Para entender la magnitud del error que supone el ALOIP, es necesario viajar a mayo de 2014. En aquel momento, España se sometió a la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, el examen más riguroso sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). El Ministerio de Economía de la época, consciente de la robustez del sistema notarial español, solicitó al Comité Evaluador que examinara específicamente la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y el Índice Único Informatizado (IUI).
El resultado fue una victoria diplomática y técnica sin precedentes. GAFI concluyó en su informe oficial que "la información sobre la titularidad real de las sociedades españolas está a disposición de las autoridades competentes con facilidad y rapidez a través del IUI del Consejo General del Notariado". Pero el evaluador fue más allá: calificó las medidas españolas como un "ejemplo de buenas prácticas para otros países".
En términos técnicos, España obtuvo un nivel "sustancial" de efectividad en el denominado Resultado Inmediato 5. Para poner esta cifra en perspectiva, en aquel ciclo de evaluación, solo otros cinco países en todo el planeta consiguieron una calificación similar. El ALOIP, al pretender sustituir este sistema por un modelo basado en documentos privados y registros mercantiles territoriales, está dinamitando un modelo que el propio GAFI instó a otros países a copiar.
El diagnóstico fallido
La crítica más feroz que se desprende del informe del Consejo General del Notariado es la absoluta desconexión entre las "preocupaciones" del Gobierno y las advertencias reales de los expertos internacionales. El ALOIP se obsesiona con las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), imponiéndoles cargas administrativas draconianas y un registro constitutivo que asfixia su agilidad económica.
Sin embargo, el GAFI nunca identificó a las SRL como el problema. En la página 144 de su informe de evaluación, el GAFI señaló un agujero de transparencia totalmente distinto: las Sociedades Anónimas (SA) no cotizadas. GAFI recomendó explícitamente a España aumentar la transparencia en las transmisiones de acciones de estas entidades, sugiriendo precisamente que se exigiera la intervención de un notario para velar por la información de las partes.
Doce años después, el Gobierno no solo ha incumplido esta recomendación específica, sino que el ALOIP propone exactamente lo contrario: eliminar la intervención notarial allí donde sí funciona (las SRL) y seguir dejando en la sombra a las S.A. no cotizadas. Es una política legislativa errática que castiga a la pequeña empresa mientras mantiene los puntos ciegos que los evaluadores internacionales pidieron cerrar.
La paradoja de los Fondos Next Generation
Resulta especialmente cínico que el Gobierno promueva el ALOIP bajo la bandera de la integridad pública cuando, hace apenas cuatro años, utilizó el sistema que ahora quiere desmantelar para asegurar la solvencia financiera de España ante Europa. En octubre de 2021, ante las dudas de la Comisión Europea sobre el control de los fondos Next Generation, la Secretaría General de Fondos Europeos recurrió al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado.
Fue la solidez de la BDTR y el IUI —los mismos sistemas que el ALOIP tacha de insuficientes— lo que permitió demostrar a Bruselas que España disponía de un sistema "veraz, fiable y exacto" de titularidad real. Gracias a esa arquitectura notarial que el ALOIP desprecia, se liberaron los primeros 10.000 millones de euros de fondos europeos. Afirmar hoy que España carece de esa información es, en el mejor de los casos, una amnesia interesada y, en el peor, una falsedad institucional.
Un retroceso ante la evaluación de 2027
España se enfrenta a una nueva evaluación del GAFI en febrero de 2027. Los estándares internacionales han evolucionado hacia el concepto de "información exacta", definida como aquella que ha sido verificada mediante fuentes independientes y fiables.
El modelo del ALOIP, basado en la autodeclaración a través de documentos privados en el Registro Mercantil, incumple frontalmente este estándar. Una información manifestada por el propio interesado, sin control de legalidad material, carece de la cualidad de "acreditada". Al despojar al sistema de la verificación notarial indubitada, España se encamina hacia un suspenso internacional en una materia en la que, hasta hoy, éramos el ejemplo a seguir. El ALOIP no es un plan de integridad; es un sabotaje a la reputación financiera de España.
