Un total de 126 aspirantes, 73 mujeres y 53 hombres, integra la nueva promoción del Notariado español, después de superar la oposición libre convocada en febrero de 2025. La relación definitiva fue publicada el 15 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado mediante una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Las mujeres representan el 57,9% de los aprobados, frente al 42,1% de hombres. La promoción mantiene así la mayoría femenina registrada durante los últimos procesos de acceso a la función notarial. Los nuevos notarios proceden de 16 comunidades autónomas: Madrid encabeza la representación territorial, con 30 aprobados, seguida de Andalucía, con 28, y Cataluña, con 22, según los datos difundidos por el Consejo General del Notariado.
El proceso selectivo comenzó en septiembre de 2025 en el Colegio Notarial de Madrid y concluyó el pasado 23 de julio, una vez celebrados y calificados sus cuatro ejercicios. Un total de 847 graduados o licenciados en Derecho inició las pruebas para optar a las 140 plazas incluidas en la convocatoria. Finalmente se cubrieron 126, lo que supone que superó la oposición algo menos del 15% de los participantes y que quedaron sin cubrir 14 plazas.
La convocatoria había sido acordada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública mediante resolución de 20 de febrero de 2025. De las 140 plazas ofertadas, 14 estaban reservadas para personas con discapacidad, conforme al Real Decreto 863/2006. Las bases impedían que las plazas reservadas que no fueran cubiertas pudieran incorporarse al turno general.
Cuatro ejercicios eliminatorios
La oposición se rigió por los artículos 16 y siguientes del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado. Este sistema contempla cuatro ejercicios eliminatorios destinados a evaluar tanto los conocimientos jurídicos de los aspirantes como su capacidad para resolver problemas prácticos y redactar instrumentos públicos. Los dos primeros tienen carácter oral y abarcan, entre otras materias, Derecho civil común y foral, Derecho mercantil, Derecho hipotecario, legislación notarial, Derecho procesal, Derecho administrativo y Derecho tributario. Los dos últimos son escritos y consisten en la elaboración de un dictamen y en la redacción de un instrumento público con liquidación tributaria.
La resolución publicada en el BOE no se limita a recoger las calificaciones finales. Conforme al artículo 21 del Reglamento Notarial, declara que las personas aprobadas han completado la documentación exigida y tienen derecho a que se les expida el título de notario. La lista aparece ordenada de acuerdo con la puntuación total obtenida en los cuatro ejercicios, según el sistema previsto en el artículo 20.
Mejores puntuaciones
Ricardo Laso Gibert ocupa el primer puesto de la promoción, con 53,05 puntos, seguido de Julia Cejudo Mesa, con 53 puntos, e Íñigo Fernando Ruiz-Gallardón Utrera, con 50,65. La clasificación también determina el orden de ingreso en el escalafón, cuya antigüedad se computa desde la fecha de la resolución de la Dirección General.
La expedición del título no implica todavía la incorporación inmediata a una notaría concreta. De acuerdo con el Reglamento Notarial, los aprobados deberán participar en los concursos que se convoquen y solicitar las vacantes disponibles hasta obtener destino. El título, expedido por el ministro de Justicia en nombre del rey, habilita para ejercer la función notarial en cualquier notaría demarcada del territorio español para la que su titular sea debidamente nombrado.
Una vez adjudicada la plaza, el notario electo deberá acreditar la contratación del correspondiente seguro de responsabilidad civil, constituir la fianza reglamentaria y cumplir los trámites de toma de posesión. Solo entonces comenzará el ejercicio efectivo de una función que reúne la doble condición de autoridad pública encargada de la fe pública extrajudicial y profesional del Derecho responsable de proporcionar asesoramiento jurídico imparcial.
La resolución de aprobados pone así fin a la fase selectiva, aunque puede ser objeto de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses desde su publicación.
