en julio de 2023, al entender que no podía preferirse para una plaza con perfil especializado en menores a un candidato sin experiencia teórica ni práctica específica frente a otro aspirante que acreditaba una verdadera especialización en la materia.
El Tribunal Constitucional corrigió después al Supremo. En las sentencias 6/2026 y 7/2026, publicadas en el BOE el 15 de enero de 2026, el órgano de garantías estimó el amparo de Eduardo Esteban y entendió que las resoluciones del Supremo habían vulnerado su derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, al convertir la especialización en Derecho de menores en el mérito único o determinante para la plaza de fiscal de Sala de Menores. Para el Constitucional, la discrecionalidad en los nombramientos no excluye el mérito y la capacidad, pero permite al fiscal general del Estado concretar, dentro del marco legal, qué capacidades resultan más adecuadas para las necesidades organizativas y funcionales del puesto.
Criterio de discrecionalidad
Ese es precisamente el punto que la Asociación de Fiscales considera problemático. Según la organización, la doctrina del Constitucional avala un “criterio de discrecionalidad máxima” en los nombramientos de la Fiscalía y abre la puerta a que la afinidad ideológica pueda prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad. La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha defendido que el problema trasciende el caso concreto de Eduardo Esteban y afecta al conjunto del sistema institucional, al comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de Derecho.
La controversia tiene una fuerte dimensión constitucional porque afecta al equilibrio entre la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, la posición jerárquica del fiscal general del Estado y el control judicial de los nombramientos discrecionales. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye al fiscal general un papel decisivo en las propuestas de nombramiento para las plazas de mayor categoría, previa intervención del Consejo Fiscal y posterior aprobación por el Gobierno. Ese modelo permite un margen de apreciación institucional, pero sus críticos sostienen que, si no existen baremos claros, motivación reforzada y control jurisdiccional efectivo, la discrecionalidad puede transformarse en una cobertura formal para decisiones predeterminadas por criterios asociativos, personales o ideológicos.
Los votos particulares formulados en el Constitucional reflejan precisamente esa preocupación. En la sentencia 7/2026, los magistrados discrepantes advirtieron de que el sistema vigente de nombramientos discrecionales en el Ministerio Fiscal se caracteriza por una ausencia notable de transparencia y motivación previa. Según ese voto particular, las convocatorias no describen de forma suficiente los criterios que se van a valorar, las propuestas y actas no se notifican automáticamente a todos los interesados y la concreción práctica de lo que debe entenderse por mérito y capacidad queda en manos del fiscal general del Estado de turno. El voto discrepante llegó a sostener que el segundo nombramiento de Esteban evidenciaba el empeño de la entonces fiscal general en designar “no al candidato más apto o idóneo para el puesto, sino al afín ideológico”.
Convenio Europeo de Derechos Humanos
La demanda ante el TEDH sitúa ahora el debate en el terreno del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque el contenido exacto de la demanda no ha sido hecho público en su integridad, la cuestión previsiblemente girará en torno a las garantías de acceso a funciones públicas, la tutela judicial efectiva, la prohibición de arbitrariedad y el derecho a un procedimiento con control suficiente sobre decisiones administrativas que afectan a la carrera profesional de fiscales. El Tribunal de Estrasburgo deberá decidir primero si la demanda supera el filtro de admisibilidad, una fase en la que examina si se han agotado las vías internas, si la queja se ha formulado en plazo y si encaja en alguno de los derechos protegidos por el Convenio.
El movimiento de la Asociación de Fiscales llega además en un momento de especial sensibilidad institucional dentro del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado ha atravesado en los últimos años una sucesión de crisis vinculadas a la percepción de politización, a la relación entre el fiscal general y el Gobierno, y a los nombramientos para puestos clave de la carrera. Para la AF, el sistema actual no ofrece garantías suficientes para impedir que las mayorías coyunturales o las afinidades internas determinen los ascensos a las plazas de mayor responsabilidad. Para los defensores del margen discrecional, en cambio, la dirección de la Fiscalía necesita capacidad para configurar equipos directivos coherentes con las funciones organizativas de cada plaza, siempre que exista motivación y control judicial frente a la arbitrariedad.
La cuestión de fondo es hasta dónde puede llegar la discrecionalidad del fiscal general del Estado en una institución que, aunque no forma parte del Poder Judicial en sentido estricto, ejerce funciones constitucionalmente relevantes en la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el control judicial no puede sustituir la apreciación discrecional de la autoridad competente ni imponer un único mérito determinante si la ley no lo prevé. La Asociación de Fiscales sostiene ahora, ante Estrasburgo, que esa interpretación reduce en exceso la capacidad de control y deja sin protección efectiva los principios de mérito y capacidad.
La demanda internacionaliza una controversia que hasta ahora se había sustanciado en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, y convierte el modelo español de nombramientos discrecionales en la Fiscalía en un asunto sometido al escrutinio europeo. Si Estrasburgo admitiera la demanda y apreciara vulneración del Convenio, el impacto no se limitaría al nombramiento de Eduardo Esteban, sino que podría obligar a revisar la forma en que se convocan, motivan, controlan y adjudican las principales plazas de la carrera fiscal.
